El calvario de sembrar en Venezuela

Un camión que sale con 3.000 kilos de plátano de Táchira, en el occidente de Venezuela, siempre llega a Caracas con 300 kilos menos, dice Julio Méndez productor en esa región. La regla es rutina en un país donde el cobro arbitrario de peajes en alcabalas (puestos de policía) es casi parte de la cultura, pero que en los últimos meses ha adoptado un semblante anárquico en medio de una profunda crisis por la escasez de alimentos.

A principios de marzo 11 productores de queso de Apure, un Estado llanero, pasaron dos noches en un calabozo por negarse a entregar 10% de una carga de 100.000 kilos del producto a una Empresa de Producción Social, una figura creada por el Gobierno, comandada por la alcaldesa del poblado (San Fernando de Apure) a un precio muy por debajo del mercado, que no cubría ni siquiera el costo del litro de leche que se necesita para procesarlo. La operación implicaba casi un asalto a una caravana de 70 camiones cargados de queso.

“Llevábamos las guías, todos los permisos y como nos negamos a darles el queso nos agredieron, lanzaron bombas lacrimógenas y nos llevaron presos”, cuenta Manuel Castillo, presidente de la Asociación de Ganaderos del estado Apure, una región que llegó a ser primera productora de carne del país y hoy es la segunda más pobre de Venezuela. Al grupo lo soltaron dos días después por no encontrar delitos que imputarles y la carga, que como cada semana iba a las ciudades de Maracay, Caracas y otras ciudades, no llegó a tiempo ni a su destino.

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Castillo, que es médico veterinario, de 63 años de edad y toda la vida en el campo, dice que las dificultades para comercializar los productos suman nuevas alcabalas a la producción y hacen cuesta arriba el trabajo de quienes están haciendo el esfuerzo por llevar alimentos en medio de una acentuada crisis hiperinflacionaria. “Este es un trabajo que comienza a las 4 de la mañana, que es de lunes a lunes porque a las vacas hay que ordeñarlas todos los días. Ya ni siquiera el precio de venta logra compensar el costo de producción, pero nosotros no podemos ponerles un candado a las fincas e irnos, porque esta es nuestra forma de vida”, agrega.

Esta práctica en la que gobernadores y alcaldes, todos afines a Nicolás Maduro, intentan retener parte de la producción se viene aplicando desde hace meses en los estados llaneros de Apure, Barinas, Guárico y Cojedes y motivó un llamado de atención del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien en enero dictó una resolución que prohíbe a los gobiernos regionales y locales retener o confiscar mercancías, a la que hacen caso omiso llano adentro.

La situación que vivió Castillo se suma a un historial de anécdotas sobre lo que a diario viven los productores nacionales que con cada vez más dificultades intentan abastecer los mercados venezolanos, en los que la comida importada a precios inaccesibles para la mayoría de las familias —el 87% que vive por debajo de la línea de pobreza, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Venezolano— es la que está ocupando los anaqueles, sin terminar de llenarlos.

Zanahorias en el mercado negro

Tirso Ramírez trae vegetales y hortalizas de los Andes venezolanos para venderlos en ferias en Caracas. Cada semana vive la odisea de cruzar las carreteras con una carga que se hace preciada en tiempos de hambre. No ha vivido saqueos, pero sus compañeros sí. Aún no le han decomisado la carga por alguna orden de algún alcalde o gobernador, pero a sus compañeros sí.

Ramírez tiene 57 años de edad, pero el viento frío de La Grita, un pueblo de Táchira, y la aridez de la vida del campo lo arrugaron y encanecieron prematuramente. “Si usted ve esas montañas no ve nada. Es triste. En los Andes el que sembraba 200 sacos de papa ahora siembra 50 si acaso. Estamos volviendo a los tiempos de cuando yo era niño, que solo se sembraba maíz y caraota (judía) y eso era lo que se desayunaba, se almorzaba y se cenaba. Solo que ahora nos estamos comiendo los chayotes que antes le dábamos a los cochinos”, cuenta el campesino.

La caída de la producción la mide por los ejes del camión que conduce. Hasta hace dos meses pilotaba un vehículo de tres ejes con capacidad para 13.000 kilos. Ahora, el dueño de la finca para la que trabaja está sacando un coche más pequeño que no carga más de 10.000 kilos. Cada vez se produce menos, y cada vez llega menos comida a los mercados y es más costosa.

Quienes lograr acopiar lo necesario para una siembra deben enfrentar el espiral hiperinflacionario y el costo de adquirir insumos en el mercado negro. Una libra de semillas de zanahoria puede costar 60 millones de bolívares, unos 260 dólares al cambio paralelo. Un precio imposible de pagar para un productor que no percibe divisas. Se requieren dos libras para sembrar apenas una hectárea. Algunos productores las compran en Colombia y las traen de forma irregular al país y el costo de esa operación la paga el consumidor al que un kilo de la hortaliza puede salirle 90.000 bolívares, casi un cuarto del salario mínimo.

La escasez y los altos precios también tocan a los implementos necesarios para una siembra. La empresa Agropatria, creada luego de la expropiación de la española Agroisleña, es la que desde 2010 centraliza la importación y distribución de insumos para los agricultores, pero lo que tiene alcanza para muy pocos y para acceder a ellos hay que completar una serie de requisitos. Últimamente, los productores denuncian que estos insumos se están desviando a Agrofanb, una empresa militar que entró a competir con los privados en el negocio agrícola el año 2016, cuando se creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, presidida por el ministro de Defensa, quien puso al frente del control de la producción de 18 rubros alimenticios prioritarios a un general o alto oficial.

Tomar esta empresa fue paso más dentro de un proceso en el que ya se habían confiscado cinco millones de hectáreas de tierras productivas durante la gestión de Hugo Chávez con la intención de controlar toda la cadena. Hoy en Venezuela hay 35 millones de hectáreas potenciales para el campo, pero menos del 30% se aprovechan y el país sudamericano está sumido en una grave emergencia alimentaria, que encendió las alarmas de la agencia de Alimentación y Agricultura de la ONU a principios de marzo, cuando advirtió en su informe sobre seguridad alimentaria que el hambre en Venezuela está creciendo y que aqueja a 13% de la población.

En 2017 los productores nacionales lograron producir apenas 25% del consumo. Hace 15 años el campo venezolano podía alimentar a 70% de la población. La inminencia de abril con sus lluvias abre una nueva preocupación. “De cara al inicio del ciclo de siembra más importante del año no tenemos nada para producir, ni las semillas ni los fertilizantes ni plaguicidas ni los equipos. Nos preocupa el hambre que nos espera para los próximos meses. El Gobierno controla las divisas, los precios, monopoliza todo el canal de distribución de los insumos agrícolas, tiene plantas procesadoras y ha expropiado tierras y este país cada día produce menos alimentos”, señala Aquiles Hopkins, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Agrícolas de Venezuela.