Agroisleña pide diplomacia

Cuando en las últimas semanas se habla de las relaciones entre España y Venezuela, es fácil acordarse de un nombre: el del presunto etarra Arturo Cubillas. Pero de forma más discreta, al menos en el lado europeo del Atlántico, hay otros temas que se cuelan en la agenda. Uno de ellos es la expropiación de la empresa agrícola Agroisleña, que una vez en manos públicas ha sido rebautizada y ha pasado a llamarse Agropatria.

Hasta que el presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó en su programa dominical Aló, Presidente que Agroisleña pasara a manos públicas, esta empresa pertenecía en un 42% a los descendientes del fundador Enrique Fraga, un inmigrante canario que constituyó la firma en 1958. El resto del capital de esta empresa dedicada fundamentalmente a los suministros agrícolas a crédito también era propiedad de españoles o de hijos de inmigrantes españoles.

La empresa factura 900 millones de euros anuales y ocupa a 2.450 trabajadores

La nacionalización de una empresa española en Venezuela no es una situación nueva. Ya la padeció el Banco Santander hace un par de años. Pero en esta ocasión, a diferencia de entonces, Chávez no abrió ningún proceso de negociación. "Agroisleña está expropiada. Se acabó el tiempo", anunció el pasado 4 de octubre, por sorpresa. Y, según apuntan fuentes de la empresa, al día siguiente las autoridades venezolanas ya estaban visitando la compañía. Y un día después dictaron "la medida de ocupación temporal".

Para justificar la decisión, Chávez acusó a la antigua Agroisleña de ser un oligopolio. Y a renglón seguido el Gobierno de Caracas empezó una campaña en los medios de comunicación acusando a los propietarios de Agroisleña de comercializar productos transgénicos -algo que ellos niegan- , de vender fertilizantes y otros productos con márgenes abusivos y de "envenenar" a la población. Desde el entorno de los hasta ahora propietarios de la empresa se niegan las acusaciones, se rechaza haber vendido transgénicos y se desmiente el resto de los desmanes que se les atribuyen.

Siguiendo el ejemplo de Banco Santander, que tras negociar con Chávez logró una compensación, los fundadores de Agroínsula reclaman una solución pactada. "Nuestro deseo es que se abra un camino de diálogo por la vía diplomática para lograr que se les dé a los propietarios de Agroisleña el mismo trato que se ha dispensado a otras empresas españolas", explica su hasta ahora presidente, Enrique Fraga. Y para lograrlo representantes de la compañía han cruzado el Atlántico, y han comenzado un rosario de reuniones con responsables políticos y del Gobierno venezolano.

El primer argumento que esgrimen es que el capital de la matriz de la compañía intervenida es español en un 92% -tanto fundadores como socios tienen constituida una sociedad tenedora en Canarias- y que se trata de una de las principales inversiones hispanas en el país latinoamericano, no en vano su facturación anual ronda los 1.250 millones de dólares (unos 900 millones de euros) y su plantilla la integran 2.450 trabajadores.

De momento, Agroisleña ya ha despertado la solidaridad de los políticos canarios. El senador de Coalición Canaria Alfredo Belda interpeló al ex ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que prometió "trabajar para lograr una solución satisfactoria". A Belda, no solo le preocupa este caso, también teme que se abra la veda para la expropiación de otros intereses canarios en Venezuela.