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ANÁLISIS

Estrategia de aniquilación

Decenas de los 6.000 europeos que se unieron al ISIS han muerto en ejecuciones extrajudiciales ordenadas por Gobiernos occidentales. No ha habido críticas por parte de los políticos ni denuncias

Cuatro presuntos miembros del ISIS, apresados en Mosul en diciembre de 2016. Ampliar foto
Cuatro presuntos miembros del ISIS, apresados en Mosul en diciembre de 2016. AFP / Getty

El mismo continente que el siglo pasado vivió las peores matanzas de la historia del planeta se transformó enseguida en el primer defensor mundial de los derechos humanos. 70 años después. Por el contrario, la guerra contra el terror erosiona en Europa el más elemental de esos derechos, el de la vida, ante la indiferencia — cuando no el aplauso— de las opiniones públicas.

Con clamorosa pasividad y silenciosa aprobación, en efecto, se ha recibido en la UE la confirmación de que decenas y decenas de europeos de los 6.000 que se unieron al ISIS (Estado Islámico) en Siria o Irak han sido y siguen siendo eliminados —“neutralizados” es el término oficial utilizado— en ejecuciones extrajudiciales autorizadas por los principales Gobiernos del continente sin que el fenómeno origine debates en los Parlamentos o denuncias ante los tribunales.

Como ya ha ocurrido en varias ocasiones en Francia o en Cataluña el pasado verano, la eliminación sistemática de yihadistas implicados en atentados fue seguida de inmediatas alabanzas públicas a los agentes que les dispararon sin aclarar previamente si las muertes habían sido realmente inevitables.

La deriva en el arrinconamiento y violación de los derechos humanos en que ha entrado Europa alcanza ahora a los yihadistas occidentales

Lo que hacen los principales líderes europeos con sus nacionales en Siria o Irak es mucho más grave. De entrada, sus Gobiernos están obligados a defender la Convención Europea de Derechos Humanos vigente desde 1953, cuyo artículo segundo dice expresamente: “El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena”.

Pues bien, los dirigentes de Francia (de donde salieron 1.910 combatientes) y Reino Unido (850), entre otros, han asumido pública y oficialmente que han ordenado la muerte de numerosos compatriotas que se unieron al ISIS. Argumentan que los países atacados por el yihadismo están “en guerra” y que quienes se han unido a los terroristas se han convertido en “enemigos”.

Las reglas del derecho internacional ante conflictos bélicos tradicionales se han mostrado obsoletas en esta nueva guerra multinacional con múltiples tentáculos y que ha incluido a las ciudades occidentales en escenarios de matanzas indiscriminadas. Por primera vez desde la II Guerra Mundial, gobernantes de países europeos asumen la estrategia estado­unidense de “abatir” a miles de kilómetros de las metrópolis a enemigos identificados, incluidos compatriotas.

Londres admite haber elaborado una lista con 200 objetivos. París ha reconocido que, entre 2012 y 2016, “neutralizó” a 40 yihadistas

Londres ha admitido haber elaborado una lista con 200 objetivos con nombres y apellidos, y París ha reconocido que, entre 2012 y 2016, “neutralizó” a 40 yihadistas en distintas partes del mundo.

Para comprobar los radicales cambios en este terreno en muy pocos años, basta recordar la muerte de tres miembros del IRA en Gibraltar en 1988 por disparos de agentes del SAS (Special Air Service). El caso originó protestas, miles de artículos, libros, investigaciones judiciales, decenas de intervenciones parlamentarias…

Como era habitual entonces, la causa acabó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dictaminó que se había violado el artículo segundo de la convención. El mismo tribunal dictó veredictos similares contra Holanda o Reino Unido por muertes de iraquíes en la guerra de Irak al comienzo de este siglo o contra Turquía por operaciones de su Ejército contra kurdos.

Las preocupaciones de entonces se han tornado hoy en elogiadas licencias para matar. Hay ejemplos por doquier. Así, tras la eliminación con drones de dos ciudadanos ingleses en Siria, el ministro británico de Defensa, Michael Fallon, respondió así a un periodista hace dos años: “Si me pregunta si dudaremos en emprender acciones similares hoy, mañana, la próxima semana, le diré que no, que no dudaremos”.

En efecto, el año pasado se informó oficialmente que otro ataque con dron había acabado con la vida de la británica Sally-Anne Jones en Siria.

En Francia, el propio expresidente François Hollande reconoció ante los periodistas de Le Monde Fabrice Lhome y Gérard Davet que había autorizado cuatro ejecuciones extrajudiciales a miles de kilómetros de París. Pues bien, en la patria de los derechos humanos la noticia fue muy bien recibida después de haber sido salvajemente atacada por terroristas teledirigidos desde Irak y Siria o entrenados en esos países.

Hasta la izquierda francesa se sumó con entusiasmo a la alegría general. En un debate televisado de los siete aspirantes en las primarias del Partido Socialista francés del año pasado, todos apoyaron la decisión del jefe del Estado y añadieron que ellos harían lo mismo si un día llegaran al Elíseo.

Esta siniestra “estrategia de aniquilación”, como la ha denominado el responsable de la Cruz Roja para Oriente Próximo, Patrick Hamilton, había tenido algún antecedente. En 2014, el año en que Francia inició sus bombardeos en Irak, el general Pierre de Villiers informó de que las fuerzas especiales habían “neutralizado” a siete de ocho yihadistas huidos tras el asalto del año anterior a la refinería argelina de In Amenas, donde murieron 37 rehenes, uno de ellos francés.

La deriva en el arrinconamiento y violación de los derechos humanos en que ha entrado Europa alcanza ahora a los yihadistas occidentales supervivientes. Derrotado oficialmente el ISIS tras las caídas de Mosul y Raqa, a nadie le interesa saber qué ha sido de esos 6.000 europeos (204 españoles), cuántos han muerto, dónde están enterrados o cuántos han sobrevivido.

Sólo interesa, reconocen observadores en la zona, que las fuerzas especiales —en Siria hay 4.000 soldados de élite norteamericanos, británicos y franceses, como ha contado en este periódico Natalia Sancha— localicen y neutralicen objetivos supervivientes de las listas negras. Y desde luego, que no regrese ningún combatiente a su país de origen. En una actitud sin precedentes en Europa, los Gobiernos se desentienden de las decenas de prisioneros europeos en manos del Ejército iraquí y de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la milicia kurdo-árabe apoyada por Washington.

En una sorprendente dejación de las tradicionales obligaciones de derecho internacional, París ha rechazado las peticiones de extradición planteadas por algunos de sus nacionales presos. Una de las solicitantes es la yihadista bretona Emilie König, hija de un gendarme. “Son combatientes y, por tanto, enemigos”, ha dicho el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, al justificar la negativa.

No solo ocho de cada diez franceses apoyan dejar a otros franceses en manos de milicias sin Estado o a la espera de juicios militares en un país con pena de muerte, sino que el líder de la oposición, el conservador Laurent Wauquiez, ha pedido que se les quite la nacionalidad. O sea, que se les convierta en apátridas, algo prohibido en el derecho internacional. “Esto suena a un reconocimiento de debilidad. Podemos entenderlo, pero es una visión cortoplacista”, ha dicho a Le Monde Yves Trotignon, profesor de antiterrorismo en Sciences Po.

En la reciente presentación en Madrid de su libro Daesh en la Casa Árabe en Madrid, el analista Jesús Núñez Villaverde aseguró que los Gobiernos occidentales “sobredimensionan el problema terrorista para recortar derechos y libertades”.

Si no es cierto, el resultado es el mismo.

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