Juicio a los mandos policiales en Veracruz

En la segunda semana de febrero ha iniciado el procesamiento judicial de los más altos cargos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, así como de mandos operativos de las policías estatal y fuerza civil, y del director de las cárceles estatales. Están imputados también 22 policías, de los cuales 15 están detenidos, quienes pertenecían a dos grupos de élite de la policía estatal. El hecho es histórico porque es la primera ocasión en que son procesados funcionarios públicos del más alto nivel encargados de la seguridad pública bajo la nueva Ley General sobre Desaparición Forzada.

Este grupo de funcionarios y policías llevó a cabo una política sistemática de detención arbitraria y desaparición forzada de jóvenes sospechosos de colaborar con el grupo delictivo de los Zetas. Por ahora la Fiscalía General del Estado tiene pruebas de 15 casos del año 2013, que tuvieron lugar en la capital Xalapa y en la región de Córdoba. Lo que ha quedado claro en las audiencias orales celebradas en días pasados es que los dos grupos de élite llevaron a cabo detenciones sin orden judicial, torturaron a los presos, y desaparecieron luego los cuerpos de sus víctimas. Más aún, de las audiencias se ha sabido que en varios casos los policías violaron a las víctimas de sexo femenino y en al menos un caso abusaron sexualmente de la pareja de uno de los detenidos.

En realidad estamos frente a la punta del iceberg de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad en el marco de la guerra contra el narco. La importancia de este juicio colectivo radica en que es la primera ocasión en que el sistema de justicia procesa a altos mandos y cuadros operativos policiales por delitos de lesa humanidad en el marco de la nueva legislación creada a partir de la presión los colectivos de desaparecidos y de organismos de la sociedad civil. Cabe mencionar que los altos funcionarios también están siendo procesados por corrupción.

En este caso no importa que la probable causa de que el gobernador Miguel Ángel Yunes haya impulsado este proceso sea la búsqueda de legitimación de su gobierno y posicionar a su hijo como candidato a la gubernatura; no es relevante por ahora que se procesen unos pocos casos dentro de los cientos que existen en Veracruz debidamente documentados. Lo que importa es que a partir de esta fecha la narrativa hegemónica del gobierno federal y de los estatales acerca de que los miles de desaparecidos y muertos de la guerra contra el crimen eran víctimas de los conflictos internos entre los grupos delincuenciales se demuestra parcialmente falsa. Ya sabíamos, pero ahora existe un cierto grado de certidumbre legal, que ha sido una práctica sistemática del Estado el conducir una guerra sucia contra el crimen organizado, la cual ha causado, como todas las guerras sucias, miles de víctimas inocentes, cuyos casos nos son investigados por el inoperante sistema de justicia, el cual está bajo control de las mismas autoridades que han autorizado dicha política.

Este proceso cuestiona la estrategia gubernamental de construir policías estatales únicas para fortalecer las fuerzas de seguridad. El caso de Veracruz demuestra que las policías estatales pueden asumir comportamientos delincuenciales en ausencia de controles civiles efectivos sobre su desempeño. Más aún, queda en entredicho la Ley de Seguridad Interna ya aprobada por las cámaras, en la medida en que el caso de Veracruz ilustra los riesgos gigantescos que implica dejar a las fuerzas de seguridad sin adecuada supervisión civil.

Si las investigaciones continúan y se llevan acabo con seriedad, pronto se demostrará que también las fuerzas militares han participado de esta política de guerra sucia y que en realidad en todo el país, ante la desesperación de los gobiernos federales de Calderón y Peña Nieto, se ha recurrido a métodos ilegales para combatir a la delincuencia organizada en el marco de una impunidad casi total hasta ahora.

Sí, hoy confirmamos que ha sido el Estado. Fue el Estado el que desapareció a cientos de personas en Veracruz y probablemente a miles a nivel nacional. Entregar la seguridad del país a las fuerzas del orden en la ausencia de instituciones de justicia operativas es garantizar la violación de los derechos humanos. En México se requieren más instituciones de justicia y no más libertades discrecionales a las instituciones represivas.

Alberto J. Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.