Italia convoca elecciones para el 4 de marzo

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La XVII legislatura italiana, una de las más convulsas de los últimos tiempos, con tres Gobiernos diferentes —Enrico Letta, Matteo Renzi y Paolo Gentiloni— en un país con una política volátil de por sí, nació con incertidumbre en 2013 y se cierra con incertidumbre casi cinco años después, algunos días antes de su término natural y ante un panorama borroso. El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha disuelto formalmente el Parlamento este jueves, y un consejo de ministros extraordinario ha convocado elecciones para el 4 de marzo. Se cierra así un año que puede leerse en clave electoral, en el que los partidos han estado más pendientes de perfilar posibles futuras alianzas y de fijar posturas de cara a los próximos comicios que de hacer leyes.

Los dos primeros meses del año, habitualmente poco productivos en el Parlamento desde el punto de vista político se dedicarán a la campaña electoral, mientras se prevé la formación de un nuevo Gobierno con la llegada de la primavera. Eso si los números cuadran, porque con la nueva ley electoral, que se basa en un sistema mixto entre el proporcional y el mayoritario, todo apunta a un escenario postelectoral “a la española”. Temen que se pueda reproducir un limbo político similar al del país vecino, que tras las elecciones de diciembre de 2015 estuvo casi un año sin Gobierno.

Para poder gobernar con tranquilidad en Italia será necesario alcanzar el 40% de los votos y a este respecto, todos los sondeos arrojan datos pesimistas. Ningún partido en solitario se acerca a ese umbral. Con un electorado dividido de forma prácticamente equivalente entre los tres bloques políticos —centroizquierda, centroderecha y Movimiento 5 Estrellas— resulta complicado alcanzar una mayoría parlamentaria homogénea y menos aún en las dos cámaras. Aunque esto no es una novedad en un país que ha conocido 64 gobiernos en los últimos 70 años.

El Movimiento 5 Estrellas, que entró en el parlamento por primera vez en esta legislatura con el grito de “lo abriremos como una lata de atún; veréis todo lo que hay dentro” encabeza desde hace meses los sondeos electorales, con el 27% de los votos. Si bien tradicionalmente se había mostrado contrario a las alianzas, en las últimas semanas, su lider, Luigi di Maio, acorralado por un sistema electoral que no le deja otra opción, ha abierto la posibilidad de entablar conversaciones con otros partidos.

Faltará por ver con quien. En las encuestas les sigue de cerca, con el 25% de los votos, el Partido Demócrata de Matteo Renzi, cada vez más desgastado, en sus horas más bajas y que deberá buscar acuerdos con otras formaciones progresistas que abandonaron sus filas. Es el caso de Libres e Igales, que podría adjudicarse el 7% de los votos y que cuenta con el empuje de pesos pesados de la política italiana como el juez antimafia Pietro Grasso y la presidenta de la Cámara de los diputados Laura Boldrini.

La derecha previsiblemente formará alianza entre Forza Italia de Berlusconi, que está viviendo su enésimo renacimiento y al que las estimaciones otorgan en torno al 15% de los votos, la ultraderechista y xenófoba Liga Norte de Matteo Salvini, —14% según los sondeos y en pleno ascenso— y con los xenófobos Hermanos de Italia de Giorgia Meloni (5%).

Muchos analistas ven en el cierre anticipado de la legislatura un modo de guardarse las espaldas y de garantizar que el ejecutivo llegue íntegro en caso de que sea necesario alargar su periodo en funciones. Lo único que tranquiliza es que en el peor de los casos, llegado ese supuesto, Gentiloni estará al mando. Durante su paso por el Gobierno ha mantenido un perfil bajo con el que se ha ganado el respeto del país, no se ha visto implicado en ningún escándalo y consiguió sacar adelante, sin demasiado ruido, a un ejecutivo al que los titulares más optimistas daban “tal vez con un milagro” unos pocos meses de vida. La fórmula Gentiloni después de Gentiloni parece convencer a todos, incluso a Berlusconi, que lo consideró la “opción más correcta” en el caso de que nadie alcance la mayoría. Se perfila, por tanto, como el hombre apropiado para mantener el barco en pie mientras el resto decide qué hacer.

La gran tarea pendiente de esta legislatura que heredará el próximo Gobierno es la aprobación del conocido como Ius Soli, que prevé otorgar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes y que el Gobierno de Gentiloni consideraba una “obligación moral” que quería sacar adelante antes de terminar el curso. Se aprobó en la Cámara de los diputados en 2015 y desde entonces continúa bloqueada en el senado. Ha sido una de las normas más polémicas y que más divisiones ha generado en los últimos años. El pasado julio no fue posible refrendarla debido a las dimisiones y los enfrentamientos –empujones incluidos- que se produjeron en el Parlamento. A finales de este mes tampoco se consiguió. No se presentó el número mínimo de senadores necesario para llevar a cabo la votación. Esta vez, podría suponer el carpetazo definitivo. Varias figuras del Partido Demócrata habían pedido al presidente de la República que no disolviera las cámaras para poder llevar a examen el proyecto de ley en enero.