Crece la presión para que el presidente peruano Kuczynski renuncie

Perú se mantenía anoche en vilo ante la incertidumbre política. Mientras los líderes de cuatro partidos políticos endurecieron su posición hacia el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y le pidieron su renuncia, el jefe de Estado permanecía en silencio, después de que el miércoles el partido fujimorista Fuerza Popular difundiera el listado de pagos que el exbanquero recibió de Odebrecht entre 2004 y 2007 en una empresa unipersonal del economista abierta en Estados Unidos.

Por la mañana, Daniel Salaverry, el vocero de la bancada de Fuerza Popular —la mayoría opositora, fujimorista— anunció que la mayoría de partidos en la Junta de Portavoces del Congreso acordaron esperar el transcurso del día “para que presente su renuncia". "Ha tenido tiempo suficiente para evaluar su delicada situación y tomar esta decisión”, señaló.

Javier Velásquez, congresista del Partido Aprista Peruano —aliado del fujimorismo— añadió que si el jefe de Estado no entregaba su carta de renuncia, se sumarían a las iniciativas para pedir la destitución del presidente por incapacidad moral.

Por la noche, el partido Alianza por el Progreso (APP) difundió un comunicado en el mismo sentido. “Exhortamos y demandamos al presidente Pedro Pablo Kuczynski a renunciar a su cargo por el bien de la democracia y en pro de la gobernabilidad. De no producirse la renuncia que la nación espera y demanda, Alianza para el Progreso presentará el pedido de vacancia [destitución] presidencial por el bien del país”, indica el pronunciamiento. Dicho partido es liderado por el excandidato presidencial César Acuña, quien fue denunciado por haber plagiado sus tesis de maestría en Lima y de doctorado en la Universidad Complutense en España. Un juzgado en Madrid aún investiga su caso.

Si Kuczynski no renuncia, el Congreso necesita 87 votos —de 130— para aprobar su destitución por incapacidad moral. La noche del miércoles, el grupo parlamentario de izquierda Frente Amplio, con diez congresistas, fue el primero en informar de que demandaría la vacancia presidencial. De cumplir su amenaza, los votos a favor de la destitución —del fujimorismo, el APRA, APP y el FA— sumarían 96.

En octubre, Kuczynski envió una carta a la presidenta de la comisión investigadora en la que negó cualquier vínculo con la multinacional brasileña: “No he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas, que públicamente vienen siendo vinculadas al caso Lava Jato”, dijo entonces el mandatario. El fujimorismo y el APRA interpretan que Kuczynski no dijo la verdad a la comisión parlamentaria de investigación y que por tanto el presidente ya no tiene la confianza para seguir gobernando.

La tarde del jueves, Kuczynski recibió en su casa —en el distrito de San Isidro— a algunos de los miembros de su gabinete y por la noche, se reunió con algunos miembros de la bancada de Peruanos por el Kambio. No había consenso ni en el gabinete ni en el grupo parlamentario acerca de entregar la renuncia o de esperar el descargo del presidente y la posterior votación en el pleno del Congreso de la destitución.

Informaciones periodísticas apuntaban el jueves que el próximo día 21 el fiscal que dirige el equipo especial anticorrupción del caso Odebrecht, Hamilton Castro, interrogará de forma reservada al mandatario en Palacio de Gobierno, acerca de los pagos que recibió de Westfield Capital. Al día siguiente, Kuczynski tendrá que comparecer ante la Comisión parlamentaria del caso Lava Jato.

Anoche el diario El Comercio reportó que el primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien fue designado en septiembre como embajador de Perú en Canadá, adelantará su retorno a Lima para este viernes. Ya sea que el presidente peruano renuncie o sea destituido por el Congreso, de acuerdo con la Constitución, el primer vicepresidente debe reemplazarlo. Por impedimento de este, tendría que asumir la segunda vicepresidenta, la actual primera ministra Mercedes Aráoz. En caso que ambos renuncien, el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, tendría que convocar de inmediato a elecciones.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, calificó la crisis política como un momento "de mucha incertidumbre y de convulsión política", y comentó que si el presidente no dijo la verdad ante la comisión Lava Jato, ello habría sido "delito de falsa declaración en un procedimiento administrativo".