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La fiscalía de Perú allana el búnker de Keiko Fujimori

La líder de la oposición debía ir al Ministerio Público a responder sobre declaraciones de Marcelo Odebrecht, pero no asistió debido al registro de inmuebles de su partido.

La policía peruana afuera de la oficina de Fujimori tras la redada
La policía peruana afuera de la oficina de Fujimori tras la redada REUTERS

La Fiscalía de Perú allanó este jueves dos locales del partido fujimorista Fuerza Popular en Lima, como parte de la investigación a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, mencionada en un interrogatorio hecho a Marcelo Odebrecht, el expresidente ejecutivo de la transnacional brasileña. En lo que va del año, las autoridades ya habían realizado redadas en las casas del expresidente Alejandro Toledo y Félix Moreno, gobernador regional del Callao, en busca de pruebas de los sobornos de la constructora brasileña. Hasta ahora, ningún local de un grupo político había sido intervenido por este caso.

“Aumentar Keiko 500 e eu fazer visita” (Aumentar a Keiko 500 y yo la visitaré), es la frase que anotó el magnate brasileño en su móvil entre 2010 y 2011, en el contexto de la campaña electoral presidencial peruana, y de la que el 9 de noviembre dio detalles al fiscal peruano José Domingo Pérez en Curitiba, Brasil. Aunque el empresario afirmó que el detalle de los aportes de campaña lo puede entregar el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dijo que su empresa daba dinero a los candidatos con más posibilidades de victoria, la hija del reo y expresidente Alberto Fujimori era entonces una de ellas.

El fiscal Pérez solicitó la orden judicial para allanar y hacer registro domiciliario de un local de Fuerza Popular en el centro de Lima y de otro ubicado en el distrito de Surco, una zona acomodada de la capital, donde la bancada fujimorista se reúne todos los martes con la líder del partido.

El juez Richard Concepción Carhuancho, el mismo que este lunes ordenó la prisión preventiva de cinco empresarios líderes del sector construcción ligados a Odebrecht, autorizó las diligencias, por 48 horas, que provocaron el rechazo de los políticos fujimoristas.

“Están revisando la documentación política que tenemos en este local. Por estar haciendo seguimiento a las investigaciones (del caso Odebrecht) nos vienen a asustar de este modo”, reclamó la congresista Luz Salgado, una de las principales dirigentes del fujimorismo desde la década de los años 90.

A inicios de noviembre, Fuerza Popular, que ostenta la bancada mayoritaria en el Congreso, argumentó que la Fiscalía no estaba investigando a las empresas nacionales que formaron consorcios con Odebrecht, y presentó una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que podría causar su destitución.

Presionado por los fujimoristas, Sánchez reveló que sí había una investigación reservada contra dichas constructoras. El domingo, el fiscal del equipo especial anticorrupción del caso Odebrecht, Hamilton Castro, pidió la prisión preventiva de cinco empresarios de esas compañías y, el lunes, cuatro hombres de negocios fueron internados en el penal de Ancón; el quinto tiene detención domiciliaria en una clínica privada.

El más conocido, José Graña, fue hasta febrero el presidente del directorio de la constructora Graña y Montero y es uno de los accionistas mayoritarios del diario El Comercio, uno de los medios que reportó que Odebrecht confirmó un aporte para Fujimori en la campaña electoral de 2011.

La casa de Morochucos

El local allanado de la calle Morochucos, en Surco, es el lugar “donde despacha y hace ejercicio” Keiko Fujimori, según el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, otro de los líderes de la formación política que criticó la diligencia fiscal.

“Los originales y las copias de los documentos contables están en el despacho del señor fiscal, a su solicitud, hace diez días. Aquí está parte de nuestra documentación política, están viendo correspondencia por correspondencia. Esto es un agravio al partido y a Keiko”, dijo a la prensa.

Chlimper ha sido, además, director entre 2006 y 2015 de la empresa Graña y Montero, una de las constructoras que formó consorcio con Odebrecht para la construcción de la carretera Interoceánica Sur, una obra por la cual la Fiscalía investiga al expresidente Toledo, debido al pago de sobornos de la compañía brasileña para lograr la concesión.

La noche del lunes, la comisión parlamentaria de investigación del caso Lava Jato (Odebrecht), liderada por la congresista fujimorista Rosa Bartra, anunció que convocará a la primera dama, Nancy Lange, a declarar, en vista de que el presidente Pedro Pablo Kuzcynski se negó a asistir para responder sobre un depósito que hizo la constructora brasileña a la firma First Capital Partners, del chileno Gerardo Sepúlveda, amigo de Kuczynski y exsocio suyo en otras firmas. Lange es una experta en fondos de inversión y fue accionista de First Capital.

Luego del anuncio de la citación a Lange, parlamentarios oficialistas que no se habían pronunciado sobre el vínculo del líder fujimorista con Graña y Montero, lo plantearon.

“José Chlimper además presidió el comité de auditoria responsable de evaluar los balances anuales de la empresa, sería bueno que aclare qué papel desempeñó”, comentó el parlamentario de Peruanos por el Kambio, Gino Costa.

Kuczynski, sin embargo, lamentó la diligencia en los locales del partido de su opositora. “Me preocupa leer en las noticias que hay un allanamiento en Lima de los locales de un partido político, que domina el Congreso. No lo digo para congraciarme, lo digo porque si no hay respeto al debido proceso, no seremos respetados internacionalmente”, manifestó.

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