El ‘caso Odebrecht’ salpica a la exalcaldesa de Lima

El caso Odebrecht continúa estremeciendo la política peruana. El pasado lunes, un juez prohibió a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien gobernó la ciudad entre 2011 y 2014 como representante de una coalición de izquierdas, que saliera del país durante ocho meses por la investigación de la trama corrupta. La fiscalía había abierto el pasado viernes un proceso preliminar contra la política por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo. Acusan a Villarán del supuesto cobro de tres millones de dólares en sobornos de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para financiar su campaña para evitar su revocación del cargo en 2013.

Jorge Barata, exdirector ejecutivo de la constructora Odebrecht en Perú, ha asegurado ante la justicia que la exalcaldesa le pidió el dinero para la campaña. El juez Richard Concepción eliminó el martes un obstáculo a las investigaciones del caso Odebrecht en el país andino al excluir a Barata de la investigación preliminar que le seguían por haberse confabulado para adjudicar los contratos de la carretera Interoceánica Sur, caso en el que también está involucrado el expresidente Alejandro Toledo, acusado de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. El Gobierno de Toledo aprobó en 2005 la concesión de tres tramos la carretera y facilitó, mediante adendas, que la compañía cobrara millones de dólares adicionales a lo pactado en el primer contrato.

El juez suspendió además el embargo de dos autos y un departamento de Barata, así como el congelamiento de una cuenta bancaria que la Procuraduría había solicitado para asegurar el pago de la reparación civil al Estado. El exdirector ejecutivo se negaba a declarar ante la fiscalía y a proporcionar las pruebas de los aportes a casi todos los ex jefes de Estado y principales excandidatos presidenciales peruanos de este siglo mientras se mantuvieran las medidas en su contra.

La época en la que Barata asegura haber entregado el dinero a Villarán, según la declaración difundida por IDL-Reporteros, coincide con el periodo en que la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó un proyecto de infraestructura vial propuesto por Odebrecht. Barata respondió a preguntas de fiscales brasileños en el marco de una colaboración con la justicia de ese país, a mediados de diciembre, y afirmó que el gerente municipal lo había llamado primero para pedir el dinero. “Acto seguido recibimos la llamada de la misma alcaldesa pidiendo esa contribución”, sostiene el exdirector ejecutivo. “Ella afirmó la necesidad y la importancia de la continuidad. Entonces esa señora tenía una proyección política muy grande. Había una expectativa importante de que ella continuase en la política peruana y con un nivel de destaque bastante alto”, atestiguó.

“Teníamos ya un contrato asignado con la municipalidad de Lima”, continua la declaración, “de una concesión urbana de 177 kilómetros que eran justamente la entrada y salida de la ciudad de Lima y teníamos una preocupación que con la salida [de Villarán] se pudiera generar alguna dificultad con nuestro contrato”.

Susana Villarán, quien también es activista de derechos humanos, se ha presentado a la fiscalía dos veces en los últimos días y en Facebook ha asegurado que no hizo tales llamadas telefónicas a Barata. Pero el Equipo Especial Anticorrupción que dirige el fiscal Hamilton Castro ha comprobado, con un reporte de llamadas, que, en el primer trimestre de 2013, hubo comunicación de Villarán y Castro con Barata.

Otro exfuncionario municipal de la gestión de Villarán, el exgerente de seguridad ciudadana Gabriel Prado, también es investigado por una cuenta a su nombre abierta en 2013 en la Banca Privada de Andorra en la que Odebrecht depositó 3.000 euros. Prado asegura que no tuvo relación con la cuenta, desactivada en 2016.