De lo que no se habla: trabajo forzoso

Lo que se narraba en la literatura del peruano José María Arguedas, del guatemalteco Miguel Ángel Asturias o del ecuatoriano Jorge Icaza sobre la estructura social de la vieja hacienda latinoamericana, con sus peones o semisiervos oprimidos por el siempre todopoderoso terrateniente, es, esencialmente, parte del pasado. En las varias décadas transcurridas se ha dado tránsito a procesos de modernización rural o de fragmentación y “minifundización”. Pero el hacendado “de horca y cuchillo”, opresor de semisiervos, quedó atrás.

Dentro de esa evolución, el trabajo forzoso debería ser, también, cosa del pasado; en la región y en el mundo. No lo es. Así lo ha vuelto a reportar recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT): alrededor de 25 millones de personas están sujetas a trabajo forzoso en el mundo. Lo analizan bien, además, decenas de estudios; destacan en Latinoamérica los estudios aportados por los antropólogos Eduardo y Álvaro Bedoya.

La OIT muestra una realidad doblemente preocupante: por la magnitud de los problemas y por la debilidad de las políticas globales para enfrentarlos. El trabajo forzoso está proscrito desde que se adoptó en 1930 la inicial Convención N.º 29 y posteriormente, en 1957, por la Convención N.º 105 de la OIT. En el contexto de esta última fue el de los trabajos forzosos impuestos por el Estado en el novel bloque soviético.

Hoy las formas son acaso más sutiles y encubiertas. Enfrentarlas no suele formar parte esencial de las políticas públicas. ¿Cómo funciona el trabajo forzoso hoy en Latinoamérica? Destacan tres características fundamentales. Primero, que no se lleva a cabo en las partes neurálgicas, o más “formales”, de la economía o en zonas urbanas, sino esencialmente en el campo y en torno a la extracción de madera o en la minería ilegal o informal.

Segundo, que ese trabajo forzoso está recubierto de elementos de “acuerdo” entre el patrón y el enganchado de manera que a veces se invisibiliza la coacción o coerción existentes. Lo más usual: se recluta a los enganchados en comunidades indígenas adelantándoles dinero para que corten madera o extraigan oro y se lo entreguen a patrones enganchadores. Luego de un primer adelanto reciben una y otra vez mas “adelantos” sin poder cumplir con los reembolsos, con lo que se inicia un ciclo vicioso de deudas impagable. La asimetría de la información y el desconocimiento de sus derechos por parte de los trabajadores facilita esta forma perversa de reclutamiento laboral.

Cambiar y ajustar las leyes, como se ha hecho en el Perú en enero de este año con la ley que actualizó la definición y penas en el Código Penal sobre trabajo forzoso, es, por cierto, importante.

Tercero, en ciertas zonas, grupos de madereros o de minería legal, generalmente vinculados a formas de crimen organizado como el narcotráfico, capturan a miembros de grupos indígenas para que trabajen durante un tiempo. Cuando el enganchado se cansa y quiere volver a su comunidad se da la retroalimentación sin fin, pues es obligado a buscar a otros para que lo reemplacen.

Detrás de este panorama dantesco se presentan cuadros dramáticos, como el de la zona de Madre de Dios en el Perú, en la que el reclutamiento para la actividad económica viene acompañado del de mujeres —muchas veces niñas— que son coercitivamente conducidas a formas atroces de prostitución.

Algo está fallando en el mundo y Latinoamérica, ya que se convive indiferentemente con esta espantosa situación. Cambiar y ajustar las leyes, como se ha hecho en el Perú en enero de este año con la ley que actualizó la definición y penas en el Código Penal sobre trabajo forzoso, es, por cierto, importante.

Pero lo que falta en estas situaciones es una presencia, estructuración y acción más enérgica del Estado. Que, entre otras cosas, haga campañas públicas sobre los derechos de los “enganchados”. Dentro de esas políticas a ejecutar tendría que regularse la responsabilidad de las empresas “legales”. Fundamental, por ejemplo, impulsar un papel más activo de las empresas concernidas —los intermediarios honestos y legítimos de madera, por ejemplo— que deberían tener la obligación de verificar las operaciones de los proveedores que no pueden seguir amparándose en la oscuridad y el trabajo forzoso.