Francia integrará en su derecho medidas clave del estado de excepción

La han llamado la Patriot Act francesa, comparándola con la ley antiterrorista que Estados Unidos aprobó después de los atentados de 2001. También se la ha calificado de estado de excepción permanente, puesto que prolonga indefinidamente algunas medidas extraordinarias adoptadas tras los atentados en París y alrededores de noviembre de 2015. ¿Un paso hacia un Estado policial con pocos controles judiciales? ¿O la mejor garantía de los derechos individuales en tiempos de amenaza violenta? Francia ultima una ley que definirá la política contra el terrorismo del nuevo presidente, Emmanuel Macron.

La fecha límite es el 1 de noviembre, cuando expira el estado de excepción —o de emergencia, o de urgencia, como dicen en Francia— decretado en Francia hace dos años y prolongado repetidamente desde entonces. El presidente Macron, elegido en mayo con un programa liberal ante la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, prometió acabar con estas medidas extraordinarias, que muy raramente Francia había usado en las últimas décadas. En su lugar se propuso adoptar una ley antiterrorista que permitiría, primero, acabar con el ritual de la prolongación repetida del estado de excepción, y segundo, inscribir en la legislación francesa las medidas necesarias para proteger al país.

La Asamblea Nacional y el Senado ya han adoptado sus respectivas versiones de la ley. En los próximos días deben acordar un texto definitivo.

"No es un estado de excepción permanente", dice en una entrevista telefónica Georges Fenech, exdiputado del partido conservador Los Republicanos que presidió la comisión de investigación sobre los atentados de 2015. "La ley, precisamente, tiene por objetivo poner fin al estado de excepción y, al mismo tiempo, no bajar la guardia de la autoridad administrativa. En el derecho común, esta autoridad tendrá nuevas prerrogativas que se inspiran en elementos del estado de excepción, pero de manera más controlada, en especial por parte del juez".

El principal reproche a la ley "para reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo" es que, de manera encubierta, convierta en texto legislativo el estado de excepción, que era provisional. La ley, por ejemplo, prevé que las autoridades administrativas —generalmente el prefecto, representante del Estado en el territorio— puedan, sin autorización judicial previa, ordenar a un sospechoso que no salga de un municipio en un periodo determinado. Facilitan los registros domiciliarios. Permiten colocar un brazalete electrónico a un sospechoso en un territorio limitado y vigilar las comunicaciones y redes sociales. Y autorizan el cierre de lugares de culto donde se promueva el odio.

Algunas medidas ya figuraban, incluso con menos controles y más manga ancha para las autoridades, en el estado de excepción. La ley las suaviza, o impone mayores controles. Pero, según los críticos, no resuelve los dos problemas principales. Primero, su carácter preventivo, pues afectará a personas que no haya cometido delito alguno y puede acabar perjudicando a inmigrantes sin vínculo alguno con el terrorismo. Y segundo, la escasa intervención del poder judicial en favor de la llamada autoridad administrativa. Las críticas han llegado desde organizaciones no gubernamentales hasta representantes de minorías, que se sienten estigmatizadas por la ley.

A finales de septiembre Fionnuala Ní Aoláin, ponente especial del Alto Comisariado para los Derechos Humanos de la ONU en la lucha antiterrorista, pidió explicaciones por carta al Gobierno francés. "Insisto en expresar", se lee en la carta, "mi profunda preocupación por el alcance [del proyecto de ley] y por su previsible incidencia nefasta en el ejercicio del derecho a la libertad y a la seguridad personal, en el libre acceso a la justica, en la libertad de circulación, en la libertad de reunión y de asociación pacíficas, la libertad de expresión y la libertad de religión o de convicción".

En un editorial titulado "Los riesgos del estado de excepción permanente", el diario Le Monde avisó: "Eliminar el control de la justicia debilita el Estado de derecho. El imperativo de la seguridad no puede conducir a poner en causa las libertades individuales, que son el ADN de la democracia".

En junio, en una entrevista con EL PAÍS y otros medios europeos, el presidente Macron se defendió de las acusaciones diciendo que la nueva ley "no es en nada un debilitamiento del Estado de derecho, ni una importación del estado de emergencia en el Estado de derecho". "Necesitamos respuestas inéditas y propias a la lucha contra este terrorismo islamista", añadió.

Con su estado de excepción —el término legal más parecido en países como España para el estado de urgencia francés— Francia es hoy una excepción. Se basa en una ley de 1955, aprobada en plena guerra de Argelia, y hasta los atentados de 2015 sólo se había aplicado varias veces en relación con Argelia, una en el territorio de Nueva Caledonia y de nuevo por los disturbios en las banlieues o extrarradios en 2005.

"Veo que en España, pese al atentado de Barcelona, no se decretó el estado de excepción, ni una Operación Centinela, como tampoco en Gran Bretaña", dice Fenech, que es favorable a la ley del Gobierno Macron. La Operación Centinela, puesta en marcha también en 2015, consiste en el despliegue de 7.000 militares por las calles de Francia en misión antiterrorista. "La dificultad es política: cómo salir del estado de excepción sin debilitar el control administrativo". Decretarlo es relativamente fácil; acabar con él, como está comprobando Francia, puede convertirse en un auténtico rompecabezas.