May saca adelante la ley que deroga el acta de adhesión de Reino Unido a la UE

El Parlamento británico dio esta madrugada luz verde a la tramitación del proyecto de ley de retirada de la Unión Europea (UE), bautizada como Gran Ley Derogatoria, que pondrá fin a la preeminencia de las normas comunitarias en el Reino Unido cuando el país rompa de forma definitiva sus lazos con Bruselas. El gran cambio constitucional, el mayor en la reciente historia británica y que entraría en vigor una vez el país esté fuera de la UE, recibió 326 votos a favor y 290 en contra. Sin mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, el Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May, contó con el respaldo de los diez diputados del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), con quienes acordó un pacto de gobernabilidad tras las elecciones del pasado 8 de junio, y de siete parlamentarios de la oposición laborista, que desafiaron la disciplina de voto para respaldar al Gobierno.

El proyecto de ley supera así cómodamente su primer escollo, con una mayoría de 36 diputados, pero la verdadera batalla para el Gobierno llega ahora, con la posterior tramitación parlamentaria. El texto será examinado en detalle en la fase de comités, y diputados de unos y otros bandos, incluido el conservador, ya han comenzado a presentar enmiendas contra la actual formulación de la ley y han advertido de que votarán en contra en la tercera lectura, prevista para el mes que viene, si en el proceso no cambia sustancialmente.

Tras la votación, que concluyó pasada la medianoche después de un largo debate, May celebró la "histórica decisión" del Parlamento de "respaldar la voluntad del pueblo británico" al impulsar una ley que "aporta certidumbre y claridad" ante el Brexit. "Aunque todavía hay más que hacer, esta decisión significa que podemos continuar las negociaciones [con Bruselas] con cimientos sólidos", sostuvo la primera ministra.

La Gran Ley Derogatoria entraña una contradicción terminológica. Es cierto que, por un lado, revocará el Acta de Comunidades Europeas de 1972, con la que el Reino Unido accedió a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE). Pero, al mismo tiempo, incorporará a la legislación británica las miles de leyes que componen el cuerpo legal de la Unión Europea desde que Reino Unido se incorporó hace 44 años, a fin de que no haya vacíos normativos una vez se ejecute el Brexit, previsiblemente el 29 de marzo de 2019. Por último, preverá la manera en que las leyes europeas incorporadas se vayan derogando, ratificando o modificando, caso por caso.

Es en este último punto donde reside el principal escollo. La ley ha sido duramente criticada porque recurre a una figura excepcional, conocida como “poderes de Enrique VIII,” que permite al Gobierno modificar legislación con solo un mínimo control parlamentario. El Ejecutivo defiende que es la única manera de sacar adelante la ingente cantidad de legislación necesaria, pero la oposición, y algunos de las propias filas conservadoras, advierten de que sería una irresponsabilidad histórica permitir que leyes tan importantes escapen al escrutinio parlamentario y sean aprobadas por ministros o meros funcionarios. Chris Bryant, diputado laborista, llegó a decir durante el debate que “Erdogan, Maduro y Putin” estarían orgullosos de esos poderes.

Hay otros aspectos controvertidos, como la indefinición de las competencias que pasarían al Estado Central o a las administraciones autónomas de Escocia, Gales o Irlanda del Norte, así como la carta de derechos fundamentales de la UE, que no se incorporaría a la legislación británica en la actual redacción del proyecto de ley.

Así, muchos diputados proeuropeos, aunque no están satisfechos con el texto del proyecto de ley, decidieron apoyarlo en este punto, llamado de segunda lectura, en aras de proporcionar seguridad jurídica, pero planean dar la batalla ahora. El Partido Laborista inicialmente apoyó la legislación, pero en las últimas semanas decidió oponerse. Los siete laboristas rebeldes que votaron con el Gobierno son conocidos euroescépticos.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP), la tercera fuerza política en la Cámara de los Comunes, con 35 diputados, se posicionó en contra de una ley que, en su opinión, no garantiza que competencias en áreas como pesca y agricultura, que actualmente controla Bruselas, se trasladen al Parlamento autónomo escocés tras el Brexit.

El ministro británico para la salida de la UE, David Davis, alertó durante el debate de que oponerse a la ley significa condenar al Renio Unido a "una salida caótica" del club europeo. "Los británicos no votaron en favor de la confusión" en el referéndum sobre el Brexit de junio de 2016, y "el Parlamento tampoco debe hacerlo", esgrimió Davis.