Destrucción y responsabilidades

Desastres naturales enormes producen daños también serios. La pobreza y deficientes políticas urbanísticas —o la ausencia de ellas— multiplican sus efectos. Veamos.

Hace pocos meses, lluvias torrenciales del Niño costero sobre la desértica costa peruana produjeron 133 muertos y 190.000 damnificados. En Texas, recién, pese a los espectaculares niveles de destrucción de infraestructura, es notable que el número de fallecidos haya sido bajo (44) luego de Harvey; pero, igual, con varios millones de personas afectadas. Casi en paralelo, el monzón asiático causaba un espeluznante número de fallecidos en la India (más de 1.000 personas), en donde se juntan la extrema pobreza con inundaciones severas.

La causa inmediata de la destrucción está en fenómenos “naturales”, pero en sus efectos hay responsabilidades humanas y sociales. Estoy apuntando a dos aspectos interconectados entre sí. Por un lado, las variadas capacidades de respuesta social e institucional frente a los desastres. Por otro, el contenido —o ausencia— de ciertas políticas públicas que resultan decisivas para multiplicar —o reducir— los efectos de lluvias torrenciales o huracanes.

En lo que respecta a las respuestas, esto tiene que ver, obviamente, con los recursos económicos e institucionales disponibles. Así, por ejemplo, la inversión preventiva en represas y canales (y su buen estado) juegan un papel decisivo; también lo tiene la riqueza y solidez del tejido social e institucional.

Un factor decisivo en la minimización de los efectos de estos desastres es la organización y actuación de la población. La reciente tragedia en Texas dio una serie de ejemplos extraordinarios de solidaridad, comunicación y participación vecinal que fueron decisivos para reducir los daños en vidas humanas. No ha sido así recientemente en lugares como la India, en donde las dimensiones físicas y demográficas, y principalmente la pobreza, dificultan las comunicaciones y la organización institucional.

Vamos a lo medular: las vigentes políticas públicas —o la ausencia de ellas— que contribuyen a multiplicar la magnitud y efectos de lluvias torrenciales o huracanes. Lo que haga o no haga el Estado y la sociedad en esta materia no es neutral ni indiferente. Lo principal aquí son las políticas de desarrollo urbano equivocadas —o ausentes—, que son un factor decisivo en un planeta en el que más de la mitad de la población vive hoy en ciudades. Veamos dos ejemplos.

En Houston, una de las ciudades más importantes de EE UU, las desastrosas políticas urbanas explican parte de los efectos de Harvey y de las lluvias posteriores: en Houston no existe zonificación urbana. Se puede construir lo que el propietario quiera, incluidas las zonas inundables y otras que pudieran absorber lluvias extraordinarias. Durante los últimos años, la gente ha votado en tres ocasiones contra una política de zonificación en la ciudad.

En el Perú la magnitud de los efectos del Niño costero tiene mucho que ver con un crecimiento urbano explosivo y caótico en el que la falta total de planificación urbana lleva a que la gente —por lo general, muy pobre— construya donde encuentra un espacio; por ejemplo, quebradas de ríos o riachuelos se convierten en trampas mortales en tiempos de lluvia. Falta de política urbana más pobreza hacen un cóctel particularmente peligroso.

Como conclusión, no basta decir lo obvio: que son urgentes políticas de zonificación y desarrollo urbano que, entre otras cosas, impidan que se construya donde no se debe construir. Voy más allá: temas esenciales como la planificación o zonificación urbana no deben permanecer exclusivamente en manos de autoridades o espacios locales o municipales. Conciernen a la sociedad toda y debe ser uno de los ingredientes esenciales de políticas públicas nacionales que no pueden seguir más sólo en el ámbito local.