Santos anuncia que la mayor banda de narcotráfico de Colombia quiere someterse a la justicia

El Clan del Golfo, la banda de narcotráfico más importante de Colombia, quiere someterse a la ley, según ha informado el presidente Juan Manuel Santos: “El pasado 3 de septiembre recibimos del jefe una manifestación expresa de la voluntad de acogerse a la justicia". No se trata de una nueva negociación política como la que terminó en noviembre del año pasado con la guerrilla de las FARC, tampoco se asemeja a la que está en proceso con el ELN. "No hay ninguna posibilidad porque son delincuentes y narcotraficantes", ha apuntado el mandatario. Los miembros de la organización criminal solo podrán acceder a beneficios legales por colaborar con las autoridades.

"Se denomina el principio de oportunidad", explica Ariel Ávila, politólogo de la Fundación Paz y Reconciliación, "si entregan información sobre sus colaboradores, ya sean agentes del Estado u otros criminales, rutas del narco, su patrimonio,... cumplirán penas de unos cinco años de cárcel". Existiría incluso la opción, dependiendo del tipo de acuerdo, de que las autoridades legalizaran entre el 5 y el 10% de los bienes de esta organización para que pudieran tener un sustento al salir de prisión, según el experto. "El sometimiento colectivo de organizaciones criminales no está previsto en la legislación colombiana", ha declarado minutos después el fiscal general Néstor Humberto Martínez. "Debe condicionarse al cese absoluto de las actividades delictivas, a la entrega del patrimonio ilícito y de los cultivos y rutas del narcotráfico”.

Hace aproximadamente un año, un grupo de abogados contratados por el Clan liderado por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel (la recompensa por su captura es de cinco millones de dólares), comenzó a enviar mensajes al Gobierno de Santos en busca de un pacto político, ha explicado el general Naranjo, vicepresidente de Colombia. En estos meses, el Estado colombiano se ha negado de manera reiterada a este tipo de negociación. La banda, dedicada esencialmente a la producción, venta y distribución de droga, la minería ilegal y la extorsión, buscaba, sin éxito, la oportunidad de conseguir beneficios judiciales similares a los que se pactaron con las FARC durante cuatro años en La Habana.

"La presión militar, las denuncias de los colectivos sociales y la guerra interna con otras bandas ha debilitado al Clan del Golfo", opina Ávila. En los últimos dos años ha perdido 12 jefes y más de 1.500 miembros han sido capturados, según datos del Gobierno. Alias Gavilán, el número 2 de la organización, murió el 31 de agosto en un operativo cerca de la frontera con Panamá, región en la que se concentra la mayoría de esta organización por tratarse de una ruta clásica del contrabando hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

Desde 2006, cuando esta banda comenzó a delinquir, el Gobierno de Colombia lo había combatido con la Policía Nacional (cuerpo encargado de enfrentar a este tipo de organizaciones) con las denominadas operaciones Agamenón I y II. En mayo de 2016, esta estrategia cambió cuando el actual ministro de Defensa, a través de una directiva, comenzó a considerarlos "grupos armados organizados" para poder usar al Ejército en su contra, además de estrategias militares como los bombardeos. Táctica que fue clave para combatir a las FARC. "Esas acciones se regirán por el Derecho Internacional Humanitario (el llamado Derecho de Guerra) y no por las normas internas", se especifica en la norma.

La política de guerra del Estado contra el Clan del Golfo y organizaciones similares provocó que el pasado mayo, el grupo iniciara una ofensiva contra las fuerzas de seguridad que dejó nueve policías fallecidos y 37 heridos en distintos atentados. Esta estrategia mafiosa se conoce como plan pistola: los grupos criminales prometen entregar a los sicarios hasta dos millones de pesos, unos 700 dólares, por cada agente asesinado.

Se calcula que el Clan del Golfo cuenta con una nómina de unos 3.000 integrantes, entre hombres fijos y colaboradores a cambio de un sueldo. "Por el momento no sabemos cuántos se someterían a la justicia ordinaria ni en qué condiciones", ha aclarado el vicepresidente de Colombia.