Los jueces en la mira

Si el joropo y el castellano venezolanos, la mazurca y el idioma polaco, así como la danza del Horon y la lengua turca distinguen muy visiblemente a Venezuela, Polonia y Turquía, los tres países parecen compartir el drama de sistemas judiciales afectados severamente en su independencia por los distintos pasos ejercidos desde el poder político para controlarlos.

En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), máximo órgano jurisdiccional del país, encargado, entre otras cosas, de ejercer el control de legalidad de los actos del Ejecutivo, sufrió una serie de ampliaciones en sus miembros con elecciones hechas por un Legislativo controlado por el Ejecutivo. En los primeros años al menos se cuidaron las formas en asuntos como las mayorías calificadas en el Congreso. En 2014 eso se empezó a obviar: varios magistrados se quejaron que renunciaban por presión y luego se eligió por mayoría simple, y omitiendo todos los procesos de selección normados, a 13 magistrados principales. Luego de las elecciones parlamentarias del 2015, pero antes de que se instalara el nuevo Congreso con mayoría opositora, se amplió y consolidó ese control.

En Polonia, la película está en pleno desarrollo. Tan recientemente como la semana pasada en un Parlamento ávido de dictar normas para que el Gobierno pueda controlar el sistema judicial se aprobaron tres leyes que permitirían, entre otras cosas, destituir sin motivo a presidentes de tribunales y que el ministro de Justicia designe a los que ocupen las vacantes así generadas en la Corte Suprema. La presión de la Unión Europea llevó a que hace unos días el presidente Andrzej Duda vetara dos de las tres leyes aprobadas, pero todo indica que el tema de un mayor control gubernamental sobre la justicia seguirá en la agenda.

Y en Turquía se fue avanzando en el control político por el Gobierno de Erdogan en dos momentos. El primero, desde fines de diciembre de 2013, a propósito de denuncias sobre corrupción que tocaban a cuatro ministros, y otra referida al hijo del entonces primer ministro. Los fiscales pertinentes fueron removidos y las investigaciones no siguieron más. Luego se fueron haciendo cambios en la estructura de designación de jueces y fiscales para darle más control al Ejecutivo. El segundo momento vino luego del frustrado golpe militar contra Erdogan en julio de 2016.

Si bien se indicó que más de 2.000 efectivos militares habrían estado comprometidos, la puntería gubernamental se dirigió más bien a los jueces: más de 2.700 fueron removidos de sus puestos a las pocas horas del intento de golpe y más de 2.400 fueron detenidos (incluidos dos miembros de la Corte Constitucional) sin atisbos de debido proceso ni de derecho a la defensa. Con un tercio de los jueces ahora encarcelados, hay hechos como ese que lo dicen todo sobre la avasallada independencia.

Por las implicancias y consecuencias de recurrencias históricas intervencionistas como estas, es obvio que conciernen y afectan no sólo a jueces y fiscales. Repercuten directamente sobre las políticas públicas y los derechos de toda la población al menos en tres aspectos. Primero, para impedir —o hacer muy difícil— la investigación y sanción a actos de corrupción cometidos desde el centro del poder político. Segundo, para trabar cualquier “contrapeso” al poder gubernamental proveniente del sistema judicial en temas como el control de legalidad de actos del Ejecutivo. En tercer lugar, para dificultar el procesamiento de casos de violaciones de derechos humanos “encerrando” dentro de un sistema controlado cualquier intento de confrontar dinámicas de abuso contra la población o de impunidad en las investigaciones.

Estos son, pues, problemas serios que conciernen a la sociedad toda. Hace bien la comunidad internacional —y lo hace con perfecto derecho, por tratarse de derechos fundamentales— de estar pendiente de hechos tan graves como estos.