La policía de Costa Rica toma por la fuerza el servicio de medicina forense en huelga

La Policía de Costa Rica intervino a la medianoche del lunes el Complejo de Ciencias Forenses para garantizar el acceso de especialistas que reactiven las tareas de revisión de cadáveres y su entrega a familiares, suspendidas desde el miércoles por una huelga inédita en el Poder Judicial. El Ministerio de Seguridad forzó el ingreso a las instalaciones donde permanecían 35 cadáveres que los 40 especialistas de plantilla se negaban a procesar como protesta contra un proyecto legislativo que busca moderar su régimen de pensiones, costoso para el Estado.

Los huelguistas desoyeron un fallo de la Sala Constitucional, un llamado de la Defensoría de los Habitantes (no vinculante) y un pedido del presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, además del aviso de querellas emitido por la Fiscalía General. También ignoraron la crítica masiva de grupos políticos y sociales. Ayer cumplían su sexto día de huelga en el complejo ubicado en San Joaquín de Flores, 10 kilómetros al norte de San José.

Los equipos forenses se sumaron a una huelga que, en total, respaldan cerca de 13.000 funcionarios y tres mil jubilados con el sistema de pensiones del Poder Judicial, considerado uno de los mejores de América Latina, junto al de Uruguay y Chile, según un índice elaborado por la organización World Justice Project.

Las audiencias de juicios, la recepción de denuncias y la emisión de certificados también se han visto alterados por la huelga, pero toda la atención se ha centrado en el centro forense, donde varias personas lamentan no poder recibir todavía los cadáveres de sus familiares.

“Que me lo den ya”

“Mi muchacho tiene cuatro días de estar en la morgue. Si tengo que pedirles de rodillas que me lo den, yo lo hago, pero que me lo den ya”, contaba llorando en televisión Shirley González, madre de un joven de 22 años.

La portavoz de los empleados judiciales, Adriana Orocú, alegó que Medicina Forense está fuera de los servicios esenciales que la ley prohíbe interrumpir con la huelga y defendió la validez de la medida. Orocú culpa a los diputados de incumplir un acuerdo para considerar un proyecto de ley que sea menos lesivo para sus intereses de jubilación.

Diputados de varios partidos pretenden recortar beneficios para atender las alertas de expertos que han señalado la insolvencia del régimen jubilatorio del Poder Judicial, con un déficit cercano a los nueve millones de dólares, en momentos en que Costa Rica enfrenta un crecimiento de su hueco fiscal y del endeudamiento. Los funcionarios judiciales se pueden retirar a la edad de 60 años y cotizan el 11% de su salario, aunque al jubilarse reciben el equivalente al 100% de su sueldo mensual, condiciones muy distintas de las que recibe la mayoría de la población, inscrita en otro régimen también en crisis, adscrito a la Caja Costarricense del Seguro Social.