Algeciras, la ciudad que sí quiere un CIE

Cuestionado por su carácter cuasi carcelario, señalado por informes judiciales por su falta de garantías, y denostado por asociaciones para la defensa de los derechos humanos, no es fácil abanderar el argumento de que un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) sigue siendo un modelo válido. Pero José Ignacio Landaluce lleva haciéndolo desde que se alzó como alcalde de Algeciras, en 2011, con una histórica mayoría absoluta para el PP. Ahora que su Ayuntamiento ha rubricado con el Ministerio del Interior el único acuerdo de España (por el momento) para construir un nuevo CIE, el regidor pone pie en pared y deja clara su postura: “Los CIEs tienen que existir, es un brindis al sol decir lo contrario. Es necesario ordenar la sociedad. Lo que ocurre es que, cuando se tergiversa, se confunde”.

Incomunicación con el exterior; habitaciones masificadas, sin climatización o luz natural y, algunas, hasta sin retrete; ausencia de espacios lúdicos; falta de control sobre los medios de seguridad y contención empleados. La lista de deficiencias del actual CIE de Algeciras y su auxiliar en Tarifa crece año tras año y pone de acuerdo en algo a jueces, administraciones y ONGs: es necesario cerrarlo. En eso no difiere tampoco Landaluce: “Existen quejas a que siga el centro de la Piñera porque no es un edificio adecuado […] desde la etapa del Gobierno de Zapatero y yo soy el primero que defiendo que hay que acabar con él”. Pero ahí se acaba el consenso.

Este será el CIE que vendrán a ver el resto de los países de la UE

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras

“Este será el CIE que vendrán a ver el resto de los países de la UE, para servir de ejemplo”, asegura Landaluce hablando de su proyecto. “El edificio contará con biblioteca, instalaciones deportivas, comunicación telemática y no tendrá policía en el interior. Será el más social y comprometido”. El regidor inició los primeros movimientos para conseguir un terreno idóneo a mediados de 2012, justo cuando el CIE de Málaga cerró para siempre después de haber sido escenario de polémicas e irregularidades. El pasado abril, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció la intención de abrir nuevos centros también en Málaga y Madrid, además del ya acordado de Algeciras.

Para el alcalde popular, el cierre que defienden entidades sociales y otros Ayuntamientos con CIEs no es una opción válida. Al revés, hace falta un nuevo centro. “¿Por qué tiene que ser en Algeciras? Por aquí pasan cinco millones de personas al año y por operatividad es necesario”, abunda el regidor de una localidad con 120.600 habitantes (según datos del INE de 2016) que acoge al centro de internamiento con más migrantes de toda España. Según el Ministerio del Interior, en 2015 tenía 2.114 internados, correspondientes al 30% del total de inmigrantes que pasaron por estos centros en todo el país.

El nuevo CIE costará entre 20 y 21 millones de euros y se debe licitar este año. El convenio contempla la cesión municipal de 10.000 metros cuadrados —más otros 1.580 que cede la ciudad “para que la Comandancia de la Guardia Civil pueda crecer y facilitar así su labor de control del Estrecho”, según añade Landaluce— para la construcción del centro en una parcela anexa a la prisión de Botafuegos.

“Será un referente en España y Europa para la atención humanitaria”, dijo el pasado mayo José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior. Pero Zoido lo tendrá difícil para materializar su anuncio en la capital andaluza. Pese a ser compañeros de partido, el alcalde malagueño, Francisco de la Torre, ya ha mostrado su total oposición a la apertura de un nuevo centro en su ciudad. Tanto la capital malagueña como la Diputación (también gobernada por el PP) han aprobado sendas mociones plenarias para declararse espacios libres de CIEs y se han sumado al rechazo ya manifestado por ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, que estudian su margen de maniobra para acabar con los centros que tienen en sus territorios.

Ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia quieren cerrar los centros abiertos en sus territorios

A Gabriel Delgado, director del Secretariado de Migraciones del Obispado de Cádiz y Ceuta, no le sorprende la animadversión que los centros de extranjeros despiertan en diversos sectores de la sociedad. “No están cumpliendo con los fines para los que se crearon”, afirma. Y no habla de oídas. Como sacerdote, lleva 10 años visitando el CIE de Algeciras y siempre le despierta el mismo sentimiento: “Se me pone mal cuerpo. Veo a chavales enjaulados en dos patios y no logro entender porqué están custodiados como vulgares delincuentes. No encuentro la naturaleza de la existencia de los CIEs cuando puede haber otras alternativas”.

Delgado es firme defensor de optar por otras alternativas para la acogida de inmigrantes y predica con el ejemplo. Desde el Obispado impulsó la creación del centro gaditano Tierra de Todos para la ayuda e integración del inmigrante. Además, su Secretariado gestiona, a través de la Asociación Cardijn, pisos tutelados para los recién llegados. Justo esa labor de “control, tutela y acompañamiento” es la que defiende Andrés de la Peña, delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos del Campo de Gibraltar y uno de los mayores detractores de las nuevas instalaciones.

Junto a otras entidades, De la Peña y la APDH se ha manifestado en “innumerables ocasiones” a favor del cierre definitivo del CIE de Algeciras. También cuando se votó el convenio que ahora se ha suscrito con el Ministerio del Interior: PSOE, IU y Algeciras Sí Se Puede votaron en contra. “No estamos de acuerdo con el discurso demagógico del alcalde porque esto es una servidumbre, no una oportunidad”, reconoce Fernando Silva, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento.

Aunque está previsto que Algeciras reciba a cambio dos antiguos cuarteles y que se creen 200 puestos de trabajo, Silva cree que el beneficio para la ciudad “no está tan claro”. A De la Peña tampoco le convence el lugar escogido: “Se va a construir justo al lado de una prisión, con lo estigmático que eso resulta”. Además, para el portavoz socialista, el nuevo centro llega justo en el pleno del “debate de revisar el concepto de CIE”.

Con ese parapeto ante las críticas, ni Ayuntamiento ni Gobierno tienen intención de alterar su hoja de ruta. Las primeras previsiones apuntan a que las obras estén licitadas este año y arranquen en 2018. Para Landaluce, la situación del actual CIE (con varios dictámenes judiciales en contra de su estado) obliga a que los plazos sean ajustados: “No hay quejas de los internos sobre la atención, pero es cierto que el edificio es viejo. Además, la policía está desprotegida. No es un edificio rentable, es necesario uno nuevo”. El nuevo CIE de Algeciras no es negociable.

El proyecto The New Arrivals está financiado por el European Journalism Centre con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates.