La fiscalía investiga a un ministro de Macron por beneficiar a su pareja

La fiscalía de Brest ha abierto una investigación preliminar sobre los supuestos conflictos de interés del ministro Richard Ferrand, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Emmanuel Macron. La investigación, revelada por el diario Le Télégramme de Brest, no significa que Ferrand vaya a ser imputado. Pero es un primer paso hacia la judicialización de un caso que empaña el inicio del mandato del nuevo presidente, y siembra dudas sobre su voluntad de moralizar la política francesa.

Ferrand está bajo sospecha de haber utilizado sus posiciones de poder para beneficiar a familiares. En 2011, cuando era director de Mutuelles de Bretagne, esta mutua privada sin ánimo de lucro alquiló un local en el centro de la ciudad bretona de Brest a la pareja de Ferrand, Sandrine Doucen. En los años siguientes el valor del local se disparó. Antes, la mutua había encargado varios trabajos tanto a Doucen como a la exmujer del político bretón. Después, como diputado socialista en la Asamblea Nacional, Ferrand empleó durante unos meses como asistente parlamentario a su hijo, una práctica habitual en Francia. Y, aunque mantenía vínculos laborales con Mutuelles de Bretagne, impulsó una ley que favorecía al sector de las mutuas de salud.

Ferrand, ministro de cohesión territorial, es una pieza clave en el equipo de Macron. Secretario general de En marche!, el movimiento que le llevó a la presidencia, fue el primer diputado socialista que se sumó a su campaña, cuando pocos creían que aquel joven exbanquero y exministro de Economía llegara a la presidencia.

Macron lo defiende. “Las cosas no van forzosamente bien cuando la prensa se convierte en juez”, dijo el miércoles en el consejo de ministros. El presidente cultiva una imagen “jupiterina”, como dice él. Es decir, quiere elevarse por encima de las querellas partidistas y mediáticas diarias, y evitar dejarse arrastrar por ellas.

El caso Ferrand es la primera prueba para Macron, el primer tropiezo desde que el 14 de mayo juró el cargo. Hasta ahora, sus primeros pasos en el poder —desde la escenificación de la victoria y llegada al Elíseo a los encuentros con los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin— había merecido un aplauso muy amplio. Los sondeos pronostican una victoria amplia para su partido en las elecciones legislativas del 11 y el 18 de junio.

Un 70% de franceses cree que el ministro debería dimitir, según un sondeo del instituto Harris.

La derecha denuncia un doble rasero: su candidato a las presidenciales, François Fillon, vio malograda su condición de favorito para las elecciones presidenciales tras las revelaciones y la posterior imputación por los supuestos empleos ficticios de su mujer y sus hijos.

Ferrand se defiende alegando que no había cometido ninguna ilegalidad. Las conclusiones de la investigación preliminar de la fiscalía determinarán si hay sospechas de lo contrario. El primer ministro, Édouard Philippe, ha dicho que cualquier ministro imputado deberá dimitir.

La noticia de la investigación coincidió con una rueda de prensa de François Bayrou, el ministro de Justicia, para presentar el proyecto para la moralización de la vida política, un eje del mandato de Macron. Las reformas, que el consejo de ministros debe aprobar el 14 de junio, prevén la prohibición para diputados y ministros de contratar a familiares, las actividades de asesoría en paralelo a la de parlamentario, y la acumulación de más de tres mandatos seguidos para los cargos electos, entre otras medidas.

"No creo que los hombres sean virtuosos. Nunca he creído en la virtud individual, en la moral universal. En cambio, creo en las instituciones", dijo Bayrou en la rueda de prensa. Y en referencia a la investigación de la fiscalía por el caso Ferrand, añadió: "Tienen ante ustedes la prueba de la independencia de la justicia".