Alarma por el avance de bandas criminales en las zonas abandonadas por las FARC

El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC está a punto culminar, en medio de retrasos logísticos, su primera fase de aplicación. Alrededor de 7.000 combatientes se encuentran en plena transición hacia la vida civil, lo que incluye la entrega de sus armas, mientras las autoridades esperan que los beneficios del fin del conflicto se noten antes de entrar en la recta final de la campaña de las presidenciales de 2018. Desde la firma del segundo acuerdo el pasado 24 de noviembre, el avance es sustancial: tras más de 50 años, en Colombia terminó la guerra. Pero, ¿cómo va el desarrollo de la paz? La Fundación Paz y Reconciliación, uno de los principales observatorios del país, y la iniciativa Unión por la paz, encabezada por el analista León Valencia y el expresidente Ernesto Samper, han ahondado en los problemas y en los retos de la implementación de lo pactado con la guerrilla, que en su opinión necesita en estos momentos un “relanzamiento” del proceso.

Una de las conclusiones de un informe al que ha tenido acceso a EL PAÍS alerta sobre la “preocupante” situación en los territorios abandonados por las FARC, que han ido dejando sus áreas de influencia en 242 municipios para agruparse en 26 zonas rurales de tránsito. “En algunos municipios, se advierte sobre la presencia de nuevos grupos armados ilegales y estructura criminales, los cuales tendían interés en controlar las economías criminales como los cultivos de coca, la minería ilegal y la extorsión”, señala el estudio, que va más allá al observar en algunas regiones el crecimiento de la delincuencia común hasta calificarlo de “anarquía criminal”. El repliegue de los guerrilleros ha abierto la puerta a la ocupación del segundo grupo insurgente activo en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, a la expansión de bandas criminales y mafias dedicadas al narcotráfico como el Clan del Golfo y a la disidencia de las FARC.

Violencia contra líderes sociales

La fundación advierte también sobre “una crisis de violencia sistemática contra líderes sociales asociados al proceso de paz, la defensa de los derechos humanos y las víctimas”. Entre noviembre y el 15 de mayo se registraron 41 homicidios contra este tipo de activistas, aproximadamente, uno cada cuatro días, y “108 hechos victimizantes”, entre los que figuran amenazas, atentados, secuestros y detenciones arbitrarias. Con todo, el informe señala que “en las últimas semanas la intensidad de la violencia se ha reducido”. Las razones: “En gran parte, obedecería a las medidas que ha venido tomando el Gobierno, particularmente desde que asumió Oscar Naranjo como vicepresidente y comenzó a liderar los asuntos de seguridad. Igualmente obedecería a la veeduría social y política que han realizado diferentes organizaciones sociales”.

Según el estudio, tanto las fuerzas de seguridad como las FARC “han cumplido a cabalidad el cese bilateral al fuego y hostilidades definitivo”. “Si comparamos con Siria, donde un cese bilateral al fuego no dura más de seis horas, o la República Democrática del Congo, donde se presentaron decenas de incidentes, en Colombia a casi un año de haber comenzado el cese bilateral la situación se puede considerar un éxito”, concluye.

Debilidad del Estado

No obstante, el Estado se enfrenta en la implementación de los acuerdos a un obstáculo crucial, que consiste en su propia debilidad en algunas zonas del campo colombiano. “Se evidencian las limitaciones del Estado para construir gobernabilidad en los territorios dejados por las FARC”, mantiene la fundación, que observa una “deficiente respuesta de las instituciones tras el repliegue de las FARC de los territorios donde ejercían control militar, social y económico”. Es decir, según este análisis, y a pesar del trabajo del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, las autoridades no estaban preparadas “para responder a las necesidades mínimas de seguridad, justicia, infraestructuras, o posibilidades ecos para la población”. Los expertos consideran que la presencia del Estado no se traduce únicamente en el incremento de fuerzas militares. “Los conflictos sociales entre campesinos, los asuntos linderos y la pequeña delincuencia no se combaten con pie de fuerza. La necesidad de crear mecanismos de justicia, un modelo de seguridad rural y en general la llegada del Estado no se pude resumir en 62.000 militares nuevos”. Esta circunstancia, unida a los retrasos en la habilitación de las llamadas zonas veredales, contribuyen a “generar incertidumbre en la base guerrillera y en la sociedad en general sobre la capacidad del Gobierno de cumplir”.

Relanzar el proceso

A eso hay que añadir el duro golpe que ha sufrido en los últimos días la figura jurídica adoptada para la aplicación de los acuerdos de paz, conocida como fast track. La Corte Constitucional decidió tumbar dos de los artículos de ese procedimiento. El mismo tribunal lo había aprobado el pasado diciembre, aunque ahora ha resuelto rechazar los apartados que limitaban la intervención del Congreso, y por tanto de la oposición al Gobierno de Juan Manuel Santos, en la implementación de los acuerdos. La fundación muestra, además, su preocupación por “la indiferencia de una parte importante de la sociedad frente al histórico echo de la terminación de una guerra de 52 años”, por lo que el país “corre el riesgo de que se cumpla el triste pronóstico de que la paz es importante hasta que se firma”.

El informe deja también una reflexión de fondo fundamental al alentar “un reajuste al proceso de implementación de los acuerdos y un relanzamiento de la paz para garantizar el futuro del postconflicto”. “La primera decisión que debe tomar el presidente Santos es ponerle una cabeza única al postconflicto con todo el poder y los recursos para sacar adelante el proceso”, recomienda el observatorio. “La segunda medida es convocar a las fuerzas políticas favorables a la paz para renovar el pacto político orientado a acelerar la presentación y trámite de los proyectos de ley en función de la implementación de los acuerdos”, prosigue el estudio, que pone el acento en el papel de la sociedad civil para “generar un nuevo ambiente en favorable a la paz con las FARC y con el ELN y apoyar al Gobierno al relanzamiento de los acuerdos”.