Las madres de Soacha no encuentran justicia en Colombia

María Sanabria quiere saber la verdad. Hasta hace algún tiempo también esperaba una sentencia condenatoria por el asesinato de su hijo Jaime Estiven Valencia. “Después de nueve años, se empieza a dudar de que alguien vaya a ser condenado, pero al menos quiero saber qué pasó, cómo fue, por qué lo hicieron. Saberlo es otra forma de justicia”, dice. Desde 2008 lleva haciéndose las mismas preguntas. Su única certeza es que a Jaime Estiven lo torturaron, lo mataron y lo hicieron pasar por guerrillero. Su nombre es parte de la lista de las más de 3.000 personas que aparecen en uno de los peores capítulos de la historia reciente de Colombia: las ejecuciones extrajudiciales también conocidas como falsos positivos.

Su hijo, de 16 años, desapareció en Soacha, cerca de Bogotá, y fue encontrado muy lejos de su casa en Ocaña (Norte de Santander), bajo el rótulo de ‘guerrillero muerto en combate’. Su asesinato fue uno de los tantos que sirvió para que muchos soldados y altos mandos del Ejército recibieran felicitaciones y consiguieran beneficios económicos y vacaciones durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002- 2010). Nueve años después, María sigue tropezando con un aparato judicial que no parece estar a favor de las víctimas. El pasado 29 de marzo se lo recordaron, una vez más. Las madres de Soacha, como se llaman a las mujeres que perdieron a sus hijos en ese municipio colombiano a manos del Ejército, siguen luchando para que el asesinato de los jóvenes no quede en la impunidad.

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La audiencia en la que se hablaría del proceso por la muerte de Jaime Estiven fue cancelada bajo el argumento de que el caso debía ser examinado por la Justicia Especial para la Paz (JEP), anunciada en el proceso de paz con las FARC. Como si la desaparición de su hijo se hubiera dado en el marco del conflicto colombiano, como si su hijo, un adolescente estudiante, hubiera hecho parte de alguno de los bandos que por más de cincuenta años desangraron a un país. “¿Nueve años después me dicen eso? ¿mandan el proceso a un sistema que ni siquiera ha empezado a funcionar?”. María interpuso una acción de tutela manifestando sus dudas y pronto, un juez le dio la razón. Señaló que se vulneró el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia al pretender enviar el caso a la JEP. María espera una nueva citación por la vía ordinaria para ver si por fin puede escuchar la verdad.

El debate sobre la aplicación de la JEP apenas empieza y no está muy claro sobre cuáles investigaciones procederá. Hay dudas incluso por los expedientes en los que ya hay condena. Hace unos días 21 militares, entre ellos un coronel, fueron sentenciados a penas de cárcel de entre 37 y 52 años por estos crímenes, pero no se descarta que esas investigaciones se reabran en la jurisdicción especial. “Estamos frente a una inflexión histórica que permitirá un tratamiento que realmente cobije a quienes participaron en el conflicto de manera directa o indirecta y esa determinación la tomarán los jueces y magistrados en cada caso", dijo recientemente el vicepresidente de Colombia, el general en retiro Óscar Naranjo. Serán entonces los jueces quienes decidan a qué tribunal se someterán los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales. Muchas madres se alistan para demandar con tal de que los procesos de sus hijos sigan en el ámbito ordinario.

“Hemos vivido un doble crimen: asesinaron a nuestros hijos y nos niegan el acceso a la justicia”, repite María, de 60 años. Los casos por los que las madres de Soacha luchan han sido declarados como crímenes de lesa humanidad y ese es el argumento principal, dice ella, para rechazar que tengan un tratamiento especial.

María también espera que la demanda contra el expresidente Uribe por injuria y calumnia avance. En la audiencia más reciente, el exmandatario no asistió y varias madres de los jóvenes que fueron ejecutados extrajudicialmente se quedaron esperando la retractación del ahora senador. Hace dos años, Uribe aseguró en un trino que se había reunido con algunas de estas mujeres y que ellas le reconocieron que sus hijos habían participado en actos delincuenciales. Las víctimas lo denunciaron e insisten en saber a quién se refería con esa afirmación.

“Si mis palabras ofendieron a las madres les pido perdón. Las madres que me denunciaron no estuvieron en la reunión de la presidencia, aunque mis palabras no refieren a ellas, les pido perdón. A las madres que estuvieron en la reunión de la presidencia también les pido perdón”, decía un mensaje escrito por el expresidente. Ellas solo esperan que asista el próximo 19 de mayo a una nueva audiencia en este proceso. “Si no llegamos a una conciliación, el juicio tendrá que avanzar”, sentencia María, que cada año que pasa habla con más fuerza.