El Gobierno venezolano inhabilita a otro gobernador opositor

Mientras el Gobierno de Nicolás Maduro promueve una controvertida Asamblea Constituyente que, insiste, servirá como “un espacio de diálogo” para conjurar la actual crisis política de Venezuela, también mantiene su imparable ataque contra la oposición. Esta campaña se ha cobrado una nueva víctima, el gobernador del Estado de Amazonas, Liborio Guarulla, inhabilitado por la Contraloría General de la República (CGR) para ejercer cargos de elección popular durante los próximos 15 años. La medida fue dada a conocer por el propio Guarulla el domingo a través de Twitter. “No tenemos la desesperación del régimen rojo, así que el martes en Caracas hablaremos de nuestra pretendida inhabilitación política por la CGR”, escribió

Guarulla, un político de etnia indígena oriundo de esta provincia selvática y escasamente habitada, la más austral de Venezuela, es el segundo de apenas tres gobernadores de oposición —de un total de 24 gobernaciones— al que se somete a una sanción similar. A principios del pasado abril, el gobernador del Estado de Miranda y dos veces excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, fue notificado de su inhabilitación, también por 15 años, por causa de supuestas irregularidades administrativas.

Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular y prisionero en una cárcel militar desde 2014 bajo cargos de rebelión, fue en su momento inhabilitado por su actuación como alcalde del municipio de Chacao, en el noreste de Caracas. Otra destacada dirigente de oposición, María Corina Machado, fue inhabilitada en julio de 2015 por un año como consecuencia de una falta menor en su desempeño como diputada a la Asamblea Nacional.

Contraloría General

La Contraloría General es un ente del Estado encargado de supervisar la gestión adecuada de los fondos públicos y bienes del Estado. Forma parte del llamado Poder Ciudadano, de acuerdo con la Constitución de 1999. Siempre bajo control directo del chavismo, su titular desde 2014 es el abogado Manuel Galindo Ballesteros, ficha leal al presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, desde que ambos pasaron por la presidencia del Parlamento.

A pesar de su escaso peso poblacional, la jurisdicción electoral de Amazonas ha estado en el centro del conflicto político desde diciembre de 2015. Entonces se celebraron las elecciones legislativas en las que la oposición arrasó, en esa provincia como en casi todo el país. Sin embargo, el partido de Gobierno, PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), impugnó esos resultados locales con un recurso que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, también dominado por el oficialismo) se apresuró en aceptar pero que todavía no resuelve. El retraso en el pronunciamiento del Supremo impidió a la oposición completar el número de curules necesario para su mayoría calificada en la Asamblea Nacional. En vista de ello, la bancada de oposición decidió incorporar a los diputados de Amazonas, un hecho consumado que llevó al Supremo a declarar en desacato al Parlamento en septiembre de 2016.

La inhabilitación de Guarulla, dirigente del socialdemócrata Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), ha dado fundamento a las versiones según las cuales el Gobierno de Maduro se prepara para pulsar las teclas que activarán un próximo llamado a elecciones regionales.