Asesinado el director de una cárcel guatemalteca de alta seguridad

José María Pérez Corado, de 50 años, director temporal de la prisión de alta seguridad guatemalteca conocida como El Infiernito, fue asesinado este sábado en el parque central de la ciudad de Escuintla, la capital de la provincia homónima donde se encuentra ese centro penitenciario, en el suroeste del país centroamericano, mientras disfrutaba de su día de descanso.

El funcionario, con 17 años de servicio en el Sistema Penitenciario, había asumido el cargo en febrero pasado, después de que 164 pandilleros de la mara Barrio 18 fueran trasladados a esa prisión de máxima seguridad, para evitar que continuaran cobrando extorsiones desde sus calabozos.

Cuando se efectuó el traslado de los delincuentes, las autoridades anunciaron que todos los módulos de la cárcel habían sido debidamente remozados y se habían habilitado los bloqueadores de señales de teléfonos móviles para evitar que los reos continuaran con sus extorsiones desde el interior de las celdas.

El Infiernito, que cobija a reos de alta peligrosidad, ha sido escenario tanto de fugas como de asesinato de reclusos en los últimos tiempos. El último de ellos se produjo el pasado 12 de marzo, cuando uno de los jefes de Barrio 18, Eliseo Ajanel, conocido con el alias de El Dark, murió en la enfermería del centro, a donde había sido llevado después de ser encontrado inconsciente en su celda. El hecho todavía no ha sido plenamente esclarecido.

El portavoz del sistema penitenciario guatemalteco, Rudy Esquivel, ha remarcado en declaraciones a EL PAÍS que el funcionario asesinado no había reportado amenazas. Prueba de ello, ha subrayado el vocero, es que paseaba tranquilamente por el parque de Escuintla cuando fue abatido.

Algunos testigos del hecho, en declaraciones ofrecidas a las radios noticiosas, han señalado que Pérez hablaba por teléfono cuando sus atacantes se le acercaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

Esquivel ha aseverado que el agente abatido deja un récord limpio después de 17 años de servicio, mientras que corresponde a la Fiscalía aclarar cómo ocurrió el homicidio. El Sistema Penitenciario no tiene ninguna hipótesis sobre el origen del mismo.