La justicia de Arkansas decide si frena una ejecución masiva de presos

La juez federal Kristine Baker, considerada progresista en asuntos sociales, debe decidir si permite que Arkansas lleve a cabo su plan maquiavélico de ejecutar a partir del próximo lunes a siete presos en un plazo de 11 días. Las prisas de Arkansas, que no aplica la pena capital desde 2005, se deben a que en mayo caducará su reserva de midazolam. Es uno de los tres componentes utilizados para matar a una persona mediante una inyección letal, pero ha provocado ejecuciones agónicas en el pasado.

Es una decisión sin precedentes en Estados Unidos desde que en 1976 el Tribunal Supremo reinstauró la pena capital. Si la justicia no lo impide o el gobernador de Arkansas no aprueba un indulto a última hora, el Estado sureño batirá el récord de Texas, que ejecutó a seis reos en un plazo de 11 días en 1997 y 2000, según el Centro de Información de la Pena de Muerte.

Un magistrado paralizó la semana pasada la pena capital de un octavo reo después de que un panel de apelaciones recomendara cambiar su condena por una cadena perpetua.

Baker escuchó este martes nuevos testimonios antes de emitir una sentencia, que podría llegar el jueves, en el juzgado del Distrito Este, en Little Rock.

El Gobierno del republicano Asa Hutchinson, que busca sacar réditos políticos de la pena capital, alega que los siete hombres —autores de delitos entre 1991 y 2000— cometieron crímenes horribles y que su muerte es la mejor manera de lograr justicia para las víctimas.

La defensa de los presos argumenta que el escaso intervalo entre ejecuciones supone un castigo cruel, puede conllevar complicaciones médicas y dificulta el derecho a la defensa legal. “Nuestro país no participa en ejecuciones masivas”, dijeron los abogados. “El calendario de ejecuciones no respeta la dignidad del condenado”.

A petición de los reos, Joel Zivot, un experto en anestesia, advirtió, en un testimonio el lunes, de que la combinación de fármacos que se utilizarían en las ejecuciones podría desatar complicaciones, como sentirse ahogado “bajo el agua” y “quemar las venas”.

Sin embargo, Lee Rudofsky, abogado del Gobierno de Arkansas, argumentó que el potencial de una muerte dolorosa no es motivo suficiente para impedir la pena capital, en una alusión al aval que ha dado la justicia al uso de midazolam.

Mínimos en cuatro décadas

Los planes de Arkansas llegan en un momento en que las condenas a muerte en Estados Unidos están en su nivel más bajo en cuatro décadas —30 personas en 2016, un 39% menos que el año anterior— como consecuencia de problemas logísticos y legales.

El boicot de fabricantes europeos y estadounidenses ha limitado en los últimos años el acceso a sustancias para ejecutar a reos. Los 32 Estados que permiten la pena de muerte se han visto obligados a recurrir a fármacos en mercados alternativos o en el extranjero.

Eso les ha llevado a experimentar con nuevas sustancias. Una de esas es el midazolam, un sedante que supuestamente es la benzodiacepina de efecto más rápido, pero que hasta hace poco no se utilizaba porque había alternativas mejores y que ha provocado ejecuciones esperpénticas. En 2014, un preso en Oklahoma se convulsionó y murmuró media hora después de administrarle la inyección letal con esa sustancia. El pasado diciembre, un reo en Alabama agonizó durante 13 minutos antes de fallecer.

El Tribunal Supremo ha avalado el uso del midazolam, que se ha extendido después de que los Estados se quedaran sin pentotal sódico, el anestésico que se usaba para dormir al reo antes de inyectarle en vena las otras dos sustancias que acaban con su vida: el bromuro de pancuronio, que paraliza todos los músculos y corta la respiración; y el cloruro de potasio, que detiene el corazón, provocando por tanto la muerte. Esa es la combinación que prevé usarse en Arkansas.