Alemania aprueba el proyecto de ley que permite acceder a móviles y ordenadores de refugiados
Las medidas aprobadas en Consejo de Ministros endurecen la política de asilo y facilitan las expulsiones
El Gobierno alemán aprobó este miércoles en su Consejo de Ministros un polémico proyecto de ley que endurece su política de asilo y facilita, al mismo tiempo, la expulsión de decenas de miles de refugiados a quienes les fue denegada su petición de asilo. El proyecto de ley, que debe ser aprobado por la Cámara Alta y el Parlamento federal, contempla el acceso, por parte de las autoridades, a los teléfonos móviles y ordenadores de los peticionarios de asilo para determinar su nacionalidad.
La futura ley, según el deseo del Gobierno germano, debe agilizar las deportaciones de los peticionarios de asilo y también incluye sanciones drásticas para todas aquellas personas que hayan facilitado datos falsos a las autoridades en el momento de ingresar al país.
El contenido de la futura ley fue negociado hace dos semanas entre los 16 Estados federados, que son responsables de las expulsiones y el Gobierno federal, una realidad que facilitará su aprobación en el Bundesrat— Consejo Federal—. La aprobación del proyecto no corre peligro en el Bundestag— Parlamento Federal—, donde la coalición de gobierno cuenta con una holgada mayoría.
“Si un refugiado ha realizado noventa llamadas telefónicas a Sudán y le dice a las autoridades que él viene de Eritrea, es fácil suponer que se trata de un sudanés”, dijo el ministro del Interior, Thomas de Maizière, al justificar la nueva medida y, al mismo tiempo, rechazar las críticas formuladas por los dos partidos de oposición, Los Verdes y La Izquierda, que denunciaron que la medida vulnera la esfera privada de las personas. “La medida es inteligente y razonable”, añadió el ministro.
La nueva normativa también facilita la detención para su expulsión de todos los peticionarios de asilo que representan una amenaza para la integridad física o a la seguridad nacional. El proyecto de ley, que contempla la posibilidad de utilizar tobilleras electrónicas para vigilar el desplazamiento de los sospechosos, amplía de cuatro a diez días, el tiempo máximo de detención previo a la fecha de deportación.
La medida aprobada este miércoles por el Consejo de Ministros, pone fin a la famosa “cultura de bienvenida” que echó raíces en el país en el verano de 2015, cuando la canciller Angela Merkel ordenó abrir las fronteras alemanas a cientos de miles de refugiados. Ahora y cuando solo faltan siete meses para las elecciones federales, la canciller ha enviado una poderosa señal de dureza para aplacar las críticas que recibió, sobre todo de parte de la CSU de Baviera, a causa de su generosa política de asilo.
La “cultura de bienvenida”, puede convertirse en el curso del año en una polémica “cultura de expulsiones”. Según el ministro de la cancillería, Peter Altmaier, 300.000 peticiones de asilo fueron rechazadas en el curso de 2016, de un total de 700.000. “Esas personas deben regresar, de la manera más rápida posible, a sus países, de lo contrario la credibilidad del Estado de derecho alemán sufrirá una enorme daño”, dijo el ministro, cuando el Gobierno federal negoció el contenido de la ley con los representantes de los 16 estados federados.
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