Tribuna
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México: 100 años de Constitución

Hoy la vigencia del propio consenso democrático está en riesgo por el extendido malestar social

El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese documento, hoy vigente, fue la respuesta y la salida a la Revolución Mexicana que iniciara en 1910, considerada la primera revolución social del siglo XX. De ese movimiento surgió, también, la primera Constitución nacional que incorporó de forma expresa, además de derechos individuales, a los derechos sociales. Entre los segundos destaca el derecho al trabajo, incluyendo el salario mínimo (que “deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de sus hijos”), la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades de las empresas, así como la libre organización de trabajadores y patrones y el derecho a huelga.

La Constitución de 1917 fue un texto de vanguardia en otros temas en los que aún se debaten las sociedades contemporáneas, como la libertad de creencias, la separación de religión y política y la definición de la educación laica. Tengo ante mi una edición facsimilar del texto de los constituyentes de 1917. Su artículo tercero señala que el modelo de educación que imparta el Estado “se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.

Con su Constitución de 1917, heredera de la obra de los liberales decimonónicos (“los esclavos del extranjero que entren en territorio nacional alcanzarán, por ese solo hecho, su libertad y protección de las leyes” dice la carta magna desde 1857), México se concibió como una república federal y democrática, donde todo poder público dimana del pueblo.

Mucha agua ha corrido bajo el puente en estos cien años. La propia Constitución mexicana ha sido modificada decenas de veces en temas fundamentales para el modelo de Estado y desarrollo: por ejemplo la liberalización al mercado de la propiedad comunal de la tierra (en 1992) o el fin al monopolio público en la extracción de petróleo (2014). En materia de garantías, un importante cambio (2011) introdujo la preeminencia de los derechos humanos definidos en la carta magna y en los tratados internacionales, por citar cambios capitales.

Las transformaciones políticas más profundas que ha vivido México, paradójicamente, más que ser propiciadas por reformas a la Constitución de 1917 han consistido en hacerla valer. Es el caso de la división de poderes y del federalismo, plasmados en el texto original, pero que el régimen político de partido hegemónico y fuerte presidencialismo volvieron letra muerta. Fue a través de la transición que hizo efectivo el respeto al voto, la edificación de un sistema plural de partidos, la expresión de la pluralidad política en el Congreso y la alternancia en la Presidencia, como México alcanzó el estatus democrático hacia el fin del siglo XX.

Sin embargo, el mayor contraste entre lo que quisieron los constituyentes de 1917 y la realidad de 2017 se da en el terreno social, a pesar de ser una Constitución pionera en derechos sociales. Hoy la vigencia del propio consenso democrático está en riesgo por el extendido malestar social.

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En México seis de cada 10 de trabajadores laboran en la informalidad, sin ninguna de las prestaciones al trabajo que la ley establece. El salario mínimo, que reciben 7,8 millones de personas, se sitúa en menos de cuatro dólares al día, lo que hace que una familia promedio que disponga de un salario mínimo se encuentre en una situación de pobreza extrema, lejos de la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas que mandata el texto constitucional.

Con un trabajo tan precario, no es de sorprender que 46% de los mexicanos (55 millones de habitantes) sean pobres. Tampoco se ha revertido la desigualdad, pues el uno por ciento más rico de la población concentra 21% del ingreso nacional.

El acceso de la población a derechos básicos como salud y educación –también reconocidos constitucionalmente- dejan mucho qué desear. Más de veinte millones de personas no tienen cobertura de servicios de salud y una quinta parte de los ciudadanos tiene rezago educativo al no culminar la educación obligatoria.

Los constituyentes de 1917 imaginaron un país de derechos, sin exclusiones ni abusos. Un siglo después, el mayor déficit de México sigue siendo la pobreza material de millones y la abismal desigualdad. Si una Constitución es un pacto político y social por excelencia, la viabilidad de México como nación, en una era marcada por la adversidad externa, dependerá de la capacidad de generar, al fin, cohesión social interna. Ese es el reto mayúsculo para la actual generación de mexicanos

Ciro Murayama es economista y Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral de México.

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