Erdogan lamina el espíritu crítico en la universidad

“Se me ha designado terrorista con una decisión ministerial, sin que medie sentencia judicial o investigación administrativa. Y, cuando he intentado contactar a las autoridades para que me expliquen de qué se me acusa, me han respondido que es ‘secreto de Estado’. ¡Es kafkiano!”, se lamenta Ahmet, que habla con EL PAÍS a cambio de ocultar su verdadera identidad. El profesor, con años de experiencia en una universidad pública, se queja de que la decisión supone para él “una muerte civil por decreto”. “Se me ha prohibido trabajar para el Estado de por vida y han cancelado mi pasaporte, con lo que tampoco puedo buscar empleo en el extranjero”, explica. Etiquetado como ha quedado, además, le resultará prácticamente imposible hallar un puesto en la educación privada: “¿Qué haré? ¿Vender limones en el mercado?”.

Desde el fracaso de la asonada militar del pasado julio, 6.337 académicos han sido expulsados de la universidad y pesan órdenes de arresto sobre varios cientos más. Buena parte de ellos pertenecían a las 15 universidades ligadas a la cofradía de Fetula Gülen, a la que las autoridades acusan del golpe de Estado, que fueron cerradas por decreto, pero no todos los profesores despedidos son gülenistas. De hecho, las purgas en la educación superior habían comenzado antes. En enero se abrieron investigaciones a los 1.128 firmantes de un manifiesto contra la política del Gobierno islamista respecto a los kurdos. Varios profesores fueron detenidos, otros muchos expulsados de sus centros y algunos fueron agredidos al ser públicamente señalados como simpatizantes del terrorismo y tuvieron que abandonar las ciudades en las que enseñaban.

“Durante toda la historia de Turquía, la derecha ha buscado suprimir los movimientos de profesores, porque llevamos los valores de la Ilustración y la República a todos los rincones del país”, sostiene Mustafa Görkem Dogan, representante en Estambul del sindicato progresista Egitim-Sen, que ha visto a más de 10.000 de sus afiliados –entre maestros y personal académico- purgados de la Administración en los últimos meses: “Pero esta vez han jugado sucio. Antes, aunque se ilegalizasen nuestras organizaciones, se nos permitía seguir enseñando en otros lugares. Ahora no. Y no se debe jugar con el pan de la gente”.

Un asesor del presidente Recep Tayyip Erdogan consultado por este diario –y que tampoco quiere dar su nombre- reconoce que “es doloroso para el país” perder a tantos académicos. “Pero hemos vivido un hecho terrible (el golpe) y estamos haciendo todo lo posible para que no vuelve a ocurrir. Estoy seguro de que hay algunos inocentes entre los arrestados, pero nos cercioraremos de que al final solo los verdaderos culpables son castigados”, afirma. Si bien también avisa de que aquellos que “promueven el terrorismo” no pueden ampararse en la libertad de expresión.

Desde que alcanzó el poder en 2002, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha modificado lentamente el currículum educativo –fundamentalmente en la educación primaria y secundaria-, dentro de su objetivo de “criar a una nueva generación religiosa”. También en la universidad –uno de los bastiones del pensamiento crítico- ha intentado introducir a sus adeptos. Uno de los métodos ha sido el Consejo de la Educación Superior (YÖK), una institución creada en 1982 por la Junta Militar para reducir prácticamente a cero la autonomía universitaria. Pese a que el AKP pretendía abolirlo a su llegada al Gobierno, en cuanto se hizo con el control del consejo YÖK –un tercio de sus miembros los elije el Gobierno; otro tercio, el presidente y el resto, las universidades- no solo abandonó su promesa sino que reforzó sus poderes: por ejemplo, puede intervenir las universidades que considere mal gestionadas.

Otra de las medidas adoptadas el mes pasado por los islamistas fue la eliminación de las elecciones a rector, cosa que una fuente del Ejecutivo justifica como necesaria “para eliminar la influencia que los gülenistas habían logrado en las universidades turcas a través del chantaje, las amenazas y la presión a otros académicos”. “Las elecciones creaban divisiones entre el profesorado”, asegura la fuente: “No en todos los organismos se utilizan las elecciones para seleccionar a la dirección. ¿Hay elecciones en las fábricas para seleccionar quién manda? ¿O al frente de los ferrocarriles o los servicios postales?”.

Es cierto que, hasta ahora, era el presidente quien designaba a los rectores entre los tres candidatos más votados por el profesorado de cada universidad, pero el que Erdogan pueda nombrarlos sin consulta ha despertado las iras de los académicos. “En las sociedades democráticas las universidades son autónomas”, recuerdan en una carta de protesta los profesores de la Universidad del Bósforo, una de más prestigiosas de Turquía y para la que Erdogan acaba de nombrar rector a Mehmed Özkan, hermano de una diputada del partido gobernante, ignorando los resultados de las elecciones internas, celebradas en julio y en las que la actual rectora, Gülay Barbarosoglu, obtuvo el 86 % de los votos.

Además, parte de los 1.577 decanos de las facultades de todo el país que fueron obligados a dimitir los días posteriores al golpe no han sido restablecidos en sus puestos, lo que hace temer que los más críticos puedan ser sustituidos por adeptos al Gobierno.

“En la universidad reina un ambiente de temor”, explica Nihat, titular en una institución privada y que tampoco quiere dar su verdadero nombre: “Y muchos profesores se autocensuran”. Especialmente desde el caso de Zeynep Sayin Balikçioglu, que fue fulminantemente despedida después de que un alumno la grabase tildando a Erdogan de “vulgar” y “maleducado”. Nihat explica que muchos académicos sienten miedo incluso de sus propios alumnos, entre los que puede haber algunos cercanos al partido gobernante que “actúen como chivatos”, y habla de la existencia de listas negras que han empezado a circular en las que profesores aprovechan el estado de tensión actual para cargar contra sus rivales académicos acusándoles en falso. “Yo creo que a mí me quedan los días contados”, se lamenta.

Tres académicos de tres centros diferentes –públicos y privados- han confirmado a este diario que las actividades de los clubes de estudiantes y las asociaciones han sido reducidas al mínimo, incluso aquellas con escaso contenido político, para no irritar al Gobierno. Los alumnos de la Universidad del Bósforo se han quejado en un vídeo de la excesiva presencia de agentes de policía que, según ellos, busca impedir toda actividad estudiantil. “La universidad no son solo lecciones y libros de texto, son las charlas, los debates y las actividades extraescolares, pero todo eso se ha parado”, denuncia Levent Dölek, investigador de la Universidad de Estambul recientemente despedido.

Todo ello repercute en la calidad de la enseñanza. “Están expulsando a profesores que hemos dedicado toda nuestra vida a la investigación y sustituyéndonos por los acólitos del Gobierno, que en muchos casos no tienen la cualificación necesaria”, asegura el catedrático de Medicina Forense Ümit Biçer, expulsado de la Universidad de Kocaeli: “Esto provocará graves daños en la educación, a la que están vaciando de contenido. Este Gobierno quiere imponer un pensamiento único y por eso intenta silenciar a la oposición”.