La industria pone en duda la eficacia del impuesto a las bebidas azucaradas

La diabetes es uno de los principales problemas de salud en México, uno de los países más obesos del mundo. El ejecutivo propuso en septiembre de 2013 aplicar un impuesto disuasorio al consumo de bebidas con alto contenido calórico para combatir esta enfermedad, que provocó más de 94.000 decesos y se convirtió en la segunda causa de muerte en 2014, según datos oficiales. La industria refresquera ha cuestionado la efectividad del gravamen y ha asegurado que se intenta responsabilizar injustamente a los productores por la prevalencia de la diabetes tipo dos, la variante más común y cuya epidemiología se asocia tanto a factores genéticos como a malos hábitos alimenticios y al sedentarismo.

"Los efectos son prácticamente nulos con respecto a los objetivos que planteó el Gobierno hace tres años", señala Jorge Terrazas, director general de la la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC). La aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a estos bienes entró en vigor en 2014, tras una iniciativa presidencial para gravar un peso (0,05 dólares) por cada litro que se vende de bebidas azucaradas, así como a los polvos, jarabes y concentrados con alto contenido calórico. El IEPS es un impuesto indirecto, que los productores e importadores transfieren a los consumidores al incluirlo en el precio final del producto.

La medida forma parte de la estrategia que el ejecutivo presentó al inicio del sexenio para el control de la obesidad y la diabetes. “Se busca desalentar el consumo de calorías vacías, con lo que se espera reducir también la incidencia de la obesidad y el sobrepeso, particularmente entre los niños”, dijo el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, al presentar la propuesta. El plan incluye varios frentes: el educativo, la publicidad y el fiscal, pero los resultados son aún inciertos.

La ANPRAC, que agrupa a embotelladoras y empresas como Coca Cola y Pepsico, afirma que el principal efecto del impuesto ha sido mermar los ingresos de los sectores más pobres de la población, quienes no han dejado de consumir sus productos. "Estamos en contra de que se satanice a cualquier tipo de producto, no hay alimentos buenos ni malos, es un problema que concierne a todos", expone Terrazas, quien pide que la carga del problema se distribuya entre todos los actores involucrado.

La rama refresquera considera que, aunque la carga fiscal es de 30% cuando se suman IEPS y el Impuesto al Valor Agregado, el consumo ha permanecido intacto. En México se vendieron hasta junio de 2016 9,2 millones de litros de refresco, según datos de la ANPRAC. La cifra es ligeramente superior al volumen que presentó la asociación para el mismo periodo de 2015, 9 millones de litros. "El impuesto sería más efectivo siempre y cuando se complementara con campañas de información, se debe moderar el consumo", afirma Marcela Vega, gerente académica de la Federación Mexicana de Diabetes (FMD).

El Instituto Nacional de Salud Pública señala, al contrario que la ANPRAC, que el consumo de refrescos cayó un 11% durante el primer semestre del año. Hasta junio pasado, la recaudación del IEPS en bebidas saborizadas aumentó un 15,2% en términos reales en comparación con el mismo mes en 2015, mientras que en cerveza y bebidas refrescantes bajó un 0,8%, según datos de la Secretaría de Hacienda.

Los productores cuestionan también que la agencia tributaria no ha trasparentado el destino de los recursos recaudados para combatir la obesidad y la diabetes ni cómo se han invertido. Hacienda prevé ingresos por 21.062,4 millones de pesos por el IEPS para este año fiscal. El presupuesto de egresos para 2016 establece que más de 25.420,7 millones de pesos se utilizarán para estos programas, el aumento del suministro de agua potable y la instalación de bebederos en comunidades vulnerables. Hasta el 31 de octubre se han ejercido 20.874,1 millones, según información facilitada a EL PAÍS por la Secretaría.

El destino de los recursos es el siguiente. Se otorgaron 1.166,5 millones de pesos a la Secretaría de Salud, de los cuales 560,1 se dieron al programa de prevención y control de sobrepreso, obesidad y diabetes; 488,4 al programa de prevención y control de enfermedades, y 118 al plan "Comunidad DIFerente". El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió 2.084.8 millones. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) obtuvo 987,3 millones. El ramo 33, que comprende las aportaciones a los Estados para brindar asistencia social, tuvo 7.576,9 millones. La Secretaría de Educación Pública ejerció 1.141,2 millones. Finalmente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió 7.917,3 millones para proveer agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Aún quedan por utilizarse 4.546,6 millones de pesos, lo que representa un avance del 82,1% en relación al presupuesto original. "Se están empezando a tomar estas medidas, hay que ir descubriendo qué funciona y qué no, y así ir implementando nuevas estrategias", añade Vega. "Hacen falta más campañas de información a la población, pero también de educación, en los colegios y en las familias", concluyen desde la FMD.