Cuando la Iglesia chilena se enfrentó a la dictadura

Al contrario de lo que sucedió en otros países latinoamericanos como Argentina, donde esta semana el Vaticano anunció la apertura de sus archivos sobre la dictadura de ese país, en Chile la Iglesia católica asumió un papel de defensa irrestricta de los derechos humanos desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y se impuso con fuerza ante el régimen de Augusto Pinochet.

El cardenal Raúl Silva Henríquez fue el pilar de esta postura. Tras el golpe de Estado, fue él quien convocó a todas las iglesias para formar el Comité pro Paz, que ofreció las primeras ayudas a las víctimas, trabajó por el asilo de los perseguidos y comenzó a organizar la defensa de la oposición. Tras su disolución en 1975 por las tensiones con la dictadura, el 1 de enero de 1976 consiguió fundar la Vicaría de la Solidaridad, a través de un decreto del papa Pablo VI. El organismo, que durante todo el presente de 2016 festeja sus 40 años, no solo se enfrentó a los militares y los paralizados tribunales de Justicia, sino que fue un aparato de contrainteligencia ante el régimen.

“La Teología de la Liberación, nombre forjado por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, que defendía la opción preferencial por los pobres, marca profundamente la Iglesia chilena de los sesenta y setenta”, explica la abogada de la Vicaría, Carmen Hertz, para comprender los antecedentes de la postura del catolicismo chileno. “La fuerza del movimiento popular conquista a los mejores cuadros de base de la Iglesia durante el Gobierno de Salvador Allende y los sacerdotes obreros se multiplican. Estas influencias son decisivas inmediatamente después del Golpe, en que la Iglesia institucionaliza la defensa de los derechos humanos con la creación del Comité pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad”, señala Hertz.

El proyecto de derechos humanos que representó la Vicaría ha sido quizás el más potente desarrollado bajo una dictadura. Lo explicó en sus memorias el propio cardenal Silva Henríquez, fallecido en 1999: “Era una creación original, sí. No existía en otras partes, no tenía precedentes. La suscitó una situación extraordinaria, ¡qué duda cabe! Pero no fue una casualidad, ni una súbita inspiración: la Vicaría nació de una larga y sufrida reflexión en torno a lo que vivíamos día tras día”, indicó en el libro escrito por el periodista Ascanio Cavallo.

Bajo el amparo de la Iglesia y del cardenal, que decidió poner en el centro de su homilía la situación dictatorial que se vivía y los atropellos, el equipo de profesionales del extinto Comité se instaló en el antiguo palacio arzobispal de la Catedral de Santiago de Chile, en el centro neurálgico de la capital. Al grupo se sumaron abogados y asistentes sociales, entre otros, la mayoría jóvenes. Este edificio, ubicado frente a la Plaza de Armas, se convirtió en un símbolo de la resistencia antidictatorial desde fines de la década de los setenta y el principal lugar de acogida de las víctimas y sus familiares. Cobijaba a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y, ante la desprotección total, los perseguidos llegaban a la Vicaría a denunciar las desapariciones, detenciones y tormentos. En las protestas sociales que estallaron en los años ochenta, el edificio era una especie de cuartel general para atender a heridos. “Junto con el informe mensual, que relataba todos los abusos que se habían cometido en el mes último, una vez al año les presentábamos al Poder Judicial el estado de la situación de los derechos humanos. Esperábamos que el presidente de la Corte Suprema hiciera alguna referencia, pero nunca sucedió”, recuerda María Luisa Sepúlveda, que llegó a ser secretaria ejecutiva de la Vicaría.

Alguna vez recibieron información de parte de algún agente desertor de la dictadura, como Andrés Valenzuela, alias Papudo, que llegó a la Vicaría en 1984 para confesar crímenes y delitos del régimen.

El trabajo de sistematización de información y contrainteligencia, sin embargo, se hizo artesanalmente y en condiciones bastante precarias, aunque finalmente exitosas. Los funcionarios de la Vicaría comenzaron a cruzar datos en unas sábanas, donde lograban identificar coincidencias de los métodos de detención, horarios, nombres de agentes y coches utilizados en los operativos... Luego un equipo empezó a confeccionar fichas con la mayor información posible acerca de los desaparecidos, gracias a las entrevistas de los familiares. Esta metodología dio posteriormente paso a los llamados Dónde están, los libros que a finales de los setenta se les presentó a las autoridades del Gobierno, que recopilaban la información de las víctimas, las circunstancias de su desaparición y todas las gestiones judiciales y administrativas de los abogados de la Vicaría. No lograron una respuesta por parte de la dictadura, como era previsible, pero los Dónde están hicieron escuela.

El departamento jurídico de la Vicaría cumplió un papel clave: “El método de documentar todas y cada una de las denuncias de las violaciones a los derechos humanos a través de la presentación de recursos de amparo individuales y masivos, de denuncias por las desapariciones forzadas, la defensa de los presos políticos, los testimonios escritos de los sobrevivientes de las cárceles clandestinas o públicas, describiendo rigurosamente cada hecho y circunstancia, influyeron notablemente incluso en el sistema universal de protección de los derechos humanos”, describe la abogada Hertz. “En las diferentes instancias de las Naciones Unidas, la Vicaría hizo llegar sus informes y datos que fueron la base de las condenas a la dictadura militar que se sucedieron año tras año”.

La Vicaría de la Solidaridad se disolvió a comienzos de los años noventa con la llegada de la democracia en Chile. La Fundación Documentación de Archivo de la Vicaría se encarga hoy de resguardar los miles de documentos que se recopilaron en los 17 años de dictadura, que en 2003 fueron declarados patrimonio de la humanidad.