Un mundo sin Mandela

Los males de Europa son los males del mundo. Nada de lo que nos sucede a los europeos es original. En todo caso, es peor, porque Europa era un modelo de integración y cooperación multilateral y se está convirtiendo en lo contrario. No debiera sorprender la desbandada que ha empezado en África respecto a la justicia universal. Si en Europa regresan los nacionalismos y los políticos se escudan en las decisiones soberanas para incumplir los tratados y compromisos internacionales, podemos imaginar qué sucederá en un continente tan convulso y poco integrado como Africa.

Burundi ha sido el primer país en anunciar su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI). Tiene toda la lógica, por cuanto su presidente Pierre Nkurunziza es un firme candidato a ocupar el banquillo algún día. Burundi ha sufrido en su historia reciente dos genocidios y se halla ahora en una espiral de violencia étnica y política que ha expulsado a 300.000 personas y dejado un reguero de muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad que hacen temer una repetición. El estallido actual se ha producido por la perpetuación en el poder del presidente, que venció en las elecciones por tercera vez a pesar de que la Constitución limitaba a dos los mandatos presidenciales, una circunstancia que se repite en muchos países africanos.

A continuación ha sido Sudáfrica, país pionero en los primeros pasos de la Corte Penal Internacional que ahora está en vanguardia de los que quieren abandonarla. En su caso el detonante fue la orden de detención emitida por la CPI en junio de 2015 contra el dictador de Sudán del Norte, Omar el-Bachir, acusado de crímenes de guerra y genocidio, cuando se encontraba en visita oficial en Johanesburgo con motivo de una cumbre de la Unión Africana. Aunque el tribunal supremo quiso aplicarla, el Gobierno hizo caso omiso, abriendo un enfrentamiento entre ambos poderes.

La CPI empezó a funcionar en 2002 y, hasta ahora, ha abierto diez investigaciones judiciales, nueve de ellas referidas a países africanos, y condenado a cuatro personas, todos africanos. El entusiasmo inicial africano por la CPI se ha convertido ahora en un rechazo generalizado, que amenaza con dejar impunes innumerables crímenes. El argumento de los dirigentes hostiles es que la CPI se ha convertido en un instrumento racista de los europeos y de las grandes potencias para entrometerse en su continente. La CPI solo puede perseguir a los nacionales de países firmantes del Estatuto de Roma o cuando lo solicite el Consejo de Seguridad, donde tienen asiento permanente y derecho de veto países no firmantes como Estados Unidos, Rusia y China.