Syriza cierra filas en su congreso para evitar elecciones anticipadas en Grecia
El partido de Tsipras, en el poder desde enero de 2015, se enfrenta a múltiples escollos y a un descenso de la popularidad
![María Antonia Sánchez-Vallejo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F0095c6d0-3f01-466b-bf23-54f7dae863ae.png?auth=8b7e790776e1a90353b2dd71c853db2fa8397c8a9b22f122ee03b0b4a1e16bd6&width=100&height=100&smart=true)
Con los sondeos en contra y media docena de frentes abiertos, Syriza, en el poder desde enero de 2015, se dispone a celebrar a partir de este jueves su congreso para cerrar filas y frustrar el principal deseo de la oposición: la convocatoria de elecciones anticipadas antes del teórico fin de la legislatura, en otoño de 2019. La segunda revisión del rescate se suma al complicado panorama que el Ejecutivo griego tiene por delante, en el que destacan como principales escollos la polémica por la reordenación del mapa audiovisual y la gestión de la crisis migratoria.
![El primer ministro griego, Alexis Tsipras, durante una conferencia sobre inmigración en El Cairo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/XC4F3CHZOTXFDLDWKFHDSMZJZE.jpg?auth=b1b25087c20796986236dbc662c6d8ad3339b184a3f6fe7814923f1780b4410d&width=414)
Las expectativas del principal partido griego de oposición, la conservadora Nueva Democracia (ND), de desalojar pronto del poder a Alexis Tsipras se están viendo incrementadas a golpe de sondeos, que en los últimos meses le dan siempre ventaja, a veces de hasta ocho o diez puntos. Pero ND no contaba con un aliado inesperado: el diario Avgí, órgano de Syriza, publicó el primer domingo de octubre una encuesta según la cual el 90% de los griegos están insatisfechos con el Gobierno, y el 85% creen que el país va por mal camino. Un bofetón para Tsipras y un aliento excepcional para la oposición, que ha redoblado su exigencia, ya casi diaria, de elecciones anticipadas.
Aunque el Ejecutivo tardó apenas horas en publicar un informe que subrayaba la imprecisión de encuestas anteriores (las previas al referéndum de julio de 2015 fallaron todas, con un error del 23% a favor de Syriza, según ese documento), la sombra de la duda está sembrada. Máxime cuando el Gobierno tiene varios frentes abiertos, y la segunda revisión del tercer rescate (86.000 millones, tres años) no es precisamente el mayor de ellos. Syriza celebra desde este jueves y hasta el domingo su congreso, con el objetivo no declarado, pero patente, de cerrar filas y superar definitivamente el mal trago del rescate y su ristra de medidas de austeridad extras.
Mientras, el Ejecutivo enfrenta mal que bien problemas muy graves: la polémica provocada por la concesión de licencias televisivas, sobre cuya constitucionalidad debe pronunciarse el Consejo de Estado; una sonora bronca con la Iglesia por el intento de reformar las clases de religión; la difícil digestión de la crisis migratoria (hay 60.000 extranjeros atrapados en el país); la insurrección de los jueces; amenazas de huelgas salvajes, como la de los controladores aéreos, y movilizaciones casi diarias de algún que otro sector profesional o social, este miércoles, por ejemplo, los notarios. Con todo, y aunque con distintas corrientes orgánicas en su seno, son mayoría en Syriza y en el Gobierno quienes creen que el Ejecutivo completará su mandato hasta las próximas elecciones, en otoño de 2019, y que Tsipras saldrá reforzado del congreso.
“La austeridad ha generado desafección entre los griegos y también en muchos votantes de Syriza, que se muestran decepcionados y algunos incluso muy enfadados. Y es verdad que las previsiones de crecimiento para 2017, positivas, no significan nada a la hora de llenar la nevera, así que es comprensible”, asume Dimitris Papadimoulis, vicepresidente del Parlamento Europeo y dirigente histórico de Syriza. “Por eso el interés común pasa por evitar el adelanto electoral y trabajar los próximos tres años para lograr desarrollo, inversiones, reducir el paro y reformar la Administración. El Gobierno tiene una mayoría pequeña pero suficiente (153 escaños de 300) y aquellos que consideraban a Syriza un paréntesis, los que nos daban sólo unos meses en el Gobierno, tendrán que asumir que se han equivocado”, subraya el dirigente.
Según Papadimoulis, debe agilizarse la segunda revisión del rescate, “que esté completada a fines de noviembre, de manera que el Eurogrupo de diciembre la apruebe y pueda abordarse enseguida el tema de la deuda y la participación de Grecia en el programa de estímulos del Banco Central Europeo (QE)”. Por contra, un eventual retraso en la revisión del memorándum —como sucedió con la primera, que se prolongó durante meses— precipitaría una remodelación del Gobierno que muchos creen ya diseñada.
Pero la mayoría parlamentaria del Gobierno no depende sólo de Syriza y sus parlamentarios (en el partido hay tres grandes corrientes, el núcleo duro, en torno a Tsipras; los partidarios de una apertura y la línea radical, más izquierdista), sino de su socio de Gobierno, la derecha soberanista de Griegos Independientes, cuyo líder, y ministro de Defensa, Panos Kammenos, ha hecho dar marcha atrás al Gobierno en su intento de sustituir la enseñanza del catecismo en las escuelas por una asignatura más académica y más amplia, el conocimiento del hecho religioso. Inquebrantable en su defensa del ideario nacional, en el que Grecia y la ortodoxia van de la mano, Kammenos ha reiterado que no dudaría en retirar su apoyo a un Ejecutivo que negase a la Iglesia ortodoxa como seña de identidad patria.
Pero también dentro de Syriza hay voces disonantes, quienes creen que se han hecho demasiadas concesiones (el rescate, las ulteriores reformas exigidas por los acreedores) o, al revés, los que consideran que el partido debe modularse ideológicamente para ampliar su base electoral. “Las diferencias son patentes, por ejemplo estos días con respecto a la incorporación de los primeros niños refugiados (1.500) al sistema educativo; incluso entre los ediles de Syriza los hay a favor y en contra porque resulta una medida impopular para muchas familias, es decir, hipotéticos votantes”, explica amparado en el anonimato el presidente de un consejo municipal de la periferia de Atenas. “Pero por cuestiones de supervivencia no sólo en el Gobierno, sino como partido, son más los puntos en común que las fricciones. Todos sabemos que no pueden lograrse grandes cosas en menos de dos años de mandato, y que debemos remar en la misma dirección para poder cumplir algunas de nuestras promesas electorales y demostrar que pese a los imperativos de los acreedores Syriza nunca ha dejado de ser una fuerza de izquierda”.
Evitar precisamente la tentación del cortoplacismo y trabajar para convertir a Syriza “en una fuerza central, que no centrista, en la izquierda” griega es la receta de Gerassimos Moschonas, profesor de Política Comparada de la Universidad Panteion de Atenas. “Si Syriza logra sacar adelante una reforma fiscal en profundidad, justa y equitativa, y a la par la transformación y modernización del Estado, puede convertirse en una fuerza central en la izquierda (griega). El resultado de ambas reformas no da votos a corto plazo; al contrario, necesita tiempo, y hasta ahora su horizonte estratégico no va más allá de la siguiente elección. Aunque Syriza la perdiera, si persevera en esa transformación radical del sistema impositivo, de manera que no sean sólo los asalariados, su base electoral, los que paguen impuestos, así como en la modernización de la Administración, se convertirá en el gran partido de la izquierda durante muchos años”.
La polémica reordenación del mapa audiovisual
En agosto el Gobierno de Syriza acometió una de las reformas más polémicas de su mandato, la reordenación del mapa de los canales privados de televisión, que en algunos casos emitían con licencias caducadas (y en su mayoría eran voces muy críticas con Syriza). En un proceso dominado por el secretismo, el Ejecutivo subastó por 246 millones de euros cuatro licencias de emisión, lo que reduce el mapa audiovisual a la mitad y condena al paro en diciembre, cuando la señal de las cuatro cadenas que se han quedado fuera se funda a negro, a miles de trabajadores.
Según el Gobierno era un paso necesario para regular un sector al que siempre ha achacado ser el epicentro de la corrupción por sus lazos con el poder político; para sus críticos, en cambio, se trata de un indisimulado intento de limitar la libertad de expresión. La decisión del presidente del Consejo de Estado, máxima instancia judicial del país, de aplazar por presuntas interferencias políticas una sesión sobre la legalidad del proceso no ha hecho más que engordar la polémica.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.