El atentado de Normandía reaviva el debate sobre la vigilancia de los radicalizados

“El Gobierno tendrá que contestar a esta pregunta: ¿Cómo unos individuos fichados, de los cuales uno está bajo control judicial por haber tratado de viajar a Siria para hacer la yihad, tuvieron la libertad de perpetrar un atentado?”, se preguntaba en una entrevista en el diario Le Monde el presidente de Los Republicanos, Nicolas Sarkozy. El sindicato mayoritario de la policía, Alliance, llama por su parte a acabar con “la posibilidad de liberar durante su detención preventiva a todo individuo inculpado en un caso vinculado con el terrorismo y conocido por los servicios de investigación”. Ante la polémica, que no hizo más que crecer durante el día de ayer, el portavoz del Gobierno, Stéphane Le Foll, señaló tras el Consejo de Ministros que estaba a favor de una “evaluación” de este protocolo, puesto en marcha en el año 2000 y que se aplica a personas a la espera de juicio o a condenados con reducción de pena.

Las reacciones se explican por lo llamativo del recorrido de Kermiche. Este había tratado de viajar a Siria en dos ocasiones: en marzo y mayo de 2015. Tras su segundo viaje ingresó en prisión preventiva a la espera de juicio por pertenencia a una organización terrorista. Al cabo de 10 meses fue puesto en libertad condicional. La juez consideró que estaba arrepentido, tuvo en cuenta que en la cárcel tuvo tendencias suicidas y estimó que estaba “determinado a iniciar trámites de reinserción”, según el auto, al que ha tenido acceso el diario Le Monde. La familia parecía también brindarle el apoyo y el marco necesarios. La fiscalía había rechazado esa puesta en libertad, sin éxito.

La salida de prisión estaba condicionada al arresto domiciliario y a portar un brazalete electrónico. Este avisa cuando su portador se sale del perímetro autorizado —en su caso, el departamento en el que reside— y si no se halla en su domicilio fuera de los horarios de salida permitidos. Pero Kermiche perpetró el atentado dentro de esa franja horaria, ya que tenía permiso para salir del domicilio de sus padres en Saint-Etienne-de-Rouvray cuatro horas por la mañana entre semana.

Lo cierto es que la liberación permitida a Kermiche es poco frecuente. En total, hay 13 personas en Francia procesadas por islamismo radical que portan un brazalete electrónico: siete de ellas están pendientes de juicio y seis condenadas. La cifra es extremadamente baja en comparación con otros delincuentes comunes. Casi el 93% de los imputados en casos vinculados con el islam radical están en prisión preventiva (264 sobre 285), cuando la media es del 20% en el resto de los delincuentes comunes.

20.000 fichados

“El problema es que en la legislación francesa, cuando una persona está bajo la autoridad del Ministerio de Justicia ya no puede ser sometida a la vigilancia de otros ministerios”, como los dependientes de Interior, con medios para seguir a estos sospechosos, analiza François Heisbourg, consejero especial de la Fundación para la Investigación Estratégica. “Durante cuatro horas diarias tenía libertad total para hacer cualquier acto, es algo muy sorprendente”, añade.

Ante la comisión de investigación parlamentaria sobre los atentados del pasado noviembre —que causaron 130 muertos en varios ataques en París—, el antiguo juez antiterrorista Marc Trévidic estimaba que debería existir un sistema intermedio para estos casos, entre la prisión preventiva y el arresto domiciliario. “Necesitaríamos, eventualmente, centros en los que estarían muy vigilados y donde se tratarían diferentes aspectos de la cuestión”.

Más allá del recorrido particular de Kermiche, la derecha francesa reclama desde hace meses la vigilancia de todos los fichados S, inicial por Seguridad de Estado, por motivos relacionados con el terrorismo. Varios de los autores de los últimos atentados, como dos de los kamikazes que atacaron la sala Bataclan en noviembre o Mehdi Nemmouche, autor del atentado contra un museo judío en Bruselas en 2014, estaban también fichados.

En Francia están inscritas en este registro unas 20.000 personas, algo más de la mitad (10.500, según los últimos datos) por vinculación con el islamismo radical. Pero su registro varía enormemente en el nivel de implicación: desde asistir a una mezquita considerada radical a tener un vínculo más o menos cercano a un sospechoso de yihadismo.