El camino escocés

No fue por radicalidad democrática sino por oportunismo aventurero e irresponsable. El plumero no se le vio todavía en el referéndum escocés, pero no ha podido esconderlo en el del Brexit. David Cameron es cualquier cosa menos un ejemplo a seguir, tanto en relación a Escocia como a la pertenencia a la UE.

Por este lado, mala noticia para el soberanismo catalán. La convocatoria del referéndum escocés autorizado por Cameron no sirve. Ahora se ha visto que no fue la libertad de los viejos reinos británicos lo que indujo al primer ministro conservador a acordar con Alex Salmond la consulta escocesa, con el primer objetivo de apuntarse una victoria unionista sobre Escocia y conseguir después un acuerdo con Bruselas que le llevara a una victoria imperial sobre el Brexit.

De haber culminado estos altísimos propósitos habría ingresado en la galería de los grandes políticos del siglo XXI, con un doble gesto de dominación interna sobre los británicos y externa sobre los europeos. Era una apuesta muy arriesgada, a todo o nada, y la ha perdido.

Con el referéndum de Escocia rechazó el sensato e inteligente camino de la vía intermedia, la Devolution Plus que Salmond le proponía como tercera opción entre la unión y la separación. Sabían ambos que era la opción vencedora en caso de someterla a consulta, pero Cameron prefirió jugárselo todo a la opción binaria para no perder ni un ápice del poder de Londres.

El independentismo escocés va al alza y está encontrando aliados en toda Europa. El primero y más natural son las dos instituciones más comunitarias —la Comisión y el Parlamento— a las que les caen simpáticos los países que quieren entrar y antipáticos los que despotrican y quieren salir. Irlanda ya ha actuado de portavoz escocés en el último Consejo. Fácilmente habrá abogados escandinavos de su causa, e incluso bálticos. Pero la UE es un club de Estados y ellos son los que tienen la última palabra, tal como se han encargado de recordar Francia y España, que como los viejos imperios unitarios que fueron saltan como resortes en cuanto otro viejo imperio como el británico entra en fase de descomposición interior.

La adhesión de Escocia a la UE deberá negociarse por el momento dentro de Reino Unido, como parte de la preparación interna del Brexit, en la que los escoceses ya han anunciado que ejercerán su derecho a vetar la salida de la UE si no se cumplen sus exigencias. Todo pinta por tanto que la negociación de las nuevas relaciones de Reino Unido con la UE incluirán un nuevo referéndum escocés o un nuevo estatuto y quizás de otros territorios, como Irlanda del Norte, Gales o Londres.

La UE es una unión de Estados, pero también es un espacio de libertad y de democracia, tal como demostró la adhesión de España, solicitada en plena dictadura y obtenida solo tras la consolidación de un régimen democrático y constitucional. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha sido recibida en Bruselas gracias a estos valores fundacionales. El razonamiento desde Bruselas es impecable: ¿Cómo no se va a escuchar a quien representa a un país que democráticamente ha expresado su deseo de seguir en la UE? Otra cosa es que tenga capacidad para negociar, pero la UE debe atender y no hay duda de que a la larga atenderá la expresión democrática de la voluntad de la mayoría escocesa.

Este es el punto fuerte que el soberanismo catalán no puede olvidar. Es de nuevo la fórmula clásica de la democracia: respeto a las reglas del juego y voluntad mayoritaria. Mientras que en Cataluña son muchos, incluso en el espacio moderado, los que la ponen en duda, Escocia la ha seguido siempre. Es un camino que exige paciencia, porque es más lento y largo, como Alex Salmond se ha encargado de recordar.

Los socialistas catalanes lo acaban de balizar ante la incomprensión de unos y otros: primero, la reforma constitucional que los catalanes puedan convalidar por una amplia mayoría en un referéndum en el que participen todos los españoles; si la reforma es insuficiente y los catalanes votan en contra, aunque haya sido aprobada por el conjunto, acudir entonces al principio canadiense y a una ley de la claridad, que establezca los términos, el censo y las mayorías necesarias para consultar a una población que ha expresado reiteradamente su voluntad de organizar su relación con el resto de España de forma distinta. Esto no es el eufemístico derecho a decidir, sino el simple principio democrático que cualquier demócrata debe defender.