Cascos azules montaron en Líbano una red de tráfico de alimentos

Según los testimonios coincidentes de tres trabajadores internacionales y otros tres locales de Unifil a este diario, la fraudulenta red que ha originado la investigación involucra tanto a conductores y comerciantes libaneses como a cascos azules a cargo de la recepción de alimentos en al menos cinco de los 21 puntos de distribución con los que cuenta la misión para avituallar a unos 10.000 soldados. Los testimonios de R.D., trabajador de una empresa subcontratada que suministra víveres a las tropas y que después de que se abriera la investigación de la ONU fue despedido bajo la sospecha de estar implicado en la trama, y el de otro trabajador vinculado a la red, aseguran que el monto de los beneficios obtenidos con la reventa ilegal supera los cuatro millones de euros en los últimos cinco años.

Productos de Unifil en supermercados libaneses

“Hace décadas que la comida de Unifil se vende en los supermercados libaneses”, dice Munir G., vecino de Tiro, al sur del Líbano y a 20 kilómetros de Naqura, el cuartel general de las tropas de la ONU que vigilan el alto el fuego en la frontera con Israel. “No se molestan ni en quitarles las etiquetas”, añade. Cuatro meses atrás, un consumidor protestó por la oferta de paquetes de fideos con la etiqueta ‘No para la venta. Para el consumo interno de la ONU exclusivamente’, en el supermercado Charcuteríe Aun, en la periferia de Beirut. Meses antes, paquetes de gambas congeladas portando la misma etiqueta se vendieron en el supermercado Al Janoub, en Tiro. “Pusimos una queja ante el departamento de protección del consumidor del Ministerio de Economía” dice Sandy Isa, quien denuncia a través de la página web Al Taharri los casos de fraude en Líbano. “Los productos fueron retirados inmediatamente pero no nos han dado más información hasta ahora”, añade.

“Abrimos una investigación”, confirma desde su oficina en Beirut Tarek Younes, director de la unidad Antifraude y Protección del Consumidor del Ministerio de Economía libanés. Younes asegura que el caso fue remitido a la directora general del Ministerio de Economía, Alia Abbas, quien reitera a EL PAIS que los detalles son confidenciales. Un trabajador del Ministerio de Economía, que prefiere no dar su nombre por miedo a perder su puesto de trabajo, asegura que tres personas de la Unidad de Seguridad de Unifil —departamento a cargo de las investigaciones internas— visitaron en dos ocasiones a Abbas en los últimos cuatro meses. “Querían saber qué informaciones y pruebas había”, asegura.

Una trama fraudulenta y sistémica

Desde 2006 hasta 2015, la empresa italiana Es-Ko ha logrado contratos multimillonarias por los cuales se hace cargo de la compra y distribución de alimentos para aprovisionar a las tropas de Unifil. En 2012, obtuvo una licitación por valor de 132 millones de euros para suministrar alimentos y agua a cinco misiones de la ONU en el extranjero. Para operar en Líbano, Es-Ko subcontrató a una empresa local para que gestionara el personal. La empresa italiana es responsable del transporte de alimentos desde el almacén central, situado en la localidad de Kasmiyeh y dentro de la zona de operaciones, hasta los 21 puntos de distribución donde operan los diferentes batallones. Desde 2007 hasta 2015, R.D., asalariado de la subcontrata libanesa, fue una de las cuatro personas a cargo de supervisar la distribución bajo órdenes de Es-Ko. Su superior ha sido transferido tras finalizar su contrato en Líbano. Los dos subordinados encargados del equipo de conductores han abandonado el país tras ser también despedidos y acusados por la empresa de participar en la trama.

En 2010, R.D. informó tanto a la subcontrata libanesa como a Es-Ko de las irregularidades que observó. “Me dijeron que necesitaban pruebas así que decidí hacer creer a mis compañeros que iba a participar en el fraude”, explica insistiendo en que nunca participó de los beneficios, a pesar de haber sido acusado de ello por la empresa. R.D. asegura que esta red fraudulenta estuvo activa desde 2010 hasta 2015. Los testimonios de seis trabajadores internacionales y locales de Unifil, civiles y militares, confirman las informaciones provistas por R.D., que inculpan a soldados internacionales a cargo de la recepción de comida en cinco puntos de distribución bajo el mando de los batallones de Italia, Ghana, Nepal, Malasia e Indonesia.

Lejos de tratarse de un caso aislado, los testimonios de los seis trabajadores, con amplia experiencia en la misión, indican que se trata de un sistema enraizado. Los soldados a cargo de la recepción de alimentos en cada punto de distribución son relevados cada cuatro o seis meses. Una rotación que implicaría a un mínimo de 50 cascos azules en dicho cargo entre los años 2010 y 2015. Informes confidenciales de la ONU filtrados por Wikileaks denuncian casos de fraude en años anteriores en la misión. “La investigación valora en 1,5 millones de dólares [1,35 millones de euros] las pérdidas estimadas”, se lee en un informe interno de 2007 relativo a la reventa ilegal de suministros para las tropas a comerciantes locales libaneses. Un patrón de fraude que ya fue detectado en 2006, según el mismo informe, y posteriormente, según la auditoría realizada en 2009.

En un café de Beirut, R.D. detalla como funciona el sistema fraudulento. Las órdenes de compra de cada batallón se reciben en el almacén central donde opera Es-Ko junto a un oficial de Unifil. Las raciones de comida son distribuidas semanalmente por los conductores subcontratados a bordo de siete camiones con capacidad total para 80 toneladas. Los productos se distinguen entre congelados (mayoritariamente importados), comida seca, y frutas y vegetales (comprados en Líbano). Las puertas de los camiones son selladas a la salida del almacén con un cierre metálico, cuyo código se refleja en una nota de entrega. Las notas de entrega, donde se detallan las cantidades y los productos cargados en los camiones, han de ser firmadas por el soldado responsable de la recepción de alimentos en cada base, tras cotejar la carga y el código del sello metálico. Dos trabajadores del almacén confirman que estas notas de entrega fueron firmadas y, por lo tanto, autorizadas por los soldados de Unifil a cargo de los puntos de recepción en las bases militares durante esos años.

“Antes de salir del almacén, los conductores envían las notas de entrega por whatsapp a los cascos azules a cargo de los puntos de distribución, quienes cotejan esta nota con los stocks disponibles en las bases. Después de ver los excedentes que tienen en el almacén, le comunican al conductor los productos y cantidades que habrán de permanecer en los camiones una vez finalicen la descarga”, relata R.D. Tras abandonar la base militar, los conductores revenden el remanente de comida a compradores locales con los que han pactado previamente el precio.

Un fraude de cuatro millones de euros en cinco años

“Estamos hablando de un mínimo de 13.000 euros mensuales por punto de distribución”, calcula R.D. Estas cifras atañen a tan sólo cinco de los 21 puntos que nutren a las tropas y alcanzan los 4 millones de euros en el último lustro. Lo que supone un 5,7 % del presupuesto anual de 14 millones de euros destinados a alimentar a los uniformados de Unifil. Un trabajador libanés implicado en la trama, que prefiere mantener el anonimato, confirma la cifra y asegura que las ganancias son repartidas entre los soldados internacionales y los conductores libaneses partícipantes. “No es fraude, sino un negocio con una comida que, de todas formas, sobra y cuyos ingresos pueden doblar, o triplicar, el sueldo mensual de 870 euros que cobran los conductores”, dice. En cuanto al beneficio extraído por los comerciantes libaneses, éstos obtienen un producto de alta calidad y exento de tasas a un precio que puede ser un 50% por debajo de su valor real según describe un informe confidencial de la ONU filtrado por Wikileaks, en relación al mismo patrón fraudulento en la misión de Liberia.

Tras identificar stocks descompuestos por falta de consumo, diversas auditorias de la ONU señalan que hay excedente de alimentos destinados a las tropas. Ese recurrente exceso de stocks ha permitido el desarrollo de una red fraudulenta y lucrativa para un puñado reducido de soldados internacionales y trabajadores locales en la cadena de distribución. Ghana (con 870 cascos azules) e Italia (con 1.206 soldados y actualmente al mando del destacamento) son los dos batallones más activos en la reventa ilegal de comida, entre los cinco señalados tanto R.D como por otros seis trabajadores internacionales y locales de Unifil.

Frente a las acusaciones vertidas, este diario intentó contactar con los responsables de los cinco batallones mencionados así como con los departamentos de Raciones de Alimentos y de Seguridad Interna de Unifil siendo sistemáticamente remitidos para toda declaración oficial al portavoz de la misión en Líbano, Andrea Tenenti, quien declina entrar en detalles sobre la fraudulenta red, alegando vía correo electrónico que no se puede "especular hasta que la investigación no esté concluida".

“En una ocasión y pocos días después de un reparto, los soldados ghaneses se quejaron de que pasaban hambre porque sus frigoríficos estaban vacíos”, asegura R.D. “Se abrió una investigación interna en el batallón ghanés tras la reventa de paquetes de noodles a comerciantes locales”, cuenta uno de los trabajadores de Unifil. “Resultó que los soldados malayos revendieron el excedente de fideos a través de la mediación de los cascos azules ghaneses, que disponen de un amplio circuito de clientes locales”, añade este extrabajador.

Consultada por correo electrónico el 24 de marzo de 2016, la directora de la División Interna de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), Eleanor Burns, remite a este diario a las las auditorías anuales que asegura son de acceso público desde 2013 a través de la página web oficial. Sin embargo, no están disponibles. Según informaciones provistas por tres trabajadores internacionales y locales de Unifil, la auditoría interna inicialmente prevista para el próximo mes de setiembre en Líbano ha sido adelantada de seis meses. Lleva cinco semanas en marcha y está siendo “inusualmente exhaustiva respecto a años anteriores”. Los repetidos casos de fraude señalados en los informes internos o confidenciales filtrados por Wikileaks repiten la necesidad de instaurar medidas de control que prevengan el fraude, como el uso de medidores eléctricos para el consumo de combustible o inventarios de stock para los alimentos.

Generalmente, los productos más atractivos para los vendedores locales son los congelados, por su alto precio, y las gambas, por su alta demanda. Este producto dio pie hace un año a la investigación interna de la ONU, actualmente en curso, al ser localizado en varios supermercados libaneses con la citada etiqueta que prohíbe su comercialización. “En 2015, conforme subieron los precios en el mercado local aumentó la demanda de gambas, y sobre todo en los batallones de Italia y Ghana”, asegura un antiguo trabajador libanés del almacén central. El presupuesto destinado al consumo de gambas para los cascos azules supera el medio millón de euros anuales.

En la mañana del 9 de abril de 2015, R. D., junto con otros dos responsables de la cadena de supervisión de la distribución, fueron despedidos cuando tanto Es-Ko como la subcontrata local tomaron finalmente medidas contra la fraudulenta red denunciada cinco años atrás. R.D asegura que ningún empleado de la ONU le ha contactado en relación a la investigación en curso. Hasta ahora, no ha trascendido que ningún soldado haya sido sancionado. Sin embargo, la empresa italiana y los conductores supuestamente implicados continúan trabajando hoy en la distribución de alimentos en calidad de asociados de la empresa kuwaití KGL, a cargo de suministrar alimentos a Unifil desde 2014.