Los países del Golfo deportan a más de cien libaneses por vínculos con Hezbolá

Entre cien y doscientos libaneses han sido expulsados de países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) durante el mes de marzo, por presunta relación con Hezbolá, o Partido de Dios. El goteo de deportaciones, que sigue a la decisión del CCG de declarar a ese grupo “organización terrorista”, es solo la punta del iceberg de una estrategia más amplia de Arabia Saudí y sus aliados para castigar el peso de Hezbolá en la política libanesa y, a través suyo, a Irán, su benefactor. Los afectados pueden terminar superando el millar.

“Desconozco cuántos libaneses han sido deportados o detenidos con vistas a su enjuiciamiento o expulsión, pero sabemos que está pasando y parece ser una tendencia”, declara a EL PAÍS Nicholas Mcgeehan, investigador de Human Rights Watch (HRW) para el Golfo.

En el último caso conocido, Kuwait ha echado a 11 libaneses y 3 iraquíes a los que acusa de pertenecer a Hezbolá, según informaba el diario Al Qabas el lunes 21. Los afectados, entre los que asegura que hay empleados de alto nivel de importantes compañías, son los considerados “peligrosos” de una lista de 1.100 “personas no gratas”, en su mayoría libaneses y sirios, a los que se ha dado un mes para abandonar el país. Pocos días antes, Bahréin anunció una medida similar, aunque sin precisar los afectados. La prensa libanesa habla de 10 familias.

Con anterioridad, Al Araby al Jadid, un diario árabe basado en Londres, denunció que Emiratos Árabes Unidos (EAU) había dado 48 horas para abandonar el país a varias familias libanesas, un total de 120 personas. La misma fuente también dio cuenta de la expulsión de 90 libaneses de Arabia Saudí. Aunque el número de expulsados es relativamente pequeño respecto al medio millón de libaneses que se estima trabajan en los países del CCG, resulta significativo que en todos los casos la mayoría de ellos sean chiíes.

Además de los países citados, el CCG incluye a Qatar y Omán. Aunque los tres primeros ya consideraban terrorista a Hezbolá desde 2013, la declaración colectiva supone una nueva vuelta de tuerca en la presión de esas monarquías (suníes a excepción de la omaní) contra el grupo que mejor ha canalizado las aspiraciones de los chiíes libaneses. El Partido de Dios representa también el mayor éxito de Irán, el gran rival regional de Riad, en exportar su ideología revolucionaria a tierras árabes.

“Se trata de una política dirigida por Arabia Saudí para presionar a Líbano porque ni en ese país ni en Siria están logrando frenar a los aliados de Irán”, interpreta Andrew Hammond, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). No obstante, este experto recuerda que la política de deportaciones no es nueva. “En 2009 EAU ya estaba deportando a palestinos a los que vinculaba con Hamás, así como a libaneses por lazos con Hezbolá”, señala.

Desde hace años, las petromonarquías han acusado a esa organización de fundar células terroristas en sus países y otros de la zona. Pero ahora Riad ha convertido Líbano en una nueva excusa para su enfrentamiento geoestratégico con Teherán. El cerco de Arabia Saudí a Hezbolá sigue a una “revisión global” de sus relaciones con Beirut, incluida la suspensión de los 4.000 millones de dólares (3.600 millones de euros) de ayuda para sus fuerzas armadas, a las que ha acusado de estar infiltradas por el grupo chií.

El enfado saudí con el Gobierno libanés, al que reprocha no haber condenado el ataque a sus legaciones diplomáticas en Irán el pasado enero, también se ha traducido en restricciones a sus nacionales para viajar a Líbano, una medida que han secundado Bahréin, EAU, Kuwait y Qatar. Todo apunta a que el objetivo es estrujar económicamente al País de los Cedros, donde el gasto de los turistas del Golfo, así como las remesas de los inmigrantes, constituye una importante fuente de ingresos.

Aunque ha apoyado la decisión del CCG, el Gobierno de EE. UU. también ha advertido a Riad del peligro de presionar económicamente la ya frágil economía libanesa. Al final puede terminar reforzando la influencia de Irán, que es lo que precisamente trata de contrarrestar.

“No son solo libaneses, también están deportando chiíes iraquíes”, advierte Mcgeehan, de HRW. El Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento iraquí denunció a principios de marzo que EAU había expulsado a 220 iraquíes durante los dos primeros meses del año, una cifra superior a los 216 de todo 2015. De nuevo la mayor parte eran chiíes, lo que viene a confirmar que el último destinatario del mensaje saudí es Irán, el gran valedor de esa confesión minoritaria del islam con el que Riad se disputa el liderazgo de Oriente Próximo.