Obama, la Corte Suprema y los sistemas migratorios

Antes del fin de abril, la Corte Suprema declarará sobre una serie de órdenes ejecutivas de Barack Obama. El fallo ha sido largamente esperado por cuatro millones de inmigrantes indocumentados, quienes podrían beneficiarse de un amparo si la Corte aprueba las ordenes – lo cual se ve más probable tras la muerte del magistrado conservador Antonin Scalia.

Pero incluso si gana el gobierno de Obama, el efecto será diferente según el estado. Aparte de extender el amparo, las órdenes de noviembre buscan proveer nuevos lineamientos para agentes de control migratorio, disuadiéndolos de perseguir a inmigrantes con historial de violaciones migratorias pero sin expediente de crímenes serios.

En otras palabras, el impacto principal de las órdenes concierne la cuestión de control: qué pueden hacer los agentes, y a quién pueden perseguir. Pero eso es solo la mitad del problema. La otra mitad es acerca de cómo los casos suelen desarrollarse en salas donde los inmigrantes ni tienen derecho al asesoramiento legal. Y a juzgar por las estadísticas, las cortes son la pieza más fracturada del sistema migratorio.

Las deportaciones, por ejemplo. En California, por ejemplo, solo un 35% de los que entraron en procesos de deportación en este año fiscal fueron repatriados. Pero en Carolina del Norte, los jueces expidieron órdenes de deportación en casi el 80% de los casos.

Puede ser que pocos se sorprendan con esos datos. En las zonas más conservadoras y menos receptivas a la inmigración los jueces tienen menos simpatía, claro. Pero Dana Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces Inmigratorios (NAIJ) y jueza activa en San Francisco, dice que las disparidades regionales de orientación política tienen menos que ver que otros factores estructurales. Entre ellos: el reciente influjo de centroamericanos a ciertos estados y la fatiga crónica entre jueces abrumados con casos. Marks dice que su propia lista de casos rebasa unas tres mil personas.

“Dado el estrés y la fatiga, tomas el camino de menos resistencia,” dice. Los jueces pertenecientes a circuitos amenos a inmigrantes “podrían otorgar un permiso para quedarse debido a eso. Si están ocupadísimos y abrumados, no tienen tiempo para un fallo cuidadosamente formulado para justificar la conclusión y permitirme rechazar un caso (de asilo), el cual podría ser apelado de todas formas.”

Luego entra el tema de capacitación. Durante décadas, los jueces inmigratorios se reunían una vez al año llevando a cabo una especie de educación continua. El Departamento de Estado mandaba a alguien para actualizar a los jueces sobre los países de origen de los migrantes que pedían asilo. Un representante del Departamento de Justicia hacía una presentación sobre casos emblemáticos. Había entrenamiento en temas de ética y asuntos prácticos -- como mantener una agenda bien organizada y una buena relación con los intérpretes. También se les daba a los jueces la oportunidad de examinar decisiones en conjunto con sus colegas, para así entender mejor el otro lado del argumento y, en teoría, formular fallos más uniformes.

Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el control migratorio se convirtió cada vez más en una prioridad para el gobierno federal. Pero la financiación de las cortes no creció a la par. Los convenios fueron reemplazados por videos de instrucción que los jueces debían ver a solas, (fueron restablecidas recién el año pasado).

Pero el factor más decisivo es si la persona que enfrenta un caso de deportación tiene abogado, lo cual depende si puede pagar, o si encuentra a alguien que ofrezca representarle ad honórem.

Un estudio del 2011 comisionado por un juez federal concluyó que en Nueva York los inmigrantes que tenían abogado cuando enfrentaban la deportación eran cinco veces más propensos a ganar su caso.

“En algunas zonas [del país] existen más recursos, los abogados pueden tomar más casos ad honórem y la gente con buenos reclamos son capaces de encontrarlos,” afirma Kristin Macleod-Ball, abogada principal en el American Immigration Council. “Pero en algunos lugares, los centros de detención están fuera de alcance de los abogados”.

El estado de Nueva York es un buen ejemplo. En general, las cortes del estado se encuentran entre las más favorables para los inmigrantes. Pero existe una amplia variación. En la Ciudad de Nueva York, donde el gobierno municipal paga la representación de inmigrantes que no poseen recursos, solo el 22% de ellos fueron deportados este año. Para los que estuvieron detenidos en la institución penal del condado de Ulster, al norte del estado – una zona conocida por los investigadores como un “vacío” de tales servicios – las tasas de deportación rondan en el 85%.

La inmigración es un asunto federal. En teoría, el control y la adjudicación deberían ser más o menos uniforme a lo largo del país. En realidad, no existe un sistema migratorio en los Estados Unidos. Existen varios. El fallo de la Corte Suprema hará poco para cambiar eso.