“Señor presidente, sus agentes de inmigración nos engañaron...”

“Nosotras cumplimos con todo lo que se nos pedía, pero fue el sistema el que nos falló, sólo por haber llegado buscando protección a este país, ya que no podemos regresar a nuestros países de origen porque estamos expuestas a mucha violencia y amenazas contra nosotras y nuestros hijos. Por eso venimos a este país pidiendo asilo”. Estas palabras las firman siete mujeres detenidas por los servicios de Inmigración de Esados Unidos. Se encuentran en un centro de detención en Dilley, Texas, y fueron apresadas en las redadas que en el último mes el Departamento de Seguridad Nacional ha lanzado contra centramericanos que han llegado al país en la reciente ola migratoria. Su carta refleja la desesperación de las familias que se enfrentan a un proceso de deportación y la ambigüedad legal en la que se mueven.

“Señor Presidente sus agentes nos engañaron [...] La Junta de Apelaciones de Inmigración aprobó nuestros amparos y aún estamos encarcelados en este lugar”, aseguran en la carta, denunciando que las fuerzas de seguridad les dieron a entender que no tenían posibilidades legales de enfrentarse a su detención.

Las redadas ocurridas el 2 de enero causaron enorme controversia en el ámbito nacional. En total fueron detenidas 121 personas. Las mujeres que firmaron la carta están en el centro de detención residencial familiar en Dilley, Texas, junto a sus hijos, y llegaron a Estados Unidos huyendo de El Salvador.

La mayoría ha sufrido casos serios de violencia doméstica. Sus nombres son Ana Silvia Orellana, Dominga Rivas, Elsy Monge López, Gloria Díaz Rivas, Isamar Sanchez Chicas, Marta María Hernández y Susana Arévalo Hernández.

Las mujeres representan a 33 personas de 12 familias, que fueron arrestadas en las redadas. Ellas lograron una suspensión temporal de su deportación con ayuda de Projecto CARA Pro Bono de Detención Familiar, donde ayudan sin costo a solicitantes de asilo que permanecen en Dilley.

Estas siete familias permanecen en Dilley, mientras otras cinco están en el Centro Residencial Familiar de Berks, en Pensilvania. El resto de los detenidos ya fue deportado.

Según su abogado, Ian Philabaum, del Projecto CARA, el grupo no ha recibido ninguna respuesta del Gobierno y siguen “injustamente detenidas”.

“Normalmente la mayoría de las personas que están en Dilley recién llegaron al país, pero estas familias han estado viviendo en Estados Unidos y trabajando en sus casos de asilo por meses”, explicó.

Por su parte, una fuente al interior de ICE comentó a EL PAÍS que todas las apelaciones en estos casos se realizaron después del arresto y fue entonces cuando obtuvieron la suspensión. La portavoz del Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Adelina Pruneda explicó que como política “la agencia no comenta sobre temas asociados a litigios pendientes”.

También destacó que las redadas estaban orientadas a adultos y niños con órdenes de deportación finales, que tuvieron la oportunidad de presentar sus casos ante un juez de inmigración. “ICE no se enfocó en individuos con apelaciones pendientes ante la Junta de Apelaciones de Inmigración”, agregó.

Philabaum confirmó que la suspensión de las deportaciones se consiguió luego que fueran arrestadas, pero enfatizó que los agentes de ICE mintieron ya que les dijeron “que no tenían más opciones legales, que serían deportadas y no podrían llamar a sus abogados”. Se encuentran así atrapadas en un limbo. Oficialmente, su deportación está suspendida. Pero se encuentran dentenidas.

Además, insistió en que la detención prolongada de este grupo es una violación directa del conocido como caso Flores. En julio pasado, una corte en California dictaminó que Estados Unidos violó el acuerdo Flores versus Meese de 1997, donde se prohibió enviar a menores a centros de detención. En el fallo, la jueza Dolly Gee especificó que los niños deben ser liberados a miembros de su familia o permanecer en establecimientos con licencia para cuidado infantil.

En particular Susana Arévalo fue quien escribió la carta a Obama a nombre del grupo. Ella sufre epilepsia y su hijo tiene microcefalia. “Necesitamos ser libres como seres humanos para poder pelear nuestros casos de asilo afuera con dignidad”, concluyeron las mujeres en la misiva.