Ley y democracia en Polonia

No hay democracia sin ley. Nos lo recordó ayer la Comisión Europea, que dedicó una de sus sesiones semanales a discutir sobre la vigencia del Estado de derecho en Polonia. La democracia no es la regla de la mayoría sin más. No hay democracia sin respeto a la minoría, que solo garantiza el Estado de derecho, es decir, una regla que está por encima de cualquier autoridad del Estado y que solo se puede cambiar siguiendo la misma ley.

El partido Ley y Justicia (PiS) obtuvo la presidencia de la República el pasado 24 de mayo y una mayoría absoluta en el parlamento el 25 de octubre, y ha utilizado inmediatamente el poder obtenido para cambiar el sistema de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los directivos de la radio y la televisión públicas.

Ambos casos son de análoga gravedad: la primera tentación de quien alcanza el poder es hacerse con el control de la justicia y los medios de comunicación con el propósito de perpetuarse tanto tiempo como sea posible. Pero es mayor el daño que infligen las peleas por el control del Tribunal Constitucional, el árbitro último de la regla de juego, el rule of law del derecho anglosajón. En dos meses, la nueva cámara legislativa ha anulado nombramientos realizados por su antecesora, cambiado la duración de los mandatos y reforzado las mayorías para evitar que nuevas sentencias puedan anular sus decisiones.

El conflicto enfrenta la legalidad (el nombramiento de tres magistrados realizados durante la anterior legislatura y ratificados por sentencias del actual tribunal) con la legitimidad democrática (los nombramientos realizados por el presidente de la República sin esperar a la resolución del tribunal). Así, la ley que representa el Constitucional queda anulada o superada por la democracia, la voluntad popular representada por diputados y presidente.

El caso ha situado a la Comisión Europea por primera vez ante la eventualidad de utilizar el procedimiento excepcional de infracción del Estado de derecho previsto en el artículo 7 del Tratado. Como guardián de los tratados, la Comisión tiene entre sus obligaciones la vigilancia de los compromisos adquiridos por los países socios en el momento de su adhesión, entre los que se cuentan el respeto al Estado de derecho. No lo ve del mismo modo el ministro de Justicia y destacado dirigente del PiS Zbigniew Ziobro, que ha denunciado en cartas a los comisarios alemán Günther Oettinger y al vicepresidente holandés Frans Timmermans lo que considera una interferencia intolerable en la soberanía de Polonia.