China prepara su primera y controvertida ley antiterrorista

China considera que, por su cada vez mayor peso en la economía y la geopolítica mundial, es también más propensa a sufrir ataques terroristas en su territorio y contra sus intereses. Por ello está preparando su primera ley antiterrorista, un texto cuyo borrador ha recibido fuertes críticas de organizaciones no gubernamentales (ONG), Gobiernos extranjeros y organizaciones empresariales al considerar que encubre un endurecimiento del control sobre los medios de comunicación, del ciberespacio y que pone en riesgo la propiedad intelectual de las compañías extranjeras que operan en el país asiático.

El documento, que según los medios oficiales “está muy maduro” y podría aprobarse antes de que acabe el año, define terrorismo como “cualquier proposición o actividad que, por medio de violencia, sabotaje o amenaza, genera pánico social, socava la seguridad pública, infringe los derechos personales y patrimoniales y amenaza a los organismos gubernamentales e internacionales con objetivos políticos e ideológicos”.

De ser aprobada tal como está, la legislación antiterrorista obligará a las empresas tecnológicas a mantener sus servidores dentro del país y a proporcionar al Gobierno chino, sin autorización judicial previa, información sensible como claves de encriptación e información de los usuarios. También deberán instalar puertas traseras (mecanismos para evitar los sistemas de seguridad) en sus productos, bajo la amenaza de que sean vetados en el mercado chino en caso de no hacerlo. “Estamos preocupados porque estas restricciones impedirían tanto a las empresas chinas como a las extranjeras que operan en el país acceder a los sistemas de información más innovadores y competitivos”, señala Adam Dunnet, secretario general de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China. El presidente estadounidense, Barack Obama, compartió su inquietud por esta ley en la última reunión que mantuvo con su homólogo chino, Xi Jinping.

En otra cláusula, la normativa prohíbe a cualquier individuo u organización que “fabrique y difunda información sobre incidentes o publique detalles de actividades terroristas que puedan conducir a su imitación”. Y en esta categoría se incluyen los medios de comunicación —con excepción de los que hayan recibido el visto bueno de las autoridades— y especialmente los usuarios de las redes sociales.

Instrumento para censurar

“La definición de terrorismo y extremismo en esta ley es muy vaga. Un comportamiento considerado extremista podría incluir cualquier crítica a las políticas, normas y reglamentos oficiales. El proyecto podría dar a las autoridades más herramientas para censurar la información no deseada y criminalizar a aquellos ciudadanos chinos que informen sobre incidentes terroristas. Como acabamos de ver en el juicio contra [el abogado defensor de los derechos humanos] Pu Zhiqiang, las autoridades están dispuestas a perseguir penalmente a cualquier persona que se atreva a cuestionar la guerra contra el terrorismo o las políticas hacia las minorías étnicas”, sostiene William Nee, investigador para china de Amnistía Internacional.

El Gobierno chino rechaza estas críticas. Sostiene que el país “tiene todo el derecho de promulgar” una normativa de este tipo y defiende un mayor control de los datos “por el creciente uso del ciberespacio a la hora de planear y llevar a cabo ataques”. Wang Guoxiang, experto en lucha antiterrorista, considera también que es una ley “sin duda necesaria porque las amenazas son cada vez mayores”, y, aunque reconoce los temores de los ciudadanos por sus libertades individuales, confía en que las autoridades no abusarán de esta información. “La posibilidad de que tus datos personales sean utilizados es una preocupación en todo el mundo. También en Estados Unidos hay casos donde estos derechos se han infringido”, afirma.

Atentados de uigures

En los últimos años, China ha sufrido varios atentados por parte de grupos procedentes de la región autónoma occidental de Xinjiang, habitada mayoritariamente por musulmanes de etnia uigur. Entre ellos destaca un ataque con cuchillos en la estación de tren de la ciudad sureña de Kunming que causó 30 muertos o la embestida de un coche contra una valla a las puertas de la Ciudad Prohibida de Pekín. Los ataques fueron perpetrados por uigures, a los que China relaciona con el Movimiento del Turkestán Oriental, una organización terrorista que busca la independencia de Xinjiang y que Pekín vincula a su vez con otros grupos yihadistas extranjeros como el Estado Islámico (ISIS en sus siglas inglesas). De hecho, las autoridades aseguran que decenas de ciudadanos chinos, de etnia uigur, ya combaten en sus filas.

Aunque la ley responde principalmente a estos episodios de violencia ocurridos dentro del país, también se enmarca en la lucha contra el terrorismo internacional, de la que China tradicionalmente se ha mantenido al margen. Pero con el asesinato del primer rehén de esta nacionalidad a manos del ISIS y la muerte de tres ciudadanos chinos durante el asalto a un hotel en Bamako (Malí), Pekín podría virar hacia un mayor intervencionismo, aunque se trate en un principio de apoyo logístico o financiero. Y para ello también necesita un marco legal que lo contemple.