Francia cambiará la Constitución en respuesta a la matanza del ISIS

El proyecto incluye retirar la nacionalidad francesa a los terroristas con doble pasaporte

El primer ministro francés, Manuel Valls; la ministra de Justicia, Christiane Taubira, y el ministro de Finanzas, Michel Sapin, este miércoles en El Elíseo.
El primer ministro francés, Manuel Valls; la ministra de Justicia, Christiane Taubira, y el ministro de Finanzas, Michel Sapin, este miércoles en El Elíseo.E. FEFERBERG (EFE)

Tal y como anunció solemnemente el presidente francés, François Hollande, apenas tres días después de los atentados yihadistas del 13 de noviembre, el Consejo de Ministros presentó este miércoles su propuesta de revisión constitucional para incluir el estado de excepción en la Ley Fundamental. La reforma incluye también una medida altamente simbólica, y polémica, también anunciada por Hollande: la de retirar la nacionalidad a los franceses con doble pasaporte condenados por terrorismo, aunque hayan nacido en Francia. El proyecto, que debe aprobarse con una mayoría de tres quintos, se debatirá a partir de febrero.

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A pesar de los rumores de los últimos días, el presidente Hollande optó finalmente por incluir la retirada de la nacionalidad también a los terroristas nacidos en Francia que tengan una segunda nacionalidad en su propuesta de reforma constitucional, una reivindicación histórica de la extrema derecha y de la derecha que tiene dividido al Gobierno socialista.

El Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) asesinó a 130 personas en varios atentados simultáneos el 13-N. La propuesta es que se retire la nacionalidad tras una condena por terrorismo firme, que el terrorista deberá cumplir en su integridad en Francia antes de ser eventualmente expulsado del país, según detalló el primer ministro, Manuel Valls, después del Consejo de Ministros. Hasta ahora ya se aplicaba a los binacionales naturalizados (es decir, extranjeros que han adquirido la nacionalidad francesa): siete personas han perdido la nacionalidad desde 2007 por este motivo.

“Es el primer efecto de los 6,8 millones” de electores que en las regionales celebradas este mes votaron por el Frente Nacional, se felicitó este miércoles su presidenta, Marine Le Pen. En el otro extremo, el antiguo líder del Frente de Izquierdas y eurodiputado Jean-Luc Mélenchon definió la iniciativa como “un atentado contra la identidad nacional” al crear ciudadanos bajo sospecha.

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“A la incompetencia económica, el Gobierno añade ahora la infamia”, escribió por su parte el economista Thomas Piketty en una tribuna en el diario Le Monde, en la que acusa a Hollande de “correr detrás del Frente Nacional”.

Con su inclusión en la reforma constitucional, el Gobierno se garantiza la aprobación de la reforma por parte de la oposición conservadora, pero corre el peligro de abrir una brecha en su propia mayoría. El diputado socialista Pascal Cherki ya ha afirmado que no votará la reforma. Otros, como el exministro Benoît Hamon, denuncian la “creación de dos categorías de franceses nacidos en suelo francés”. La propia ministra de Justicia, Christiane Taubira, había asegurado la víspera que la medida había sido abandonada y que la consideraba a título personal ineficiente y contraria al derecho de suelo.

Estado de excepción

El texto del Gobierno prevé también añadir el artículo 36.1 a la Constitución que prevé que el estado de excepción puede ser decretado por el Consejo de Ministros en parte o la totalidad del territorio por un periodo máximo de 12 días en caso de “peligro inminente causado por graves ataques al orden público” o en caso de grave catástrofe natural. Su prolongación debe ser aprobada por el Parlamento y sus modalidades, contempladas por la legislación vigente.

Actualmente, para el estado de excepción rige una ley creada en 1955 durante la guerra de Argelia que fue modificada el pasado 20 de noviembre por el Parlamento, que amplió casi por unanimidad su aplicación hasta finales de febrero. Inscribir el reconocimiento de este régimen en la Constitución supone para el Gobierno garantizar su correcta puesta en marcha. “Estipular los criterios de activación del estado de excepción y enmarcar las medidas para su extensión en la Constitución es poner fin definitivamente a todo riesgo de deriva partidista”, aseguró Valls.

La pertinencia de la reforma ha abierto, sin embargo, un debate entre los juristas. Para Thierry Rambaud, de la Universidad René Descartes, la constitucionalización del estado de excepción lo protege en principio de recursos ante tribunales europeos y ante el Constitucional. “Se trata de una consagración constitucional que consolida jurídicamente el dispositivo”, asegura. Una ley ordinaria puede ser modificada en cualquier momento por una simple mayoría política, cuando la Constitución requiere los tres quintos del Parlamento. No lo considera peligroso para las libertades porque no excluye los mecanismos de recursos ante un juez administrativo.

Para otros, como el constitucionalista Michel Verpeaux, de la facultad de Derecho de la Sorbona, “no cambia gran cosa” dado que la ley de 1955 ya se aplicaba y que el consejo constitucional validó este martes algunas de sus medidas más criticadas, como los arrestos domiciliarios sin orden judicial.

Tampoco considera potencialmente inconstitucional la ampliación de la retirada de la nacionalidad a los nacidos franceses de origen extranjero, y con doble nacionalidad, un argumento que adelantan sus detractores al diferenciar entre franceses de origen extranjero y el resto, porque pondría en pie de igualdad a los nacionalizados con los nacidos franceses. En España, la Constitución estipula en su artículo 11.2 que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.

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