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Francia cambiará la Constitución en respuesta a la matanza del ISIS

El proyecto incluye retirar la nacionalidad francesa a los terroristas con doble pasaporte

Manuel Valls Ampliar foto
El primer ministro francés, Manuel Valls; la ministra de Justicia, Christiane Taubira, y el ministro de Finanzas, Michel Sapin, este miércoles en El Elíseo. EFE

Tal y como anunció solemnemente el presidente francés, François Hollande, apenas tres días después de los atentados yihadistas del 13 de noviembre, el Consejo de Ministros presentó este miércoles su propuesta de revisión constitucional para incluir el estado de excepción en la Ley Fundamental. La reforma incluye también una medida altamente simbólica, y polémica, también anunciada por Hollande: la de retirar la nacionalidad a los franceses con doble pasaporte condenados por terrorismo, aunque hayan nacido en Francia. El proyecto, que debe aprobarse con una mayoría de tres quintos, se debatirá a partir de febrero.

A pesar de los rumores de los últimos días, el presidente Hollande optó finalmente por incluir la retirada de la nacionalidad también a los terroristas nacidos en Francia que tengan una segunda nacionalidad en su propuesta de reforma constitucional, una reivindicación histórica de la extrema derecha y de la derecha que tiene dividido al Gobierno socialista.

El Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) asesinó a 130 personas en varios atentados simultáneos el 13-N. La propuesta es que se retire la nacionalidad tras una condena por terrorismo firme, que el terrorista deberá cumplir en su integridad en Francia antes de ser eventualmente expulsado del país, según detalló el primer ministro, Manuel Valls, después del Consejo de Ministros. Hasta ahora ya se aplicaba a los binacionales naturalizados (es decir, extranjeros que han adquirido la nacionalidad francesa): siete personas han perdido la nacionalidad desde 2007 por este motivo.

“Es el primer efecto de los 6,8 millones” de electores que en las regionales celebradas este mes votaron por el Frente Nacional, se felicitó este miércoles su presidenta, Marine Le Pen. En el otro extremo, el antiguo líder del Frente de Izquierdas y eurodiputado Jean-Luc Mélenchon definió la iniciativa como “un atentado contra la identidad nacional” al crear ciudadanos bajo sospecha.

La ministra de Justicia queda en entredicho

La decisión de incluir en la reforma constitucional la retirada de la nacionalidad a los binacionales nacidos en Francia pone en una situación delicada a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que había anunciado la retirada de esa medida y ha sido desautorizada. El primer ministro, Manuel Valls, salió en su defensa estimando que “cada cual tiene derecho a tener sus propias dudas, sus interrogantes, sus cuestionamientos y sus análisis”. Pero entre los diputados de Los Republicanos y del Frente Nacional se multiplicaban los llamamientos a su dimisión. Los sectores más izquierdistas, que ven en Taubira, del Partido Radical de Izquierda, la figura más progresista del Gobierno, reclamaban a la ministra que eligiera su campo.

“A la incompetencia económica, el Gobierno añade ahora la infamia”, escribió por su parte el economista Thomas Piketty en una tribuna en el diario Le Monde, en la que acusa a Hollande de “correr detrás del Frente Nacional”.

Con su inclusión en la reforma constitucional, el Gobierno se garantiza la aprobación de la reforma por parte de la oposición conservadora, pero corre el peligro de abrir una brecha en su propia mayoría. El diputado socialista Pascal Cherki ya ha afirmado que no votará la reforma. Otros, como el exministro Benoît Hamon, denuncian la “creación de dos categorías de franceses nacidos en suelo francés”. La propia ministra de Justicia, Christiane Taubira, había asegurado la víspera que la medida había sido abandonada y que la consideraba a título personal ineficiente y contraria al derecho de suelo.

Estado de excepción

El texto del Gobierno prevé también añadir el artículo 36.1 a la Constitución que prevé que el estado de excepción puede ser decretado por el Consejo de Ministros en parte o la totalidad del territorio por un periodo máximo de 12 días en caso de “peligro inminente causado por graves ataques al orden público” o en caso de grave catástrofe natural. Su prolongación debe ser aprobada por el Parlamento y sus modalidades, contempladas por la legislación vigente.

Actualmente, para el estado de excepción rige una ley creada en 1955 durante la guerra de Argelia que fue modificada el pasado 20 de noviembre por el Parlamento, que amplió casi por unanimidad su aplicación hasta finales de febrero. Inscribir el reconocimiento de este régimen en la Constitución supone para el Gobierno garantizar su correcta puesta en marcha. “Estipular los criterios de activación del estado de excepción y enmarcar las medidas para su extensión en la Constitución es poner fin definitivamente a todo riesgo de deriva partidista”, aseguró Valls.

La pertinencia de la reforma ha abierto, sin embargo, un debate entre los juristas. Para Thierry Rambaud, de la Universidad René Descartes, la constitucionalización del estado de excepción lo protege en principio de recursos ante tribunales europeos y ante el Constitucional. “Se trata de una consagración constitucional que consolida jurídicamente el dispositivo”, asegura. Una ley ordinaria puede ser modificada en cualquier momento por una simple mayoría política, cuando la Constitución requiere los tres quintos del Parlamento. No lo considera peligroso para las libertades porque no excluye los mecanismos de recursos ante un juez administrativo.

Para otros, como el constitucionalista Michel Verpeaux, de la facultad de Derecho de la Sorbona, “no cambia gran cosa” dado que la ley de 1955 ya se aplicaba y que el consejo constitucional validó este martes algunas de sus medidas más criticadas, como los arrestos domiciliarios sin orden judicial.

Tampoco considera potencialmente inconstitucional la ampliación de la retirada de la nacionalidad a los nacidos franceses de origen extranjero, y con doble nacionalidad, un argumento que adelantan sus detractores al diferenciar entre franceses de origen extranjero y el resto, porque pondría en pie de igualdad a los nacionalizados con los nacidos franceses. En España, la Constitución estipula en su artículo 11.2 que “ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”.

Más de 1.000 franceses combaten en Siria e Irak

“La amenaza terrorista nunca ha sido tan elevada”, recordó este miércoles el primer ministro, Manuel Valls, en comparecencia ante los medios tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el proyecto de reforma constitucional. Francia acaba de superar el umbral de las 1.000 personas que han viajado a Siria o a Irak para unirse a grupos yihadistas; de ellas, unas 600 siguen allí, 148 han muerto en combate y alrededor de 250 han regresado. El primer ministro francés recordó que los combatientes en esos países se agrupan con personas que hablan el mismo idioma para “formarse y preparar acciones terroristas” en Francia. En total, unas 10.500 personas están fichadas en el país por su relación con el islamismo radical, aunque con grados de implicación diversos.

Ante esta realidad y el riesgo de atentados todavía elevado, el primer ministro justificó la aplicación del estado de excepción, decretado tras los atentados del 13 de noviembre perpetrados por el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés) y en los que murieron 130 personas. Este régimen, que permite realizar registros de día y noche y poner durante 12 horas diarias bajo arresto domiciliario y sin orden judicial a personas consideradas sospechosas de suponer un peligro para el orden público, fue decretado la misma noche de los ataques y prolongado por el Parlamento hasta finales de febrero. Al término de ese periodo, el Gobierno decidirá si pedirá una nueva ampliación, según adelantó también Valls.

Desde la entrada en vigor del estado de excepción, se han realizado más de 2.900 registros, recuperado 443 armas —40 de ellas de guerra— y puesto en arresto domiciliario a 312 personas. Se han abierto también unas 500 investigaciones judiciales, una quincena de ellas por hechos relacionados con el terrorismo.

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