Derechos humanos

Movilización internacional por la pena de muerte a un poeta en Arabia Saudí

La prensa del reino anuncia la inminente ejecución de medio centenar de condenados por terrorismo, incluidos seis chiíes que eran menores cuando participaron en protestas

Dos centenares de poetas y escritores de todo el mundo han firmado una carta de solidaridad con Ashraf Fayadh, un artista palestino condenado a muerte en Arabia Saudí por “apostasía”. Su temor, como el de diversas organizaciones internacionales que apoyan su caso, es que ese nuevo golpe a la libertad de expresión se haga efectivo. En lo que va de año el reino ha ejecutado a por lo menos 151 personas y, según los medios locales, otras 55 están a punto de subir al cadalso por delitos de terrorismo, seis de ellas menores cuando se produjeron los hechos de los que se les responsabiliza. De momento, la presión internacional ha servido para que, por primera vez desde su detención, Fayadh haya tenido acceso a un abogado.

“Durante todo el proceso no ha tenido defensa letrada; solo después de que su caso se hiciera viral le han permitido acceder a un abogado para apelar la sentencia”, explica a EL PAÍS Mona Kareem, la activista que ha difundido su situación y ha traducido sus poemas. El asunto pone de relieve las crecientes tensiones entre los ultraconservadores del reino y una nueva generación de artistas y activistas que intenta ampliar los límites a la libertad de expresión.

Fayadh, de 35 años y nacido en Arabia Saudí de padres palestinos, fue detenido en agosto de 2013 en la ciudad de Abha acusado de haber hecho “comentarios obscenos sobre Dios, el profeta Mahoma y el Estado saudí”, según los documentos que ha visto Human Rights Watch. Al parecer, un lector denunció que había difundido un libro en el que promovía el ateísmo. El poeta ha rechazado esos cargos desde el principio y sus allegados están convencidos de que los ultraconservadores la han tomado con él por haber difundido en Internet un vídeo en el que la policía religiosa flagelaba a un hombre en público.

“Le han convertido en un chivo expiatorio para dejar claro que la policía moral está por encima de la sociedad”, declara Kareem en una entrevista por correo electrónico. “Ashraf tiene un gran temple y estoy convencida de que no es fácil hundir a un refugiado palestino de tercera generación, pero ya lleva dos años en la cárcel”, se preocupa la activista. De momento, la sentencia ha sido demasiado para el padre del poeta que se encuentra “en coma desde que conoció el veredicto”.

Fayadh, que como colaborador de la galería de arte británico saudí Edge of Arabia ha organizado exposiciones en Yeddah y en la Bienal de Venecia, fue condenado inicialmente a cuatro años de cárcel y 800 latigazos. El juez rechazó la pena de muerte que pedía el fiscal porque detectó “hostilidad” en el testigo de cargo y arrepentimiento del poeta. Sin embargo, el fiscal recurrió. Amnistía Internacional lo considera un preso de conciencia.

“Para él fue un golpe tremendo ver que se le volvía a juzgar para aumentar la sentencia, pero espera que haya bastante apoyo para salvar su vida”, confía Kareem, quien conoció a Fayadh en 2002. Ambos eran habituales de las mismas publicaciones árabes y llegaron a gestionar juntos una web literaria a mediados de la pasada década.

De la sensibilidad que la crítica suscita en las autoridades saudíes da una pista el hecho de que el Ministerio de Justicia haya anunciado que estudia querellarse contra Twitter porque en esa web se ha equiparado la sentencia contra el poeta con las que emite el Estado Islámico. Riad se encuentra constantemente en el punto de mira por la falta de garantías de su sistema judicial y su frecuente recurso a la pena capital. La mayoría de los condenados a muerte lo son por delitos no violentos como la apostasía o la protesta política.

Más de 50 personas condenadas a muerte

Varias organizaciones de derechos se han movilizado en la última semana ante la difusión en la prensa saudí de que se está preparando la ejecución de golpe de 52 personas acusadas de terrorismo. El pasado 23 de noviembre la web del diario Al Riyadh anunciaba que iba a producirse “en días”, pero luego retiró la noticia. Sin embargo, se mantiene en la web de Okaz, que eleva el número de reos a 55.

“Los 55 terroristas de Al Qaeda y Awamiya van a recibir el castigo que les corresponden tras probarse que sus crímenes causaron la muerte a un centenar de civiles y a 71 miembros de las fuerzas de seguridad”, explica ese diario echando en el mismo saco a los presuntos miembros de Al Qaeda (extremistas violentos suníes) y a los manifestantes chiíes de la Provincia Oriental que en 2011, al hilo de la primavera árabe, organizaron protestas pacíficas para denunciar la discriminación por parte del Gobierno central. Awamiya es la localidad donde se produjeron varias de las manifestaciones, no un grupo terrorista. Todos ellos han sido condenados en juicios secretos ante el Tribunal Criminal Especial.

Más allá de las irregularidades en los juicios, a los defensores de derechos les preocupa especialmente que entre ese segundo grupo hay seis jóvenes que eran menores de edad cuando participaron en las marchas y, sean cuales sean sus delitos, no pueden ser condenados a muerte de acuerdo con la legislación internacional. Uno de los seis, Ali al Nimr, sobrino de un destacado líder religioso chií que también ha recibido la pena capital, se ha convertido en el símbolo del caso al haber sido sentenciado a la crucifixión.

“Hemos oído de organizaciones con las que colaboramos que han realizado exámenes médicos a los menores y al jeque Nimr, lo que podría indicar que las ejecuciones son inminentes”, Alice Gillham, de Reprieve, una organización británica que defiende a condenados a muerte y a víctimas de la tortura.

A la vista de esas informaciones, las madres de cinco de los jóvenes escribieron la semana pasada una carta abierta en la que hacían responsables al rey Salmán y al príncipe heredero Mohamed Bin Nayef de las vidas de sus hijos para los que pedían la libertad inmediata. “Queremos reiterar que las autoridades saudíes han sometido a múltiples injusticias a nuestros hijos (…) torturados física y psicológicamente durante los interrogatorios”, denuncian.

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