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Las medidas de Francia tras los atentados de ‘Charlie Hebdo’

2.680 policías y militares, 735 millones de euros y una ley para espiar sin control judicial

Asistentes a un partido de rugby en Toulon (Francia), el 10 de enero.
Asistentes a un partido de rugby en Toulon (Francia), el 10 de enero. AFP

Los ataques terroristas en París han coincidido con el primer día de la alerta policial especial lanzada por la Cumbre del Clima que se celebrará en París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. Desde este viernes, y durante un mes, Francia ha dejado en suspenso el acuerdo de Schengen y ha restablecido controles fronterizos. Esta no es la primera medida antiterrorista tras los atentados de Charlie Hebdo, y se calcula que las medidas extra de seguridad que se despliegan en el país, con unos 10.000 policías y militares en las calles, cuestan un millón de euros al día.

Dos semanas después de los atentados yihadistas de París, que dejaron 17 víctimas, Francia anunció que reforzaría con capital humano y material su lucha antiterrorista. Entre las medidas destacaron la creación de 2.680 puestos en tres años en la lucha contra el terrorismo, y una inversión de 425 millones de euros en equipamiento. Para completar el refuerzo, el Gobierno presentó en marzo una ley para regular las actuaciones de los servicios de inteligencia, en particular las escuchas telefónicas y el control de Internet. Hollande anunció en abril el aumento del presupuesto de Defensa (31.400 millones de euros anuales).

Los servicios de seguridad desde entonces disponen de 1.400 puestos de policía adicionales, 1.100 de los cuales se aprobó que fueran destinados a “unidades de inteligencia encargadas de luchar contra el terrorismo” —entre los cuales, 500 agentes se sumaron a los 3.200 actuales de la Dirección General de los Servicios de Interior—, 950 fueron puestos en el Ministerio de Justicia, 250 en el de Defensa y 80 en el de Finanzas, 70 ellos para vigilancia de aduanas.

El presidente, François Hollande, también decidió mantener 7.500 puestos de militares de los 34.000 que debían anularse antes de 2019. Tras los atentados, las Fuerzas Armadas fueron sido movilizadas en el exterior para luchar contra el terrorismo (9.000 soldados) y en la vigilancia de los lugares sensibles en territorio nacional, en el marco del plan antiterrorista Vigipirate (10.500 militares). Se decidió la inversión de 233 millones de euros destinados a Interior y de 181 a Justicia para comprar material como chalecos antibalas, cascos y vehículos para los agentes encargados de las vigilancias. El esfuerzo presupuestario que, incluyendo los gastos en personal, supone 735 millones de euros en tres años, Valls aseguró que “será compensado por ahorros (…) en el conjunto del gasto público, año tras año”. “Se trata de un esfuerzo enorme pero indispensable”, anunció en marzo, en el momento de aprobar el paquete.

Entonces, el primer ministro aseguró que 3.000 personas requieren vigilancia en Francia: unos 1.300 franceses o extranjeros de vuelta de la yihad en Siria e Irak o todavía allí, a los que se suman los involucrados en grupos yihadistas de otros países, como Pakistán o Yemen, y casi un millar de vinculados al ciberyihadismo.

Los servicios secretos

En mayo se aprobó que los servicios secretos franceses tuviesen amplios poderes para rastrear la Red e interceptar comunicaciones telefónicas y cibernéticas. Para ello les basta con autorizaciones del primer ministro, pero sin control judicial. El Gobierno presentó la ley como “necesaria”, mientras que para numerosas asociaciones de defensa de los derechos se trató de una ley “liberticida”. Hasta entonces, las actuaciones de los espías se regían por una ley de 1991, cuando las nuevas tecnologías estaban en pañales.

La modificación legal también permitió el uso de sistemas denominados Imsi Catcher, mediante los cuales los espías podrán captar y registrar todos los datos de teléfonos u ordenadores de sospechosos, pero también de toda persona que se encuentre a varios centenares de metros a la redonda. La instalación de balizas de seguimiento en automóviles, la colocación de micrófonos en lugares privados o, en caso de que se considere necesario, la entrada en domicilios, también estará permitida con una autorización administrativa, sin intervención de los jueces.

En casos urgentes, los espías pueden hasta actuar de inmediato y comunicar después su acción. La ley creó también un fichero en el que, durante 20 años, figurarán los condenados o imputados por terrorismo.

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