La democracia argentina depende de elecciones transparentes

Entre otras cosas, antes de la votación en Tucumán el oficialismo repartió bolsones y dinero junto con las boletas electorales y desalentó a presidentes de mesa a presentarse el día de los comicios para poder reemplazarlos por militantes. Durante la votación del domingo 23 de agosto se sumaron irregularidades como la quema de urnas. Tal vez el colmo vino después. Hubo telegramas que transcribieron incorrectamente los resultados de las actas de los comicios. Para el recuento definitivo, urnas con votos y actas llegaron abiertas a la Junta Electoral Provincial, por lo que no se sabe si corresponde a lo que se votó o no.

El lunes siguiente desaparecieron las filmaciones donde se resguardaban las urnas. El titular de la Junta Electoral Provincial (y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán) lo justificó por desperfectos en el suministro eléctrico, algo que la compañía eléctrica desmintió. En las filmaciones del martes un individuo aparece poniéndole una faja nueva a una urna. En una palabra, la impresión es que se fabricaron los resultados electorales.

Los robos se deben a un vetusto sistema de votación: como no hay una boleta única, cada partido tiene que aportar las suyas

Las irregularidades no son nuevas en la Argentina. En las recientes Primarias Abiertas y Simultáneas Obligatorias, se robaron boletas opositoras en distritos como la Provincia de Buenos Aires. Los robos se deben a un vetusto sistema de votación: como no hay una boleta única, cada partido tiene que aportar sus propias boletas. El oficialista Frente para la Victoria, dominado por el PJ, controla las dos cámaras del Congreso además del Poder Ejecutivo Nacional y se ha negado sistemáticamente a modernizar este sistema.

Lo más sorprendente en la provincia de Tucumán no fueron las irregularidades. La primera sorpresa fue la ciudadanía, que entendió que hubo fraude y salió a reclamar transparencia en el proceso electoral frente a la Casa de Gobierno en la Plaza Independencia. Después de ser duramente reprimida el lunes 24 de agosto con gases lacrimógenos, balas de goma y policía a caballo con cachiporras, volvió el martes, el miércoles, y así por ocho noches consecutivas. La oposición finalmente presentó una denuncia judicial por las irregularidades electorales.

La segunda sorpresa fue que la justicia, con un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, firmada por Ebe López Piossek y Salvador Ruiz, se animó a declarar nulo el proceso electoral por “la magnitud de las anomalías registradas durante la celebración de los comicios y los días posteriores”, llamando a nuevas elecciones. Algo inédito en la Argentina.

El PJ no se quedó de brazos cruzados. Primero, los escraches: apedrearon la casa de la jueza y la ciudad de Tucumán amaneció empapelada con carteles anónimos con los nombres y el símbolo $ sobre las frentes de los dos jueces, y la frase “Ellos son 2 y vulneraron la voluntad de 500 mil tucumanos”. El gobierno va a denunciar a los dos magistrados por sedición. Para acompañar su apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se organizó una concentración frente a los tribunales con carteles como “Muerte a los traidores”.

Scioli, el candidato presidencial del PJ, pidió unidad, tranquilidad y paz, pero reclamó a la justicia que “legitime” el triunfo oficialista, algo que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán acaba de hacer. La Presidente de la Nación, en lugar de aportar mesura y pedir investigar a fondo, acusó con argumentos pueriles: “dos jueces deciden anular la voluntad de cientos de miles, diciendo que algunos no saben votar porque son pobres, creo que estamos retornando a épocas pre-democráticas”.

Por definición, un partido nacional y popular no puede hacer fraude porque representa la voluntad popular. Cuando un gobierno que no quiere dejar el poder controla las elecciones, surgen problemas.

En este mundo del revés, las víctimas se transforman en los culpables. Pero el reclamo de la ciudadanía tucumana ha sido inspirador: para que haya democracia, las elecciones tienen que ser transparentes. También necesitamos una justicia proba que defienda ese derecho, con jueces como López Piossek y Ruiz. En respuesta a esta admirable acción cívica, nuestro desafío es participar como voluntarios fiscalizando las próximas elecciones nacionales. El derecho a vivir en un país libre no se regala, hay que ganarlo.

Jorge M. Streb es consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y profesor en la universidad del CEMA.