La crisis migratoria se agrava con el regreso de controles fronterizos

La enorme afluencia de refugiados que ha sorprendido a Europa en pocas semanas está poniendo a prueba algunos pilares comunitarios. Tras los pasos de Alemania, Austria —recurriendo a los militares— y Eslovaquia han restablecido temporalmente los controles en las fronteras interiores, cuya desaparición constituye uno de los grandes logros de la UE. Por primera vez se produce una reacción así por cuestiones migratorias. La presión de las fronteras ha logrado que los ministros de Interior hayan pactado el reparto excepcional de 160.000 refugiados por los países miembros, pero sin asumir cuotas obligatorias, según han avanzado los ministros francés y alemán, aunque los titulares del Interior siguen pactando los detalles.

La decisión alemana de reinstaurar temporalmente los controles por cuestiones de seguridad ha provocado un relativo efecto dominó en otros países europeos. Cada uno con su propósito —no necesariamente coincidente—, los Estados tratan de alertar de que la llegada masiva de refugiados requiere una respuesta coordinada y la aplicación de reglas claras. Al movimiento alemán le siguió un anuncio de Austria del despliegue de militares para asegurar la frontera con Hungría, por la que la noche anterior habían cruzado miles de migrantes con dirección a Alemania. “Si Alemania aplica controles fronterizos, Austria debe aplicar controles de fronteras reforzados”, aseguró el vicecanciller austriaco, Reinhold Mitterlehner, en una conferencia de prensa. “Y lo vamos a hacer ahora”, avanzó.

Eslovaquia anunció también la introducción de controles temporales en las fronteras, reforzadas con 220 policías más. Y Hungría ha dejado vía libre a los demandantes de asilo que alcanzan su territorio con el único propósito de continuar camino hacia la frontera con Alemania. Frente a la actitud inicial de pretender registrar a todos los migrantes, como dictan las normas de asilo en la UE, las autoridades húngaras están utilizando trenes especiales para transportar a miles de migrantes desde Röszke, cerca de la frontera con Serbia, hasta Austria. Así lo aseguró una portavoz de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, a Reuters.

La incapacidad que está mostrando Europa para lidiar con esta crisis de manera coordinada cuestiona la libre circulación consagrada en el tratado de Schengen. Sin llegar a controlar las fronteras, la primera ministra polaca, Ewa Kopacz, se declaró dispuesta a establecer esa medida “en cuanto haya notificaciones de alguna amenaza a la seguridad”. Y Holanda decidió reforzar las inspecciones en las zonas fronterizas, pero sin llegar a aplicar medidas excepcionales fuera de Schengen.

Todos esos movimientos han planeado como una espada de Damocles sobre los ministros reunidos en Bruselas. Hasta ahora la Comisión Europea solo había recibido seis notificaciones de una suspensión temporal de la libertad de fronteras desde 2013, casi todas por acontecimientos previsibles como la celebración de una cumbre del G7. Schengen permite siempre realizar inspecciones en las fronteras, pero excluye los controles sistemáticos, salvo situaciones de amenaza a la seguridad interna de un país, como las que invoca Alemania.

El ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière, utilizó la excepcionalidad de estas medidas como revulsivo para tratar de sacar adelante la distribución de refugiados por cuotas que propone el Ejecutivo comunitario. Solo este país ha comunicado a Bruselas sus controles temporales, pese a que todos tienen el deber de hacerlo.

El órdago no funcionó, pese a que los ministros francés y alemán dieron prácticamente por cerrado un compromiso político de reubicar a 120.000 nuevos demandantes de asilo por la Europa comunitaria. “Hay un acuerdo político de base para la reubicación de 160.000 [personas]”, avanzó De Maizière, que sumaba al actual el primer contingente de 40.000 aprobado por Bruselas el pasado mes de mayo.

“La opinión pública europea está muy pendiente de lo que estamos decidiendo aquí”, dijo el titular español, Jorge Fernández Díaz.

Tras casi siete horas de discusión, el ministro luxemburgués, Jean Asselborn —al cargo de la presidencia de turno de la UE—, el vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans y el comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, comparecieron para anunciar que no había habido acuerdo. “Este es un problema que no se va a ir y que requerirá soluciones duraderas”, aseguró Timmermans.

El titular luxemburgués admitió que “una extensa mayoría” de los Estados miembros estaban dispuestos a respaldar la distribución de 120.000 refugiados por el continente, pero que no fue posible.

Sin citarlos, Asselborn aludía al bloqueo que han impuesto los Estados del Este por su negativa a las cuotas obligatorias. Y amagó con utilizar el procedimiento de mayoría cualificada —sin necesidad de unanimidad— para sacar adelante la decisión.

La fecha final que se fija la presidencia es el próximo consejo de ministros del Interior, el próximo 8 de octubre en Luxemburgo. Avramopoulos quiso hacer un llamamiento a la responsabilidad de los Estados: “Nuestra respuesta a la crisis de los refugiados marcará nuestra historia. El mundo nos observa”.

Lo que sí adoptaron formalmente los ministros fue la primera fase de este proyecto, los 40.000 solicitantes de asilo que la Comisión propuso distribuir en mayo —entonces solo desde Grecia e Italia— y que los países no pudieron pactar antes de verano.

Aunque la meta aún no se ha alcanzado y de momento los Estados no ofrecen más que 32.256 plazas para estos traslados, los expertos podrán ir ya trabajando en los procesos. Pese a los llamamientos de urgencia de Bruselas, la ONU y todas las organizaciones humanitarias, Europa no ha reubicado todavía a ningún refugiado, unos trámites que ahora se agilizarán con la decisión formal ya adoptada.