América Latina: corrupción nunca más

“Nunca más” es una de las expresiones que mejor representa la superación de un contexto histórico trágico. Su empleo se remonta a los sobrevivientes del Gueto de Varsovia, en su llamado para que el pueblo judío nunca más fuese azotado por el flagelo del genocidio. En América Latina, la conversión de dichas palabras en consigna ética se expresó en la portada del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de Argentina, a sugerencia del rabino y comisionado Marshall Meyer. Su notoriedad en dicho país se reforzó al conformar la requisitoria del fiscal Julio César Strassera en el juicio penal contra los miembros de la Junta Militar:

Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral (...). Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ¡nunca más!

En Brasil, ante la inexistencia de una comisión de la verdad hasta mayo de 2012, el principal referente sobre la tortura fue el libro Brasil: Nunca Mais

En Brasil, ante la inexistencia de una comisión de la verdad hasta mayo de 2012, el principal referente sobre la tortura y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura militar fue, por varias décadas, el libro Brasil: Nunca Mais. Escrito por el obispo Paulo Evaristo Arns, el rabino Henry Sobel y el pastor Jaime Wright, dicho documento inspiró la creación de varias organizaciones dedicadas al monitoreo de la tortura en el país, muchas de las cuales llevan la expresión Nunca Mais en el nombre.

Historias similares se repiten en los demás países del Cono Sur, en los que la sociedad reivindicó el derecho a nunca más ser víctima del terrorismo de Estado. “Nunca más” simboliza pues la conciencia de que la conversión de las instancias estatales en aparatos de tortura, ejecución y desapariciones no debe volver a ocurrir.

Aunque la violencia institucional no ha sido absolutamente extirpada a lo largo de los procesos de transición democrática en América Latina, los golpes de Estado y otras formas abruptas de ruptura de la legalidad ya no tienen lugar en la región, siendo la deposición de Manuel Zelaya en Honduras en el 2009 la excepción que confirma la regla.

Pero pese a la sepultura de las dictaduras, América Latina no está exenta de rebrotes autocráticos. Diferentes gobiernos han puesto en marcha mecanismos de represión de baja intensidad (criminalización de la protesta social, detenciones irregulares de miembros de la oposición, cierre arbitrario de medios de comunicación, etc.) visualmente más sutiles y moralmente menos chocantes que las formas tradicionales de represión empleadas en la era de las dictaduras militares.

Entre las causas discretas de desnaturalización de la democracia, hay una particularmente dañina por su capacidad de adherirse a los más variados tintes ideológicos. Desde México hasta Chile, pasando por Honduras, Guatemala, Venezuela y Brasil, los escándalos de corrupción se han agudizado a tal punto que la indignación social se ha manifestado sea en la apatía generalizada hacia los procesos electorales o en protestas multitudinarias.

Aún no está claro si dicha combinación se limitará a una catarsis colectiva o si promoverá cambios en las condiciones estructurales de la corrupción. En el ámbito doméstico, la incertidumbre se alimenta del hecho de que los principales partidos políticos se encuentran involucrados en escándalos de corrupción. En el ámbito supranacional, la incerteza de si la corrupción puede ser eliminada de los procesos políticos se fortalece con la camaradería intergubernamental.

Un ejemplo de esa camaradería tuvo lugar en la Asamblea General de la OEA de junio de 2015, en la que se aprobó la Resolución AG/doc.5504/15, propuesta por Argentina, cuyo literal 5º dice “[a]poyar al Gobierno de Guatemala en la consolidación de la democracia y en su lucha frontal contra la impunidad.” Se trata de una clara contraofensiva de los gobiernos de la región a la posibilidad de que la ciudadanía haga caer gabinetes, partidos políticos y presidentes/as de moralidad corroída, como es el caso de Otto Pérez Molina. No es la primera ni probablemente será la última vez que los foros intergubernamentales de la región se prestan al corporativismo diplomático, en perjuicio de una ciudadanía indignada frente a la conversión de órganos estatales en aparatos delictivos.

La intensificación de las protestas en Guatemala y el impacto casi insignificante de la resolución de la OEA en la cuerda floja en la que camina Pérez Molina son sintomáticos de lo que parece significar una nueva era en la democracia latinoamericana: las urnas confieren el poder, pero las plazas y avenidas son capaces de quitárselo. A juzgar por la persistencia de las protestas en Guatemala y otros países de la región, todo indica que la corrupción ha chocado la conciencia latinoamericana al grado de merecer el rótulo de ¡nunca más!

Daniel Cerqueira es abogado, oficial de programa sénior de la Fundación para el Debido Proceso. Twitter: @dlcerqueira