La tortura a un hombre de 62 años muestra la brutalidad policial en Brasil
Cuatro agentes invadieron la casa de la víctima y la torturaron y robaron pensando que era un traficante
Era casi la medianoche del 14 de junio cuando cuatro policías militares derribaron la puerta de Don Elias*, de 62 años, vecino del municipio de Dias D'Ávila, a 57 kilómetros del centro de Salvador de Bahía. Al susto inicial le siguió una sesión de más de hora y media de tortura en la que los agentes llegaron a introducir un palo de escoba en el ano de la víctima, como demostraron los informes médicos del caso. Los policías, que habían obtenido la dirección tras, presuntamente, torturar a un consumidor de drogas, creyeron que Elias era el narcotraficante que buscaban. Pero los agentes no querían arrestarlo, querían dinero. Extorsionaron al anciano y robaron el poco dinero que tenía, 200 reales en billetes y 200 en monedas (un total de aproximadamente 100 euros).
Elias no se cansaba de repetir que era un trabajador y que no había participado en ningún delito, pero, aún así, le vendaron los ojos y se lo llevaron en un coche patrulla a otros lugares donde lo sometieron a nuevas agresiones y amenazas, como la de quemarlo vivo con gasolina. Todo indicaba que los policías iban a deshacerse de Don Elias en lo que se llama en la jerga policial "punto de desove", un vertedero probablemente, pero al final dejaron al anciano en casa. Los agentes, un teniente y tres soldados, se dieron cuenta de que no era la persona a la que estaban buscando.
Don Elias, en un inusual acto de coraje, denunció a sus agresores al órgano disciplinario de la Policía Militar del Estado de Bahía, que abrió una investigación y acabó pidiendo la detención de los acusados. Los médicos que examinaron a la víctima certificaron heridas en los puños, en los hombros, en la mandíbula, en las rodillas, una perforación sangrante en la región del ano y fisuras en el esfínter. El relato detallado en este reportaje forma parte del proceso que llevó al juez militar Paulo Roberto Santos a decretar la prisión preventiva de los policías, acusados de los crímenes de amenazas, robo con violencia y extorsión. "Los indicios de la autoría emergen con claridad solar", escribió el magistrado en su decisión.
El análisis del GPS del coche patrulla constató que el vehículo se encontraba en la casa de la víctima y los investigadores no obtuvieron una justificación oficial de la visita a esa dirección. El relato de las atrocidades sufridas por Don Elias fue tan contundente y detallado que el juez no tuvo dudas al firmar la orden de detención, la semana pasada, del teniente Isaias de Jesus Neves y de los soldados Marcos Silva Barbosa, Alexandro Andrade das Neves y Carlos Eduardo de Sousa Torres, de la 36ª Compañía Independiente de la Policía Militar de Dias D'Ávila.
El magistrado dijo que la prisión preventiva, considerada una medida "extrema y excepcional", es "de extrema necesidad" para la investigación criminal, para proteger la libertad de los testigos y garantizar el orden público, ya que el modo como los policías practicaron los delitos "demostró su peligrosidad". "Sin sombra de dudas, el orden público está seriamente comprometido en el caso en discusión, pues conductas tan infames, en teoría, fueron practicadas por policías militares, precisamente los agentes encargados por ley de preservar el orden público y garantizar la paz social", escribe el juez en la decisión que acusa a los policías de asumir el papel de "verdugos". El juez denegó la solicitud, por parte de los acusados, de hábeas corpus, mecanismo legal cuyo objetivo es evitar las detenciones arbitrarias.
La Secretaría de Seguridad Pública calificó el episodio, cuando fue cuestionada por este periódico, como un "caso de agresiones", condenó el hecho e informó de que, en paralelo al proceso penal, se abrirá un proceso administrativo para decidir sobre la permanencia en la corporación de los agentes implicados.
Este no es el primer caso que avergüenza a la policía bahiana este año. En la víspera del Carnaval, nueve policías militares ejecutaron a 12 personas en el barrio de Cabula, en Salvador. El caso movilizó familiares, activistas nacionales e internacionales y fue un problema para el gobernador Rui Costa, del Partido de los Trabajadores, hostilizado por sus correligionarios por apoyar a la cúpula de la Polícia Militar en el episodio. La Justicia, sin embargo, en una decisión inusualmente rápida para los padrones brasileños, absolvió a los policías.
* El nombre de la víctima es ficticio para proteger su privacidad e integridad.
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