El Gobierno británico amenaza a quien ampare a los sin papeles

Las empresas del Reino Unido que den trabajo a indocumentados serán golpeadas “con toda la fuerza de la maquinaria del Gobierno”, ha sido la última amenaza de la administración de David Cameron en su cruzada contra la inmigración ilegal. El anuncio, este lunes, de una inminente campaña de inspecciones en los sectores más proclives a emplear a los “sin papeles” coincidió en el tiempo con un alud de críticas al jefe de la diplomacia británica, Philip Hammond, por declarar que los inmigrantes procedentes de África encarnan un riesgo para la estructura social de los países europeos.

“Alarmista”, “deshumanizante” y “basado en el prejuicio y la hostilidad” son algunos de los calificativos que la oposición laborista dedicó al lenguaje de Hammond, y que entronca con unas recientes declaraciones del propio primer ministro definiendo de “plaga” al alud de inmigrantes hacinados en el puerto francés de Calais con el propósito de entrar clandestinamente en territorio británico. Su titular de Exteriores subrayó, en el transcurso de una visita a Singapur que, a raíz de “la brecha entre el nivel de vida en Europa y África, siempre habrá millones de africanos que intentan llegar a los países europeos por motivos económicos” y que las leyes comunitarias son demasiado laxas con aquellos que lo consiguen.

Cameron sigue endureciendo su discurso, a base de ir desvelando a lo largo del verano los detalles de la nueva ley de inmigración que pretende tramitar en cuanto se reanuden las sesiones en el Parlamento y que, entre otros, convertirá en delito (punible con penas de prisión) la contratación de “sin papeles”. Especialmente las compañías del ramo de la construcción y los negocios de atención domiciliaria y de servicios de limpieza van a ser objeto de minuciosas inspecciones a partir del otoño, confirmó este lunes el secretario de Estado para la Inmigración, James Brokenshire, “porque la experiencia nos dice que estos sectores son proclives a quebrantar las normas del empleo y pagar con ello menos impuestos”.

El alto funcionario aseguró que el Gobierno conservador británico utilizará todos los medios posibles “para acabar con la ventaja injusta de la que disfrutan aquellos que ofrecen trabajo a los ilegales” y, con ello, “están negando el empleo a los ciudadanos británicos y a los trabajadores legales”. La amenaza de sanciones contra los caseros que alquilen una vivienda a quienes no pueden demostrar su derecho de residencia, y que contemplarán desde multas hasta la pena de cinco años de prisión, es otra de las medidas draconianas incluidas en el proyecto de ley, para cuya aprobación Cameron cuenta con la mayoría absoluta de los conservadores.