El Senado ruso exige investigar a 12 ONG internacionales

El Consejo de la Federación o Senado ruso ha pedido este miércoles a la fiscalía y a los ministerios de Exteriores y de Justicia que comprueben si las actividades de 12 organizaciones no gubernamentales extranjeras cumplen con la legislación nacional o no. Esto significa que la fiscalía deberá investigar a las ONG y dictaminar si procede o no declararlas indeseables, de acuerdo con la nueva ley promulgada a fines de mayo pasado. En caso de dictaminar que sus actividades son "antirrusas", como consideran los parlamentarios, esas organizaciones serán clausuradas y sus dirigentes y colaboradores, multados; en caso de reincidencia, pueden afrontar condenas de prisión.

La llamada stop-list patriótica preparada por los senadores incluye siete ONG relacionadas con Estados Unidos, tres con Ucrania y dos con Polonia. La más famosa de ellas es seguramente la fundación Soros Open Society (Sociedad Abierta) y en la lista figuran asimismo la Freedom House, la Fundación MacArthur, la Charles Stewart Mott, la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy), el Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata para los Asuntos Internacionales, la Fundación Educación para la Democracia (Polonia), el Centro Democrático de Europa del Este, el Congreso Mundial de Ucranios, el Consejo Coordinador Ucranio Mundial y la Misión Crimea para los Derechos Humanos.

Los parlamentarios rusos consideran que el objetivo de esas organizaciones es influir en la política interna del país, preparando el terreno para una de las "revoluciones de colores" como las que en su tiempo tuvieron lugar en Georgia o Ucrania. Ello permite hablar de "una agresión suave" contra Rusia y su pueblo. Por eso, según los senadores, es necesario "informar oportunamente a la sociedad de los riesgos que surgen de tener relaciones con ellas" y "monitorear la eficacia de los mecanismos legales vigentes". Las organizaciones incluidas en la lista son claramente "antirrusas", según la Cámara alta, por lo que propone que sus actividades sean calificadas como "indeseables" de acuerdo con la legislación rusa.

Valentina Matviyenko, presidenta del Consejo de la Federación, aseguró que "la lista no es definitiva y que debe servir de advertencia" a las otras ONG que ahora no figuran en ella pero que en el futuro pueden pasar a formar parte de ella. "Conocemos las actividades de estas organizaciones, que tienen un carácter marcadamente político y están dirigidas contra nuestro país", señaló Matviyenko al comentar la lista.

Konstantín Kosachov, jefe del comité de Exteriores del Senado, había dicho antes que la stop-list patriótica es abierta y que en ella podrán ser incluidas nuevas ONG extranjeras. Algunas "serán agregadas y otras eliminadas después de que demuestren que sus actividades no contradicen a la ley y no son dañinas para Rusia y sus ciudadanos", explicó Kosachov.

Activistas de derechos humanos se han mostrado contrarios a esta iniciativa senatorial y algunos pertenecientes a las ONG implicadas la han calificado de contraproducente. Así, Andrei Yúrov, coordinador de la Misión Crimea, comentó que ellos no ofrecían valoraciones políticas en sus informes, los cuales eran utilizados tanto por el Consejo para los Derechos Humanos (CDH) adjunto al presidente Putin como por la Defensora del Pueblo de Rusia, Ela Panfílova, y la de Crimea, Ludmila Lúbina. Ahora, dijo Yúrov al diario Kommersant, el Kremlin no podrá decir que los defensores de derechos humanos pueden trabajar libremente en la península, y añadió que la lista dañará la reputación de Rusia.

Mijaíl Fedótov, presidente del CDH, la considera "completamente innecesaria" y dice no comprender qué daño a la seguridad estatal puede hacer, por ejemplo, la Misión Crimea. "Si una organización extranjera no es deseable, para ello está la ley sobre las ONG, que permite impedirle que trabaje en Rusia. Y si una persona realiza actividades que dañan al Estado, para esto está el Código Penal", manifestó Fedótov.

Yan Rachinsnki, de la organización Memorial, opinó por su parte que lo que realmente amenaza al orden constitucional son los intentos de resolver estas cuestiones "extrajudicialmente". "Declarar culpable a una organización sin concretar su presunta culpa ni presentar una acusación es, en esencia, volver a los tiempos de las persecuciones sin juicio. De momento, esto no tiene consecuencias trágicas, pero las perspectivas son preocupantes. Ver la fuente de los problemas en los enemigos extrenos es un antiguo mal nacional", dijo Rachinski.