El Parlamento allana el espionaje a extranjeros de visita en Francia

La polémica ley de servicios secretos que debate el Parlamento en Francia ha incluido una cláusula para facilitar el espionaje a los extranjeros de paso por el país. Bastará el permiso del primer ministro para que los agentes puedan colocar micrófonos, extraer a distancia los datos de móviles u ordenadores o colocar balizas de seguimiento en sus coches. Diplomáticos, políticos y altos cargos en visita oficial o periodistas podrían ser espiados por esta vía.

La norma ha sido introducida en el proyecto de ley mediante una enmienda en un momento tan crítico como inusual en su tramitación. Votado ya favorablemente en la Asamblea Nacional, el Senado introdujo varias enmiendas. Por eso, y de acuerdo con las normas parlamentarias francesas, una comisión mixta de ambas cámaras se reunió para consensuar el texto antes de una nueva votación los próximos días en ambas cámaras.

Fue esa comisión la que introdujo esta semana esa nueva cláusula por iniciativa del diputado socialista Jean-Jacques Urvoas, ponente de la norma en la Asamblea Nacional. Por una ajustada votación de ocho contra siete, la enmienda fue incluida. De acuerdo con la misma, en el caso de extranjeros bastará con la autorización del jefe del Gobierno para que cualquier extranjero no residente en Francia pueda ser espiado.

La ya polémica ley se salta ahora un control de una comisión parlamentaria exigido para los franceses que son espiados

La ley señala que, como norma general, la solicitud para espiar a una persona debe ser analizada en primer lugar por una Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información (dos diputados, dos senadores, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un experto informático). Si no ve inconvenientes, la remite al primer ministro, que es quien tiene la última palabra para autorizar o denegar.

La enmienda añadida el pasado día 17 señala textualmente en el artículo L 821.1: En el caso de "la puesta en marcha en territorio nacional de una técnica de información (espionaje) que no afecte a un francés o a una persona residente habitualmente en territorio francés, la autorización es concedida por el primer ministro, sin la opinión previa de la Comisión Nacional de Técnicas de Información". Esos espionajes podrán ser solicitados por los ministros de Defensa, Interior, Economía o Finanzas.

La vía para autorizar el espionaje a ciudadanos es ya duramente criticada por asociaciones de derechos humanos o la izquierda radical, que tachan de la ley de “liberticida”. Incluso la Comisión Europea o el Defensor de Derechos francés han expresado sus reservas. Ahora, las facilidades para espiar a extranjeros levantan nuevas alarmas. La distinción entre nacionales y extranjeros, según el diputado Urvoas, es constitucional. Quienes votaron en contra de la misma opinan o contrario.

El Ministerio del Interior y el Gobierno en su conjunto, señala el diario Le Monde, son contrarios a esa nueva cláusula que, según el diario, ha sido incluida a sugerencia o petición de los servicios secretos. En los trámites que aún restan para la definitiva aprobación de la ley, el Ejecutivo tendrá que emplear una vía extraordinaria si desea eliminar la enmienda.

Lay ley legaliza las prácticas de espionaje no solo en caso de lucha antiterrorista o de seguridad, sino también para proteger los intereses estratégicos y empresariales de Francia. El texto autoriza la recolección masiva de datos entre los ciudadanos a partir de sus teléfonos y ordenadores, así como la captación de información de los aparatos electrónicos de los sospechosos y de quienes se encuentren en las proximidades.