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Valls aprueba de nuevo por decreto la ley liberalizadora de la economía

La división entre los socialistas estalla al impedir el Gobierno que el Parlamento vote

Carlos Yárnoz
Manuel Valls, en la asamblea francesa.
Manuel Valls, en la asamblea francesa.K. TRIBOUILLARD (AFP)

Manuel Valls, primer ministro francés, ha echado mano de nuevo del arma nuclear constitucional que le permite aprobar una ley sin que la vote el Parlamento. Con su golpe de autoridad, ha puesto de relieve una vez más la profunda división entre los socialistas. La polémica ley de liberalización de la economía, conocida como Ley Macron, entrará en vigor por esa vía rápida en julio ante el peligro de no contar con suficientes apoyos debido al rechazo de varias decenas de diputados socialistas rebeldes.

El jefe del Gobierno ya empleó el mismo método el pasado febrero por idénticas razones  en el primer debate del texto en la Asamblea Nacional. Ahora, su decisión reviste especial significado por dos razones. La ley ha incluido en un tiempo récord la semana pasada los límites para indemnizar a trabajadores despedidos, un hecho que ha enervado a los rebeldes. Y, en segundo lugar, Valls interviene así solo nueve días después de que el Partido Socialista escenificara en su Congreso de Poitiers una ficticia unidad en sus filas.

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Con más de la mitad de la Asamblea vacía, por el boicoteo de todos los partidos de la oposición, Valls ha explicado que esa ley es “esencial” para Francia. “No nos podemos permitir un fracaso. Debemos acelerar el ritmo de las reformas”. Para el primer ministro, el país “es víctima de bloqueos” que frenan su actividad y la creación de empleo. Horas antes de la sesión parlamentaria, Valls había argumentado que su gesto no es un golpe de autoridad, sino de “eficacia a favor de la economía y de las empresas”.

El jefe del Gobierno ha recordado que, desde que el proyecto de ley llegó al Parlamento en enero, el texto ha sido debatido durante 437 horas y que se han incorporado al mismo más de 2.000 enmiendas. “Los franceses nos piden ahora actuar”.

Los diputados socialistas rebeldes han vuelto a mostrar su hostilidad hacia Valls. “Se aleja de la izquierda”, dice Christian Paul, el diputado que encabezó una corriente alternativa minoritaria en el Congreso.

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Más duros han sido los parlamentarios del principal partido de la oposición, Los Republicanos de Nicolas Sarkozy. “El texto será adoptado sin ningún respeto a la democracia”, ha dicho Gérard Cherpion, secretario general de Empleo del partido. Durante el quinquenio de Sarkozy (2007-2012), no se utilizó nunca ese procedimiento extraordinario, que se ha activado 83 veces durante la V República, nacida en 1958.

La oposición dispone ahora de 24 horas para presentar una moción de censura contra el primer ministro. Ya han anunciado que lo harán este mismo martes. Será votada de inmediato. Es el mismo proceso seguido en febrero, cuando la moción obtuvo 234 votos, lejos de los 289 para la requerida mayoría absoluta. Los socialistas tienen 288 escaños. Los Republicanos, 198. Solo si la moción saliera adelante, algo muy improbable porque no lo apoyará ningún socialista, quedaría anulado el decreto de Valls.

Con el paso dado este martes por Valls, decaen cientos de enmiendas presentadas por la oposición. Por procedimiento de urgencia, por el contrario, se han añadido otras propuestas por el Gobierno, como el límite a las indemnizaciones por despido: 12 mensualidades, 20 o 27, en empresas con plantillas de menos de 20 asalariados, entre 20 y 300 y más de 300, respectivamente.

La Ley Macron, así denominada porque su autor es el ministro Enmanuel Macron, titular de Economía, prevé ampliar de 5 a 12 los domingos de apertura de comercios (o todos en zonas turísticas), facilitar la creación de empresas de autocares, abrir a la competencia las profesiones reguladas como notarios, mejorar la fiscalidad de inversiones de empleados en sus empresas, ampliar la cobertura de Internet a toda Francia o agilizar la concesión de permisos de conducir.

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Sobre la firma

Carlos Yárnoz
Llegó a EL PAÍS en 1983 y ha sido jefe de Política, subdirector, corresponsal en Bruselas y París y Defensor del lector entre 2019 y 2023. El periodismo y Europa son sus prioridades. Como es periodista, siempre ha defendido a los lectores.

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