La última frontera

Cuando los rusos plantaron su bandera bajo el Polo Norte en agosto de 2007, muchos pensaron que la lucha entre los Estados por los seguros y abundantes recursos de hidrocarburos del Ártico había comenzado. El argumento, repetido sobre todo en los medios de comunicación, es que, ahora que el cambio climático está derritiendo estas zonas heladas antes inaccesibles a la explotación de los recursos naturales, y habiendo abundancia de estos (de los hidrocarburos que están por descubrir, el 13% del petróleo y el 30 % del gas, en su mayoría en las zonas de mar adentro), los Estados están recurriendo a la clásica política del poder para determinar quién llegará antes a los recursos. Al principio, entre los expertos también se aceptaba este argumento, pero solo durante un par de años tras la colocación de la bandera.

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El motivo por el que desecharon esta explicación es doble. Los Estados bañados por el océano Ártico se reunieron en Groenlandia en mayo de 2008 y publicaron la llamada Declaración de Ilulissat, en la que sostenían, por ejemplo, que “... el derecho marítimo establece importantes derechos y obligaciones relacionados con la delineación de los límites exteriores de la plataforma continental... Seguimos estando decididos a respetar este marco legal y a resolver ordenadamente las posibles superposiciones de las zonas reclamadas”. En segundo lugar, los Estados de la costa ártica —sin contar Estados Unidos, que no forma parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés), pero acepta que la UNCLOS es la expresión de un derecho marítimo de obligado cumplimiento— empezaron a preparar sus propuestas para la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS, por sus siglas en inglés) basándose en la Convención. Parecía evidente que si la carrera por los recursos no explicaba estas peticiones relativas a la plataforma continental, había que buscar la explicación en la UNCLOS.

La UNCLOS se negoció a lo largo de un periodo prolongado —de 1974 a 1982— como un acuerdo global, en el sentido de que no permitía aceptar la Convención con reservas y contenía un complejo mecanismo de resolución de controversias en su Parte XV. Sirvió para que diversas agrupaciones de Estados con intereses divergentes respecto al lecho marino llegasen a un acuerdo. La UNCLOS logró definir el límite exterior de la plataforma continental con más claridad que su predecesora de 1958 y consiguió que el lecho oceánico pasase a considerarse parte del patrimonio común de la humanidad y estuviese gobernado por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISBA, por sus siglas en inglés). Aunque durante las negociaciones los Estados con márgenes continentales extensos pudieron ampliar el límite exterior de la plataforma continental para cubrir todo el margen continental geofísico, también tuvieron que hacer concesiones. Por ejemplo, se vieron obligados a aceptar la norma que les exigía demostrar científicamente cuál era el área de su plataforma continental ante los 21 miembros de la CLCS.

¿Podemos, por tanto, esperar más dificultades ahora que nos enfrentamos a un empeoramiento cada vez más grave de la relación entre Rusia y Occidente por culpa del conflicto ucranio? ¿Pueden estas tensiones internacionales generales influir en los posibles conflictos relacionados con las reivindicaciones sobre la plataforma continental del océano Ártico? No podemos descartarlo. Parece estar confirmado el hecho de que las consideraciones políticas afectan al modo en que los Estados de la zona tratan de sacar adelante sus planes sobre el Ártico.

Según The Globe and Mail, el principal periódico canadiense, el primer ministro Harper ha detenido la preparación de la propuesta canadiense relativa al océano Ártico central porque la petición no incluía el Polo Norte. Harper es conocido por sus inflexibles políticas sobre el Ártico, que han sido uno de los factores de su éxito político. Llama a la reflexión la duda de si las elecciones de este año han sido uno de los motivos por los que Harper ha detenido el proceso de preparación de la propuesta. Además, la Federación Rusa considera que es una cuestión de prestigio nacional que la dorsal oceánica de Lomonosov forme parte de la plataforma continental rusa, e incluso ha plantado una bandera bajo el Polo Norte en dicha cresta, ahora reclamada en parte por Dinamarca (Groenlandia). También parece claro que incluso la plataforma continental ampliada, sobre la que los Estados costeros solo tienen derechos muy restringidos, parece considerarse, en el lenguaje común, como perteneciente al territorio estatal de algunos países (aunque legalmente no lo sea). ¿Puede esto influir sobre el modo en que los Estados de la costa ártica resuelvan la superposición de las zonas reclamadas, ahora que la situación en Ucrania parece afectar a casi todas las relaciones de Rusia con Occidente?

Esto parece improbable por muchos motivos. Como ya se ha mencionado, Rusia, entre otros, se ha comprometido a resolver de forma ordenada toda posible superposición de las zonas reclamadas; también tras la anexión de Crimea (como atestigua la propuesta danesa). Además, el hecho de tener plataformas continentales tan grandes como sea posible redundaría en beneficio de todos los Estados bañados por el océano Ártico. Puesto que no parece haber muchos recursos valiosos en esas zonas superpuestas —y aunque los hubiera, todo indica que pasarían décadas hasta que la tecnología permitiese su uso comercial—, parece difícil argumentar que vayan a surgir tensiones entre los Estados de la costa ártica. Otro problema es la acumulación de trabajo de la CLCS, es decir, tal vez sea necesario esperar hasta 2020 o más tarde a que la CLCS haya podido procesar todas esas propuestas sobre el Ártico, ya que hay más de 100 peticiones procedentes de todos los rincones del planeta.

Aunque, por ejemplo, Dinamarca, Canadá y Rusia tuvieran problemas para establecer las fronteras de la zona del Polo Norte —o Dinamarca y Rusia, la frontera de la cresta de Lomonosov—, nada indica que esto vaya a generar tensiones necesariamente. Es importante recordar también en este contexto algunas de las lecciones aprendidas del pasado. Las negociaciones sobre la frontera del mar de Barents entre la Unión Soviética y luego Rusia con Noruega, su vecina de la OTAN, tardaron más de 40 años en resolverse. Incluso durante la Guerra Fría, Noruega y la Unión Soviética fueron capaces de firmar acuerdos de pesca para gestionar los recursos pesqueros de la zona reclamada por ambos países.

Por tanto, ¿cómo podría influir el empeoramiento general de las relaciones entre Rusia y las potencias occidentales en una cooperación ártica que se lleva a cabo bajo los auspicios del Consejo Ártico principalmente, pero que también compete a los propios Estados de la costa ártica en lo tocante a la pesca? Aunque la cooperación ártica parezca ser uno de los últimos foros intergubernamentales en los que Rusia todavía sigue cooperando con sus homólogos occidentales, la falta de confianza cada vez mayor ya ha influido en lo que se puede esperar de la cooperación del Consejo Ártico. Si el conflicto de Ucrania se agrava, parece difícil que la cooperación no se vea afectada. En el peor de los casos, Rusia podría incluso retirarse del Consejo Ártico, lo que, en la práctica, supondría el fin de la colaboración entre vecinos. Es importante recordar que Rusia representa la mitad del Ártico, por lo que seguir adelante con la política os acuerdos en esas condiciones sería poco realista. No obstante, resulta significativo que la cooperación ártica siga manteniéndose en un momento en el que las relaciones entre Rusia y las potencias occidentales son extremadamente difíciles. 

Timo Koivurova es catedrático investigador y director del Instituto del Norte para el Derecho Medioambiental y de las Minorías, Centro Ártico, Universidad de Laponia.

Traducción de News Clips.